Los datos siguen hablando por sí solos: más de medio centenar de mujeres denunciaron cada semana durante el pasado año ser víctimas de violencia de género. Así se desprende del informe que ha publicado recientemente el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se indica que en 2021 se presentaron 2.592 denuncias por este motivo en los órganos judiciales extremeños, lo que se traduce en un 14,6% más con respecto al año anterior. En su conjunto, estos dictaron 615 órdenes de protección, un 23% más, al tiempo que se denegaron 208, con un significativo incremento del 35,9%.

Cabe destacar que 130 mujeres, de las que 109 fueron españolas y 21 extranjeras, se acogieron a la dispensa de no tener que declarar en el juicio como testigo contra sus agresores. En muchos casos, esta negativa a testificar puede ocasionar que el proceso judicial termine sin una condena por la falta de pruebas. En relación a los agresores enjuiciados, en 2021 fueron 507 en total, un 11,4% más que en 2020. Se dictaron 465 sentencias condenatorias, con un aumento interanual del 9,2%, además de 38 absolutorias y 96 sobreseimientos. Llegados a este punto, resulta conveniente resaltar que el 92,4% de las sentencias emitidas fueran condenatorias. 

El informe del órgano judicial recoge a su vez que 2.589 mujeres fueron víctimas de violencia de género en Extremadura en el pasado año, un 16,3% más que las contabilizadas en la anualidad anterior, de las que 2.229 tenían nacionalidad española y las 360 restantes, extranjera. Del total, 30 eran menores de edad, 25 de ellas españolas y cinco procedentes de otros países. A nivel nacional, el número de mujeres maltratadas se incrementó en un 9,35% hasta alcanzar las 159.352, de manera que la subida porcentual en la región es bastante más elevada. Por el contrario, en lo relativo a la tasa de víctimas por cada 100.000 mujeres, en la comunidad fue de 48,3 puntos frente a los 66 nacional.

El CGPJ considera en su documento estadístico que el impacto de la pandemia de coronavirus, que provocó un importante descenso en el número de denuncias por maltrato machista, empieza a disiparse. La abogada Marisa Tena, de la Asociación de Mujeres Malvaluna, coincide en que la situación actual vuelve a ser «más favorable» para denunciar, no obstante, muestra su preocupación por el hecho de que el peso de poner la denuncia recaiga en la víctima. «Una de las primeras reivindicaciones que hicimos en violencia machista fue que dejara de ser un delito privado y que pasara a ser público para que todo el mundo pudiera denunciar. Ese paso se dio porque se vio que era fundamental, pero no acabamos de conseguir esa implicación social para que la gente denuncie», lamenta. 

Mejorar la protección

«No vale solo con ir a las manifestaciones, lo que hay que hacer es implicarse realmente», apunta la letrada. En este sentido, Tena destaca que de las siete mujeres asesinadas por la violencia machista en el país en lo que va de año, solo una había denunciado. «Hay una inhibición a la hora de poner en conocimiento qué está pasando y no solo por parte de la víctima, sino de la gente que le rodea y también del entorno del agresor», señala. A su juicio, en la mayoría de los casos, salvo en los de riesgo extremo o muy alto, el sistema de protección «no sirve». «Muchas mujeres se preguntan para qué les va a servir una orden de protección cuando nadie controla que el agresor se arrime y tienen que ser ellas las que estén pendientes», apostilla.

La abogada quiere mandar un mensaje «de optimismo y esperanza para que ninguna mujer siga sufriendo la violencia machista», pero también considera que se debe poner el foco en la necesidad de «seguir avanzando en las prestaciones, en los recursos y en el cumplimiento de la ley, porque esta no se acaba de desarrollar al cien por cien y la protección tiene que ser mucho más eficaz que la que se da hoy». También añade que para que la juventud sea consciente de esta problemática, pues muchas veces ni la detectan, habría que «formar de manera periódica en todas las etapas educativas, pues no sirve de nada ir un día a dar una charla a una clase a la que no se vuelve nunca más».

Atención 24 horas los 365 días del año

Extremadura pondrá en marcha un centro de crisis 24 horas para víctimas de agresiones sexuales con una sede central en Mérida y dos satélites en Badajoz y Cáceres. El motivo que mueve al Gobierno regional, y en particular a la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, para crear este centro son los «datos alarmantes» que existen de violencia sexual. En concreto, desde la consejería destacan que las denuncias por violencia machista han aumentado de forma «alarmante» en el último año en la región y esta es una realidad que la Junta «no puede obviar».

Ya se está trabajando para que, en los próximos meses, este centro de crisis 24 horas preste una atención especializada a las víctimas de violencia sexual. Los delitos contra la libertad sexual de las personas han registrado un incremento muy importante, ya que se ha pasado de 14 casos de agresión sexual en 2020 a 26 en 2021, lo que supone un incremento del 85,7%, según datos de la Delegación del Gobierno en Extremadura. El centro de crisis de Mérida, que contará con un local totalmente adaptado para las víctimas, tendrá un equipo especializado de personas (psicólogas y abogadas) para atenderlas y será formado especialmente para que la atención, el servicio (psicológico y jurídico) y la ayuda sea «la más eficaz». Además, dispondrá de un teléfono de atención las 24 horas del día todos los días del año.

Por el momento, no hay una fecha exacta para la puesta en funcionamiento de este centro, aunque en los últimos días se han dado «pasos muy importantes» con la cesión de un inmueble de titularidad municipal por parte del Ayuntamiento de Mérida a la Junta de Extremadura para que sea habilitado como sede central de este centro, cuya ubicación no se puede facilitar por cuestiones obvias de seguridad. 

En el centro se invertirán partidas destinadas a igualdad que proceden de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El modelo a seguir del centro que se pondrá en marcha en la capital regional será el de Oviedo, un recurso pionero que el Gobierno de Asturias puso en marcha a finales de 2020.