El Supremo no aprecia motivos para no demoler todo el complejo Isla Valdecañas

El sentido del fallo del Supremo ya se hizo público la semana pasada, pero hasta este martes no se ha dado traslado a las partes de la redacción de la sentencia. En esta, los cinco magistrados firmantes de la Sección Quinta del TS detallan que la cuestión a la que se enfrentaban era determinar si cabía apreciar imposibilidad material de ejecución de las sentencias de derribo (de 2011 del TSJEx y refrendada en 2014 por el Supremo) de todo lo construido cuando se verían seriamente afectados intereses de carácter económico o de otra índole, siempre que quedara debidamente garantizada la integridad ambiental. 

Planteado el punto de partida, el Supremo recuerda en este caso que ha de partirse de la obligación constitucional de cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los jueces y tribunales. Y su respuesta es que no es imposible ejecutar el derribo total. Y tira de los fallos anteriores para argumentar sus exposiciones. El derribo total del complejo ya lo determinó el TSJEx en 2011 y el Supremo en 2014, que declararon nulo el Proyecto de Interés Regional (PIR) que abrió el camino al desarrollo del complejo turístico y residencial junto al embalse de Valdecañas. El alto tribunal también alude a una sentencia posterior del Constitucional que declaró nulo e inconstitucional los cambios introducidos en la Ley de Suelo extremeña para homologar la urbanización cuando ya pesaba una orden de derribo sobre ella. «Los terrenos Red Natura 2000 deben quedar preservados de la transformación urbanística; esto es, han de permanecer en situación de suelo rural excluido del proceso de urbanización».

Con estos antecedentes, el Tribunal Supremo entiende que la seguridad jurídica respecto a los pronunciamientos judiciales anteriores no puede primarse a la conveniencia de atender a otros intereses. Y una vez estudiados los argumentos de todas las partes, el veredicto del Supremo es que «no se aprecia la concurrencia de causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecución de las sentencias de 9 de marzo de 2011 en relación a las actuaciones de transformación urbanística ya construidas y en funcionamiento», indica el fallo textualmente. Rechaza así tres de los argumentos principales esgrimidos por el TSJEx para rechazar la demolición completa. 

¿Afección ambiental?

Por un lado, se argumentaba que el complejo actual no produce una afección al medioambiente, a lo que el Supremo dice que los terrenos integrados en la Red Natura 2000 deben quedar preservados de la transformación urbanística y una actuación urbanística de transformación lo que persigue «no es preservar sino cambiar el destino de los suelos». «La urbanización implica una grave alteración y supone una reducción de facto de la superficie protegida», dicta. A esto añade que con ello se consolidaría una transformación urbanística «cuya ilegalidad afecta a intereses públicos tan relevantes como la ordenación urbanística y la protección del medioambiente».

Beneficios en El Gordo y Berrocalejo

Otro de los efectos que esgrime el TSJEx para dictar la imposibilidad del derribo total es el impacto socioeconómico que tendría en los municipios de El Gordo y Berrocalejo. A esto el Supremo recuerda que el TSJEx hace referencia a dos informes «contradictorios» y valorando los mismos viene a reconocer el «limitado impacto que tendría la ejecución en cuanto a la generación de empleo y se refiere genéricamente al mantenimiento de población en los municipios cercanos asociados al turismo que genera la urbanización. Beneficios que difícilmente pueden imponerse y considerarse desproporcionadamente de mayor alcance que la realización de los intereses públicos tutelados y comprometidos, como son la ordenación urbanística y la protección del medioambiente, que resultarían definitivamente lesionados al mantenerse y consolidarse la transformación anulada», dice el TS.

El alto tribunal añade, además, que las iniciativas para el desarrollo de una actividad eco-turística siempre son bien recibidas, pero no han de ser «a costa de que se vean afectados intereses que el propio legislador autonómico ha considerado de mayor relevancia, como es la planificación del territorio en protección de intereses también de mayor protección, como es el medio ambiente».

Perjuicios económicos para la hacienda pública

Y tampoco aprecia el Tribunal Supremo causa de imposibilidad de derribo total los graves perjuicios económicos que tendría para la hacienda pública extremeña. Casi 145 millones es la cifra que recoge la sentencia: 33,9 millones sería el coste de demolición y 111 millones por las posibles indemnizaciones a favor de los propietarios de las viviendas, aunque no existen datos para indicar la cantidad que también debería percibir el gestor del hotel. Pero esta cantidad no es una razón suficiente para el Supremo, que recuerda que «la administración al aprobar el PIR actuó como si la protección del terreno no existiera y decidió transformar urbanísticamente el suelo como si de suelo sin protección alguna se tratara, adoptando una decisión fuera del orden o común modo de obrar». Le reprocha a la Junta de Extremadura que debería ser la primera garante del ordenamiento medioambiental y urbanístico y por ello «la responsabilidad económico que pueda resultar para la administración en este caso, lejos de resultar desproporcionada, se corresponde con el alcance de su responsabilidad por la transformación urbanística declarada ilegal y cuya reparación se trata de obtener mediante la ejecución en sus propios términos de las correspondientes sentencias», sentencia.

Los siguientes pasos

El fallo del Supremo también señala que atendiendo así a lo que pedía Ecologistas en Acción se debe analizar si le correspondería una indemnización como planteaba el TSJEx (500.000 euros para Adenex y Ecologistas en Acción que inicialmente rechazaron). Además, el fallo solo deja margen al tribunal extremeño para modificar y supervisar el nuevo plan de trabajo que deberá realizar la Junta para realizar la demolición total. 

No obstante, contra esta sentencia se puede solicitar la nulidad de actuaciones ante el mismo Supremo y también se puede presentar un recurso de amparo al Constitucional en el que solo se podría alegar una vulneración de derechos fundamentales. Tampoco se descarta recurrir a los tribunales europeos.  

La administración no entró ayer a valorar el contenido del fallo. Sí lo hizo el abogado de Ecologistas, José María Trillo, quien mostró la satisfacción de su organización porque «el Estado de derecho garantiza que los gobiernos no pueden abstraerse del cumplimiento de la ley».