La Junta de Extremadura ha convocado al Consejo Asesor Agrario, máximo órgano de representación del campo extremeño, para planificar la próxima campaña de riego ante el escenario de sequía que sufre la cuenca del Guadiana. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Juan Antonio González, ha mostrado su preocupación por este tema, que se ha puesto sobre la mesa en la reunión semanal del Consejo de Gobierno: si no llueve en febrero y marzo habrá que aplicar restricciones. “No hay recursos suficientes para satisfacer toda la demanda agraria”, ha reconocido.
Según ha explicado González, la Consejería de Agricultura ya está trabajando con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y si bien la mayoría de las competencias en este ámbito las ostenta el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (es quien puede convocar la Mesa de la Sequía que desde hace semanas vienen demandando las Opas), ya está planificando “posibles acciones y decisiones” que se darán a conocer al Consejo Agrario.
La reunión se ha fijado para este lunes 7 de febrero y en ella participarán las organizaciones agrarias con representación: Apag Extremadura, Asaja y UPA-UCE. “Es importante hablar para que nos vayamos planificando y anticipando, para intentar que haya diálogo, consenso y coordinación con todos los que están afectados”, ha señalado González, que recuerda que ya en el año 1995 Extremadura vivió una situación similar.
Medidas urgentes
Desde hace semanas las organizaciones agrarias vienen reclamando a la CHG medidas urgentes ante la fuerte sequía que registra la cuenca y que pone en peligro la campaña de regadío de este año.
Según datos de La Unión, los pantanos de la cuenca del Guadiana tienen un volumen de agua disponible para riego de 475,71 hectómetros cúbicos a fecha del 10 de enero de 2022, lo que supone el 36,79% del volumen de concesión de una campaña normal.
Tras el tanteo previo de reparto de agua que ofrece la CHG para 2022, la zona «más perjudicada», según UPA-UCE, es la del Canal de Orellana, donde los usuarios de las cuatro comunidades que la integran deberán hacer frente a esta temporada con tan solo el 20% de los 467 hectómetros cúbicos totales concedidos. Ahí se concentran 60.000 hectáreas de regadío y más de 6.000 agricultores.
Las Opas piden que se convoque la Mesa de la Sequía para que se aprueben los criterios de reparto de agua, ayudas económicas a los agricultores afectados por no poder regar ante la falta de agua, apoyo a entidades asociativas agrarias por la falta de actividad como consecuencia de la escasez de agua para riego, permiso de riego de pozos en aquellas parcelas que existan y exención de impuestos a los agricultores y superficies afectadas por la sequía.
