Hace apenas tres meses que Janette Sarro, de 41 años, vendió su piso de Talavera la Reina para emprender en su pueblo natal, El Gordo. En diciembre abrió una tienda de productos delicatessen, Capricho Gourmet, pensada especialmente para los bolsillos holgados que habitan el complejo turístico y residencial Marina Isla de Valdecañas (a menos de dos horas de Madrid) cada fin de semana. «Es una tienda de imprevistos que sin la isla no tendría sentido», admite. De hecho, abre de jueves a domingo porque es cuando hay demanda.
Su marido, Juan Carlos Domínguez, también trabaja para el resort. Llegó de Cádiz a Extremadura para la construcción del complejo y una vez terminado, se quedó y montó una empresa para el mantenimiento de las zonas comunes y la jardinería de toda la urbanización. Tiene 10 empleados, «todos de la zona».
Él viaja cada día al resort y para ello es necesario pasar por el centro de El Gordo, así que decidieron apostar fuerte por el cambio de vida en el pueblo tras pasar allí todo el confinamiento por el covid, pero especialmente tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que, en julio de 2020, sentenció que la mejor solución para cerrar el conflicto abierto hace 15 años sobre el polémico complejo era derribar parcialmente lo que no estaba en uso, frenar la segunda fase de construcción y mejorar ambientalmente la zona.
«Ya habíamos asimilado que al menos se quedaba lo que había», dice Janette. Así que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga ahora al derribo total de la urbanización ha sido un «jarro de agua fría». «Es que yo conocía eso de toda la vida y era un erial. Allí no había nada, era un vertedero de electrodomésticos y escombros, literal. Derribarlo sería una ruina para la zona y en mi casa dependemos de ese complejo. La verdad, tengo miedo», añade en el interior de su tienda.
Del 'cerro del burro' a 'la isla'
Ahora lo llaman la isla, pero ese paraje zona Zepa siempre ha sido el ‘cerro del burro’ para los vecinos de El Gordo y Berrocalejo que comparten el territorio. Surgió tras la creación del pantano, en los años 60, que anegó tierras fértiles y obligó a muchos a emigrar, recuerdan. En El Gordo ahora son 382 habitantes, una de las cifras más altas de los últimos años, ya que llegó a tener apenas 270 vecinos a principios del 2000. Y ahora temen que la población vuelva a bajar si desaparece el complejo. «La isla es una de las tres industrias que tenemos aquí y genera mucho empleo, mi hijo es jardinero allí por ejemplo. Estamos indignados, la verdad», apunta Ramona Villegas detrás de la barra de la Taberna La Fragua. Las otras dos son Cárnicas Dibe y la fábrica de explosivos Faex. Ambas emplean a más de un centenar de personas cada una. Y la isla puede generar otra centena de empleos, aunque nadie aporta datos concretos. «Hay jardineros, limpiadoras, trabajadores del campo de golf, electricistas, monitores deportivos... y está el hotel que da trabajo a mucha gente de toda la zona de Navalmoral. Es que si lo tiran se pierde empleo y nos hace mucha falta», expone Ramona.
Luego están los negocios del entorno que indirectamente también se benefician. «Yo misma, a mi bar viene gente y me hacen encargos de comida en algunas ocasiones», añade. La lavandería de Mila es otra de las beneficiadas por la isla. «Todos los martes voy a recoger ropa de cama, la preparo y la llevo los jueves», cuenta en el bar, donde ha parado a echar un refresco a media mañana. Esa actividad, dice, supone alrededor del 30% de su negocio. «Sería una vergüenza que tiraran todo eso. ¿A quién está haciendo daño?».
Un incremento de los beneficios similar han notado en la farmacia de El Gordo. «Las ventas han aumentado desde que está la isla porque siempre se necesita algo, pero este negocio tampoco se viene abajo si desaparece», señala Gema Castaño, trabajadora de la farmacia. Ella no es del pueblo, pero sí de la comarca, conoce a gente que trabaja directamente en el complejo y defiende su mantenimiento. «¿Qué pasaría con esos trabajadores si tiran la isla? Es que es más beneficioso para la zona que perjudicial».
Impuestos sobre todo para El Gordo
Luego hay otro agraciado directo del resort, el Ayuntamiento de El Gordo, que en 2021 presupuestó casi 500.000 euros solo en concepto de IBI. A este término pertenece el 67% de las 133 hectáreas (protegidas) de la isla, la zona donde se ubican el único hotel del complejo y las 185 villas en uso. «En este pueblo no teníamos de nada y ahora hay guardería gratuita, piscina, gimnasio...», dice Janette. El 33% restante es suelo de Berrocalejo, justo la zona donde se iba a levantar la segunda fase de viviendas que quedó paralizada, por lo que su consistorio solo percibe 6.200 euros anuales de IBI por las instalaciones deportivas. «También tenemos el campo de golf, pero no cobramos por ahora porque se paralizó por la sentencia», explica el alcalde de Berrocalejo, Ángel Pedro Martínez. «Pero, además, nos beneficiamos del empleo que da a toda la zona y de sus instalaciones, como la depuradora que es un bien para todos».
