La Fiscalía investigará a la alcaldesa de Alburquerque, Marisa Murillo, por un posible delito de desobediencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha ordenado deducir testimonio de un procedimiento por el cual la alcadesa ha sido condenada por no ejecutar una sentencia que obligaba a su ayuntamiento a mantener y recuperar la estabilidad de una vivienda en ruinas.

La denunciante lleva desde 2005 luchando por que el ayuntamiento arregle una casa en la que hace cinco años que ya no puede entrar porque no es seguro debido a las grietas que el estado del inmueble anexo le está provocando. En un principio, la justicia falló en contra de sus intereses, pero en febrero de 2021, después de que el propio ayuntamiento se comprometiese en un decreto de Alcaldía a llevar a cabo esas obras, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) acabó revocando esa decisión, dándole seis meses de plazo al ayuntamiento para llevar a cabo las obras.

El 8 de octubre de ese mismo año, los trabajos todavía no habían comenzado, por lo que el abogado de la afectada, Julio Valiente, decidió instar a la ejecución forzosa de la sentencia. El 3 de diciembre, ante la falta de respuesta del consistorio, la justicia requirió a la Administración y al técnico municipal «a llevar a cabo todas las diligencias necesarias para ejecutar totalmente la sentencia».

El 13 de enero de este año, la arquitecta técnica municipal realizó alegaciones a dicho requerimiento, explicando que no había recibido ningún encargo para ejecutar la sentencia y que, aún así, tampoco podría realizar el proyecto «por falta de medios materiales y de personal cualificado». El juzgado, sin embargo, no observa razones que justifiquen la demora en la ejecución de la sentencia, por lo que condena a la alcaldesa a pagar una multa de 1.000 euros, que aumentará en la misma cantidad cada 20 días hasta que se ejecute la obra por completo.

Esta sentencia todavía no es firme, pues existe un periodo de cinco días para recurrir, pero el encargado de fallar en última instancia será el TSJEx, que ya le ha dado la razón a la afectada, por lo que todo indica que ratificará su decisión y que la alcaldesa será condenada e investigada.