Nueva vuelta de tuerca al conflicto judicial por la construcción del complejo residencial y turístico Marina Isla de Valdecañas en un terreno protegido de los términos de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), a apenas dos horas de Madrid. Casi 15 años después de que dos organizaciones ecologistas iniciaran la pugna ante la justicia y cuando parecía que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ya había dado con la solución definitiva, un derribo solo parcial del resort, el Tribunal Supremo contradice la decisión final tomada por el TSJEx y vuelve a dar la razón a Ecologistas en Acción (Adenex abandonó la causa en 2020) en su tesis inicial: hay que demoler todo el complejo cacereño. Son 185 chalés (algunos en manos de grandes fortunas del país), un hotel de cuatro estrellas, un recinto hípico, un club social, una marina con más de 70 amarres, un campo de golf, una playa artificial, piscinas, varias pistas deportivas... todo rodeado por las aguas del embalse de Valdecañas.
Esto es lo que ha ordenado hoy el alto tribunal, aunque aún no se ha hecho pública a las partes la sentencia, solo su sentido. Un varapalo para los propietarios de las viviendas, para la promotora (Marina Isla de Valdecañas SA) y para la Junta, que permitió la iniciativa empresarial y podría enfrentarse no solo a costear un derribo total valorado en más de 33 millones de euros, sino también a cuantiosas indemnizaciones (más de 110 millones) para compensar a los dueños de las propiedades.
Recurso de Ecologistas en Acción estimado
La Sala III del Supremo, en su última decisión, ha estimado el recurso que Ecologistas en Acción presentó ante el auto que dictó el TSJEx en julio de 2020 y que parecía dar carpetazo al largo conflicto. Este órgano ordenó entonces, después de que la Junta planteara que era imposible ejecutar el derribo total y tras un largo estudio de casi cuatro años sobre el impacto medioambiental realizado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana (órgano del CSIC), que lo mejor para todas las partes era derribar solo aquellas construcciones que no estaban terminadas y en uso dentro del complejo (medio centenar de villas y el esqueleto del que sería el segundo hotel de la isla) y también aplicar un plan de revegetación para mejorar la zona. Sin embargo, la justicia vuelve a determinar ahora que el derribo del complejo debe ser completo.
Aunque el fallo aún no se ha publicado, el Supremo parece volver a ratificar lo que ya dictó primero el TSJEx en 2011 y luego el propio Supremo en 2014, cuando declaró nulo el Proyecto de Interés Regional (PIR) que aprobó la Junta de Extremadura y que permitió la construcción del resort a pesar de estar en un terreno protegido no urbanizable incluido en la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Es más, poco después de la primera sentencia que determinaba ilegal aquel PIR, la Asamblea de Extremadura (con los votos del PSOE y del PP) modificó la Ley de Suelo para permitir la urbanización de terrenos protegidos e intentar salvar así el escollo judicial. Pero este cambio también fue posteriormente declarado inconstitucional.
Entonces, hace casi una década, ya se obligó a devolver los terrenos a su estado original, pero la Junta alegó ante la justicia la imposibilidad de ejecutar la sentencia y eso desembocó en el auto de julio del 2020 que pretendía solucionar el conflicto con un derribo parcial.
Ahora, esta nueva decisión sobre el resort de lujo llega cuando la Junta de Extremadura ya había iniciado el plan de derribo parcial y revegetación en Isla de Valdecañas tras el visto bueno del TSJEx en 2021. Para que entrara la piqueta en la isla aún faltaban meses, pero los primeros trabajos ya estaban en marcha, encargados a una empresa pública.
A pesar de la última sentencia del Supremo, el conflicto judicial no se da por cerrado casi 15 años después de iniciarse. Contra este fallo judicial conocido hoy cabe interponer todavía algún incidente de nulidad ante el propio Supremo, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional e incluso se podría recurrir al Tribunal de la Unión Europea, en Luxemburgo, algo que no descartan por ahora los propietarios «por un ataque al derecho de la propiedad».
