Extremadura aplicará una deducción del 15% en la cuota autonómica del IRPF a los contribuyentes que residan en municipios de menos de 3.000 habitantes y elevará hasta los 28.000 euros (45.000 en caso de tributación conjunta) la base imponible para poder beneficiarse de todas deducciones autonómicas en el ámbito rural. Las bonificaciones se incluyen en la Ley de Medidas Ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, aprobada por unanimidad de forma definitiva este jueves en el pleno de la Asamblea.
Aspira a ser una de las normas de mayor calado de la legislatura, un «tractor» que a su vez obligará a modificar otras leyes autonómicas para frenar la huida del talento, hacer atractivo el medio rural y establecer la “igualdad territorial” en el acceso a los servicios básicos. Llegó a la Cámara por consenso, pero en la última etapa de la tramitación el PP se ha descolgado y había supeditado el apoyo definitivo de su grupo a la aprobación de varias enmiendas, sobre todo relacionadas con la fiscalidad. Según ha explicado el diputado Diego Sánchez Duque, su objetivo es “hacer más fácil la vida a la gente de los pequeños municipios” y para ello consideran que es necesario aplicar más concreción a la ley.
Enmiendas parciales
Al borrador se han presentado 91 enmiendas parciales, 65 de ellas consensuadas por los cuatro grupos parlamentarios y un total de 68 ya incorporadas al texto inicial en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. El PP ha reservado 21 para su debate en el pleno, pues según Sánchez Duque se trata de cuestiones clave para que su grupo pueda dar el apoyo definitivo al texto: una deducción en la cuota autonómica del IRPF a los residentes en pequeños municipios, una normativa urbanística diferenciada para pueblos y ciudades y la demanda, al Gobierno central, de un programa urgente de inversiones y un régimen fiscal especial para Extremadura.
En aras al acuerdo, el PSOE ha aceptado algunas de sus propuestas, si bien ha rebajado de forma considerable las pretensiones iniciales mediante transaccionales: con respecto al IRPF, la deducción en la cuota autonómica será del 15% para residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes, cuando el PP planteaba entre un 30% y un 50% para municipios de entre 3.000 y 5.000 vecinos.
Sí ha conseguido elevar hasta los 28.000 euros (45.000 en el caso de tributación conjunta y sin límite para familias numerosas) la base imponible para poder beneficiarse de todas las deducciones de la Junta en el ámbito rural, limitadas en 19.000 y 24.000 euros para el resto de contribuyentes. De estas medidas se podrán beneficiar el 85% de los municipios que conforman la geografía extremeña, ya que 330 de los 388 tienen menos de 3.000 habitantes, de ellos 123 en la provincia de Badajoz y 207 en la de Cáceres.
Consenso de todos los grupos
Todos los grupos se han concitado al acuerdo para sacar adelante la ley, si bien han reprochado al PP su modelo de combatir la despoblación bajando impuestos. “Revitalizar el medio rural no se consigue solo con exenciones fiscales, lo que se necesita son servicios públicos de calidad: escuelas rurales, guarderías, ayuda a domicilio, fibra óptica, carreteras en buen estado, atención sanitaria; y eso se consigue con impuestos”, ha señalado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.
Desde Ciudadanos, el diputado Fernando Rodríguez ha reprochado a Sánchez Duque que no hayan cuantificado el impacto de las medidas que plantean. Y el socialista Carlos Labrador ha mostrado su rechazo a establecer "microclimas fiscales" en Extremadura. En su defecto, ha considerado más efectivas otras medidas incluidas en la ley para atraer nuevos pobladores con empleos y viviendas dignas, así como aplicar la discriminación positiva en las ayudas a inversiones desde lo rural.
“Tenemos que compensar a la gente que vive en el medio rural, estar lejos de los servicios tiene un coste y hay que compensarlo. Que cada uno elija donde quiera vivir, pero hay que poner herramientas para que el mundo rural sea atractivo”, se ha defendido Sánchez Duque.
En lo que sí han coincidido todos es en la importancia de una ley que nace por consenso para dar un "enfoque global" y abordar el problema de la despoblación desde distintos ámbitos, máxime en un momento de especial afección ciudadana hacia la clase política. "Hemos sentado unas bases sólidas para luchar contra la despoblación, hemos hecho algo que merece la pena por Extremadura", ha concluido el diputado de Cs Fernando Rodríguez.
