El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, una de las leyes “más importantes en mucho tiempo y uno de los pilares de la Extremadura del futuro”. Entre sus novedades, el texto limita a un máximo de tres meses la resolución de los informes que son competencia autonómica. Además, sustituye todos los procedimientos para permisos y licencias por una declaración responsable, que será el único trámite que el ciudadano tenga que cumplir con la Administración para asuntos tan cotidianos como solicitar una licencia de pesca o el carné de manipulador de alimentos.
“Nuestro objetivo es hacer más fácil la vida a los ciudadanos y atraer inversión”, ha destacado en rueda de prensa el presidente del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara, que ha pronosticado incluso que el texto influirá en el diseño de los futuros gobiernos y en la ordenación de los recursos humanos de la Junta. Según ha explicado, esta ley concibe una nueva forma de entender la Administración, que se basará en la premisa de “trabajar por proyectos y no por competencias” para minimizar la intervención pública a través de la burocracia a la vez que se da “un gesto de confianza” a la ciudadanía.
Así, se contempla, en un plazo de seis meses, la sustitución de todos los procedimientos para permisos y licencias por una comunicación o declaración responsable. Con ese documento, cuyos modelos oficiales podrán descargarse en internet, el ciudadano acredita que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho (un permiso de pesca, ha citado Fernández Vara a modo de ejemplo) y que se compromete a cumplir con las obligaciones que ello conlleva. Después la Administración podrá actuar de oficio para verificar que es así. Para ello, el proyecto de ley se complementa con un régimen sancionador, así como con la regulación de las entidades colaboradoras de certificación y verificación.
La solicitud de compatibilidad para segunda actividad en el caso de los empleados públicos, la acreditación de los enfermeros para recetar medicamentos, la solicitud de autorización para celebrar eventos deportivos, espectáculos públicos o festejos taurinos y la expedición del carné de manipulador de alimentos son algunos de los 31 trámites que se prestarán bajo esta modalidad de comunicación o declaración responsable.
Proyectos empresariales
En el caso de proyectos empresariales, se trabajará a través de modalidades como las calificaciones integrales, la tramitación conjunta y la gestión coordinada de procedimientos, para lo que se contempla por ejemplo la creación de unidades administrativas conformadas por directores generales de diferentes consejerías.
Para agilizar los trámites, se establece que todos los informes autonómicos deben emitirse de forma simultánea y en un máximo de 10 días. Y de igual forma, el plazo máximo de notificación de la resolución será de tres meses. Excepcionalmente podrá establecerse plazos superiores, pero se debe concretar expresamente las razones de interés general que justifiquen esa demora.
En el caso de que un mismo órgano sectorial deba emitir informe a varios efectos (trámite ambiental, urbanístico, etc.), emitirá un único informe que abarque los distintos aspectos sobre los que deba pronunciarse, salvo en los supuestos en que existan modificaciones sustanciales en la documentación aportada que se exija para cada ámbito.
Fernández Vara ha reconocido que para que pueda entenderse la filosofía de esta ley habrá que “vencer resistencias”, pero ha destacado que "no es una ley solo para mañana" y se ha mostrado convencido de que después “será replicada en muchos sitios”.
A su juicio, la nueva norma es un paso importante para la región y una potente demanda desde fuera en un momento en el que Extremadura se sitúa “delante de su mayor escenario de oportunidades” por el nuevo programa operativo de fondos europeos y su disponibilidad de suelo industrial o recursos naturales para albergar grandes proyectos empresariales. El texto se remitirá ahora a la Asamblea de Extremadura para su tramitación, con la previsión de que esté aprobado antes del verano.
