Un total de 79 ayuntamientos extremeños, 25 entidades dependientes de ellos y la Diputación Provincial de Badajoz deberán participar de forma obligatoria en el nuevo Plan de Pago a Proveedores que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda para liquidar las facturas pendientes de pago más antiguas, anteriores a 1 de julio de 2021. La deuda acumulada por estas entidades señaladas por Hacienda rondaba los 15 millones de euros, según las estadísticas del ministerio correspondiente al mes de septiembre.
De estos 79 municipios extremeños, 42 están en la provincia de Cáceres y 37 en la de Badajoz. Las 25 entidades dependientes de algunos de estos consistorios son muy diversas y afectan a servicios o centros culturales, urbanísticos, educativos (hay varias universidades populares), sociales, turísticos o deportivos, entre otros. De acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda a septiembre de 2021, Alburquerque, población que atraviesa por una más que complicada situación financiera, Montánchez, Benquerencia de la Serena, Madrigalejo, Cheles y Santa Amalia encabezan la lista de municipios que más tardan en pagar en las dos provincias extremeñas, con plazos medios que van desde los 902 días (dos años y medio) hasta los 328 (unos once meses). Los mayores volúmenes de deuda se concentran en Plasencia (2,6 millones de euros);Alburquerque (2,2 millones);Diputación de Badajoz (1,9 millones); y Cáceres capital (1,4 millones).
El mecanismo
No todos los ayuntamientos ni todas las facturas pendientes de pago se podrán acoger al nuevo mecanismo extraordinario. El departamento que dirige María Jesús Montero ha elaborado un listado que incluye 1.640 corporaciones locales de toda España (de las que 16 son diputaciones provinciales) y 670 entidades dependientes de algunas de ellas. Este listado incorpora los 79 municipios extremeños citados y las 25 entidades dependientes de ellos. Todas las corporaciones del listado cumplen el requisito de haber presentado un periodo medio de pago a proveedores superior al límite legal de 30 días en alguna de las estadísticas de Plazos Medios de Pago (PMP) del ministerio correspondientes a los meses de diciembre de 2020, marzo o junio de 2021.
Según los plazos diseñados por este mecanismo, los miles de empresarios y autónomos con facturas pendientes de cobro en los ayuntamientos más morosos del país tenían de plazo desde el 12 de febrero hasta mañana viernes para consultar si sus deudas han sido incorporadas en los listados ya presentados por los interventores de cada municipio ante la Agencia Tributaria. El objetivo es que las deudas más antiguas (con fecha anterior a 1 de julio de 2021) puedan ser definitivamente saldadas a finales de mayo. Para el proveedor es voluntario acogerse a este mecanismo, que implica renunciar a los intereses de demora generados por el retraso, o seguir con el procedimiento ordinario.
Sin embargo, para las 1.640 corporaciones del listado es obligatorio participar en el nuevo Plan de Pago a Proveedores (PPP) para liquidar no más tarde de finales de mayo todas las facturas pendientes de pago generadas antes de 1 de julio de 2021. Hacienda calcula que existen facturas por unos 2.000 millones de euros en esta situación en los cajones de los 1.640 municipios y 670 entidades identificadas (no se incluyen en el plan los territorios de País Vasco y Navarra).
El ministerio prevé limpiar 2.000 millones de euros de deuda antigua en 1.640 municipios
Tras comunicar qué facturas antiguas aún existen en sus cajones, cada uno de los ayuntamientos obligados por el plan podrá formalizar un préstamo a 12 años promovido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para liquidarlas inmediatamente después. Según los calendarios que maneja Hacienda, es previsible que los préstamos se formalicen en la segunda quincena de mayo de 2022 y, a continuación, se realizarán los pagos correspondientes a proveedores.