Los vecinos que rodean al polémico complejo cacereño, la ‘Marbella extremeña’ para algunos u otro ‘Algarrobico’ para otros, viven ya resignados a ser noticia desde hace años. Pero esta semana han sido especialmente intensas las idas y venidas de periodistas y cámaras.
En las calles de El Gordo y Berrocalejo hay gente reacia a mostrarse en público, pero no a opinar. Porque todos tienen una opinión sobre este caso. Y la mayoritaria de una mañana de un jueves cualquiera es que el complejo no debería tirarse. «Es que sería una aberración y una ruina porque da empleo a toda la zona y vida los fines de semana», insiste Ramona mientras prepara los aperitivos del día.
Ese es el primer mensaje colectivo, aunque cada uno luego tienes sus razones: desde la incertidumbre de perder un puesto de trabajo directo hasta la de tener que afrontar indemnizaciones millonarias (más de 110 millones solo para los propietarios de los chalés, cuantificó el TSJEx) que con toda probabilidad acabarían saliendo de las arcas públicas, es decir, del bolsillo de todos los extremeños. «Es una ruina para toda la región, esto no se puede tirar si no lo vamos a pasar mal en esta tierra».
«Errores desde el principio»
Pese al deseo de futuro, son mayoría también los que reconocen que las cosas no se hicieron de forma correcta en el pasado. «No se ha hecho bien desde el principio. Ahí ha habido errores, pero ahora ya el perjuicio de tirarlo es mucho mayor». Quizás se otorgó una protección especial a una zona que no lo merecía. «Si allí lo que plantaron después del pantano fueron eucaliptos que es el peor árbol que hay, fíjese», dice Rufino, de 70 años y jubilado después de trabajar seis años en el mantenimiento del campo de golf del complejo. Cuenta que él iba al ‘cerro del burro’ con ganado, pero «no había nada, no se podía ni cazar. Ahora sí se ven animales y está todo cuidado».
Quizás el error fue la tramitación que hizo la Junta para ejecutar el proyecto, dicen unos. O quizás fue no parar las obras en sus inicios como solicitaron los ecologistas ante la justicia, que les impuso una fianza de 41 millones para frenar la construcción: «a ver quién pagaba ese dineral», dicen otros. Y también hay quienes apuntan a los ecologistas, por pensar más en las aves que en las personas. «Es que esto parece ya una lucha moral», añade Janette.
Pero hasta quienes no obtienen ningún beneficio directo del complejo, como la mayoría de los vecinos de Berrocalejo (de apenas un centenar de habitantes) prefieren que ya no se toque lo que está en marcha. «De aquí dicen que solo hay una persona trabajando y de la gente de la isla solo vienen algunos a la iglesia el domingo y se van, pero ahora sería más peor el derribo; va a costar más el remedio que la enfermedad», dice Julián Prudencio en el bar Peñaflor de Berrocalejo.
Allí coinciden otros vecinos temporales del pueblo, como José María y Mari Carmen con opiniones parecidas: «ya que está hecho, lo lógico es que se mantenga, pero desde luego aquí en este pueblo no ha dejado los beneficios que se esperaban al principio», anotan. Lo que sí les molesta es que se les impida la entrada al complejo «cuando las calles, digo yo, que serán públicas». La prensa, desde luego, tampoco ha podido acceder estos días al interior de la urbanización, aunque sí lo ha hecho en otras ocasiones. Quizás ahora sea por la presión de esta última sentencia del Supremo que nadie ya esperaba que insistiera en el derribo total y que tiene a Extremadura en boca de todo el país. Y no solo por el conflicto urbanístico, sino porque muchos de los propietarios que adquirieron las casas, valoradas en unos 500.000 euros, son algunas de las fortunas más conocidas del país, como el sobrino del rey emérito, Beltrán Gómez Acebo, o un hijo del expresidente Aznar, entre otros. «Vienen famosos y eso atrae a gente, yo no veo bien que lo tiren, ¿qué va a ser de los jóvenes?», cuestiona Emilio Barroso, a las puertas del bar.
«En todo este tema veo también un tufo rancio porque es gente pudiente, pero eso es un debate trasnochado. El que tenga dinero que lo disfrute como quiera. Yo disfruto pescando en el embalse de Valdecañas, viendo grullas y águilas y a veces voy al hotel a tomar un café», dice Ángel Luis, vecino de Calzada de Oropesa (primer pueblo de Castilla-La Mancha) mientras espera que alguno de los peces que saltan a lo lejos muerda su anzuelo. «Parece que hoy no tienen hambre». Habrá que seguir esperando.
