El cultivo legal de la planta de cannabis comienza a despegar en Extremadura, donde el año pasado presentaron solicitudes para registrar 163 hectáreas destinadas a este producto. Un total de 40 han sido acreditadas ya y hay otras 120 aún en tramitación, según los últimos datos de la Consejería de Agricultura. La cifra más conservadora (la que ya está registrada en estos momentos) supone un incremento del 32% respecto a los datos 2020 y 2019, que prácticamente no variaron; pero también multiplica por diez la superficie existente en el año 2018, apenas cuatro hectáreas en total. Si se confirman las pendientes, el crecimiento sería exponencial.

El sector no ha parado de crecer en España en el último lustro, donde la superficie dedicada al cultivo del cáñamo se multiplicó por ocho entre 2016 y 2021, pasando de 61 a 510 hectáreas, de acuerdo con los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Dentro de esas cifras, las 40 hectáreas existentes en Extremadura son únicamente una pequeña parte y más aún si se compara con otros cultivos de larga tradición en la región: solo en frutales, Extremadura tiene más de 7.000 hectáreas. 

¿Cannabis o cáñamo?

El cáñamo es el término que se emplea comúnmente para hacer referencia al tipo de cannabis sativa, una de las variedades de esta herbácea anual perteneciente a la familia de las plantas de cannabis. El principal foco de interés está en dos de sus componentes: el cannabidiol (CBC) y el tetrahidrocannabinol (THC), este último de efecto psicoactivo. Ambos componentes son los que determinan en parte el creciente interés por esta planta para aplicarla a usos medicinales y también el control actual en torno a su cultivo legal, según se detalla en el documento informativo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene sobre este cultivo. Básicamente, en función del tipo de autorización, puede tener una salida industrial al uso de la planta (fibra, grano o semillas) o bien se puede destinar a fines de investigación o médicos. 

Cultivar cáñamo con fines industriales requiere autorización del Ministerio de Agricultura y una inscripción previa en el Registro General de Producción Agrícola, lo que implica cumplir una serie de requisitos: solo se puede destinar el cultivo a la obtención de fibra, grano o semillas; se deben utilizar semillas certificadas y con un contenido de THC inferior al 0,2%. Los que se acogen a este modelo de cultivo además tienen prohibido utilizar o almacenar los cogollos de la planta, puesto que «son consideradas estupefacientes, incluso en el caso de las variedades autorizadas, y deben proceder a su destrucción», se advierte en el Ministerio de Agricultura. La única excepción es que el cultivo esté destinado a la producción legal de semillas o grano, pero eso se hará constar entonces en la solicitud de la autorización.

Cicytex tiene una de las 13 autorizaciones de la Agencia del Medicamento para investigar con cannabis

Bajo ese paraguas normativo, el desarrollo del sector del cáñamo con fines industriales es aún muy incipiente en Extremadura, pero desde el 2020 se trabaja en impulsarlo porque se considera que, por las características de su cultivo, podría constituir una alternativa al cultivo de tabaco. Con el fin de desarrollar su cadena de valor se creó en 2020 el Polo Tecnológico del Cáñamo, vinculado al Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura (CTAEX) y destinado a convertirse en un centro de investigación y desarrollo con la implicación de una veintena de empresas y universidades, entre ellas la UEx y Cicytex.

Uso terapéutico

La aplicación más controvertida en todo caso es la destinada a fines de investigación o fines médicos, porque su uso continúa en un limbo legal en España frente a los pasos dados ya por más de 70 países (entre ellos Alemania, Italia, EEUU o Canadá) para legalizar un consumo terapéutico en el tratamiento de algunas enfermedades o los efectos secundarios de sus tratamientos. Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que únicamente está permitido el cultivo de plantas de cannabis con fines médicos o científicos previa autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).  

La Agencia del Medicamento tiene una veintena de autorizaciones vigentes según la última actualización realizada esta misma semana y entre ellas hay una vinculada a Extremadura. Hay dos posibles finalidades para estas tramitaciones: investigación o producción y fabricación con fines médicos. En el apartado de investigación aparecen en total 13 referencias a centros vinculados a organismos y universidades, fundamentalmente del levante y Andalucía, pero hay también una autorización activa del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), donde confirman que tienen un proyecto de investigación en vigor. En cuanto a la acreditación para la producción y/o fabricación de cannabis y sus productos con fines médicos y científicos, son ocho entidades y empresas en total. Ninguna de las que aparece en ese listado tiene relación directa con Extremadura.

Un debate sin respuesta para legalizar el cannabis medicinal 

El debate viene de lejos, pero aún no hay respuesta ni un recorrido claro que marque el paraguas legal a un uso terapéutico del cannabis en España. De momento lo que sí hay es una subcomisión que abordará en el Congreso el uso medicinal del cannabis mientras crece el debate sobre la despenalización total de su consumo, como reclaman algunos partidos (Unidas Podemos, ERC y Más País) y distintas organizaciones, entre ellas el Observatorio Europeo del Consumo y cultivo de Cannabis o la Confederación de Asociaciones Cannabicas (ConFAC). 

La subcomisión se aprobó a mediados de 2021 y se ha puesto ahora en marcha y constituye el primer paso a nivel nacional para decidir sobre la posible regulación del uso terapéutico de la marihuana. 

En el caso de Extremadura el debate se planteó en 2017 en la Asamblea a través de una propuesta de pronunciamiento de Ciudadanos que se aprobó por unanimidad para reclamar al Gobierno central el uso del cannabis con fines terapéuticos. También lo hicieron otras regiones y ahora el Gobierno central está dando los primeros pasos.