A cambio de obtener financiación ventajosa para saldar sus deudas más antiguas, los ayuntamientos deberán presentar a Hacienda antes del 22 de marzo un plan de ajuste, con medidas y reformas que garanticen que no se volverá a repetir el problema, al menos durante los 12 años de vigencia del crédito, hasta 2034. No es obligatorio presentar un plan de ajuste, pero en ese caso Hacienda procederá a retener las cantidades adeudadas de sus transferencias a los municipios que lo rehúsen.
Este plan forma parte de la respuesta dada por las autoridades españolas a la Comisión Europea tras el ultimátum lanzado por esta en junio. Bruselas advirtió de que presentaría una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si España no adoptaba medidas contra la morosidad pública. El Gobierno incorporó el mecanismo en los Presupuestos del Estado para 2022 y lo ha puesto en marcha en enero.
El actual Plan de Pagos tiene su antecedente en el que dispuso entre 2012 y 2014 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP). Allí se movilizaron casi 42.000 millones para poner al día los pagos atrasados de autonomías (unos 30.000 millones de euros) y ayuntamientos (casi 12.000 millones). Más de ocho millones de facturas de casi 200.000 proveedores fueron saldadas entonces.
Demoras de más de 1.000 días en nueve municipios españoles
Los datos de morosidad de algunos municipios son mareantes. Según las estadísticas del Ministerio de Hacienda sobre Plazos Medios de Pago a proveedores (PMP), existen nueve ayuntamientos con periodos superiores a 1.000 días y se da la circunstancia de que todos ellos son de tamaño menor. Son los de Torrecera (Cádiz), Castilleja de Guzmán (Sevilla), La Bisbal d’Empordà (Girona), Titulcia, Moraleja de Enmedio y Estremera (Madrid), Nerva (Huelva), Cortes de la Frontera (Málaga) y Salillas del Jalón (Zaragoza).
De todos ellos, La Bisbal d’Empordà es el que acumula mayor volumen de deuda pendiente de pago: un total de 4.314.459,52 euros a un plazo medio de 1.237,23 días (3,4 años). No obstante, su alcalde, Enric Marquès, argumenta que el exagerado plazo de pago que aparece en la estadística de Hacienda obedece a un error de contabilización que ya ha sido subsanado en otoño, lo que permitirá que el municipio deje de figurar en el top ten de morosidad en las próximas estadísticas oficiales. No es así, de momento.
Entre las capitales de provincia y ciudades destacan los elevados plazos de pago medios de Jaén (629 días); Parla, en la provincia de Madrid (422), Jerez de la Frontera, en Cádiz (360); Puerto de Santa María, en Cádiz (247) o Badalona, en la provincia Barcelona (222,58 días).
Todos estos ayuntamientos tendrán que acogerse al nuevo Plan de Pago a Proveedores por el que el Ministerio de Hacienda les facilitará financiación para que liquiden sus facturas más antiguas, anteriores a 1 de julio de 2021, a cambio de presentar un plan de ajuste. Aunque con plazos más cortos, también tendrán que acogerse al plan las capitales de Cáceres, Granada, Ourense, Córdoba y Sevilla.
Hacienda ha incorporado al Plan de Pagos a los 1.640 municipios (79 de ellos son extremeños) cuyo plazo medio de abono de facturas superó el límite legal de 30 días en las estadísticas de diciembre de 2020, o marzo o junio de 2021. Sin embargo, buena parte de estos ayuntamientos han ido agilizando sus facturas en los últimos meses y poniéndose al día de forma voluntaria. Así en septiembre pasado, algo menos de 1.040 municipios (del total de 1.640 del listado inicial) presentaban un plazo medio de pago superior a 30 días. En el caso de Extremadura, el listado ha quedado reducido a algo más de cuarenta (si bien hay otra decena para los que no hay datos).
En sentido contrario, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que no figura en el listado inicial de Hacienda, aumentó en septiembre su plazo medio de pago a 35 días, con un montante 125,6 millones de deuda pendiente de liquidar a sus proveedores. Es el caso también del Área Metropolitana de Barcelona que, con datos de septiembre acumula deuda pendiente por algo más de 23 millones, con un plazo medio de pago de 33,17 días.
