La promotora de Marina Isla de Valdecañas va a solicitar al Tribunal Supremo la revisión de una sentencia firme que declaró ilegal el plan municipal de El Gordo y, por ende, el complejo residencial. Se trata de un procedimiento especial que se puede presentar cuando se haya producido o conocido un hecho excepcional que podría haber cambiado los términos de sus fallos. Así, cabe señalar que es un proceso extra de revisión, no un recurso concreto contra la última sentencia de febrero que ordena el derribo total (la cual no ha sido recurrida por la promotora).
El hecho conocido ahora y que la promotora confía en que pueda dar un giro a la situación actual, es la respuesta de la Junta de Extremadura en la que esgrime que no hay comunicación oficial por la que la isla de Valdecañas haya sido declarada como Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) porque no se aprobó tal catalogación en el Consejo de Gobierno de la Junta ni se publicó en el DOE. La Junta asegura que no consta declaración expresa.
«Esto demuestra que ha sido un error y que el proyecto es legal y siempre ha sido legal. Si la Zepa no ha existido, las sentencias no debían haberse producido como están», explica José María Gea, el promotor, que confirma que presentarán formalmente este revisión a lo largo de esta semana o la próxima como muy tarde. No obstante, hay que destacar que esta zona sí cuenta con un Plan de Usos y Gestión de Zepa (desde 2012) y también está incluida en los listados de la Unión Europea. Algunos abogados señalan que en aquel momento (en 2003) la catalogación de una Zepa se realizaba remitiendo a Europa una ficha concreta a través del Ministerio de Medio Ambiente, no con el proceso actual que sí requeriría la aprobación previa del Consejo de Gobierno y un trámite de información pública.
¿Por qué han esperado 15 años para determinar este hecho? «Nosotros ya lo advertimos pero todo el mundo nos dijo que era Zepa, pero que el proyecto podía continuar porque no había ningún problema. Confiamos en la Junta. La duda surge ahora después que haya recibido un anónimo donde se me avisaba de alguna irregularidad», señala Gea, quien insiste en que la demolición sería una «vergüenza» para los extremeños.
