El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido este jueves en el pleno de la Asamblea que la presión fiscal en la región se sitúa por encima de la media registrada en el resto del país, pero rechaza que sea la más alta de España y destaca que los contribuyentes con rentas inferiores a 16.000 euros son de hecho los que menos tributan. 

Fernández Vara se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno, después de que los líderes del PP y Cs le hayan preguntado por las conclusiones del informe sobre fiscalidad territorial que elabora el Colegio de Economistas de España, y que desvela que las rentas de 30.000 a 45.000 euros soportan la mayor presión fiscal en Extremadura. «Un salario de 45.000 euros no es una renta media en Extremadura», se defendió el presidente, que descartó aplicar una bajada general de impuestos como pide el PP porque «aumentaría la inflación». 

«La política no solo consiste en bajar o subir impuestos, eso es un instrumento, pero nunca un fin», ha respondido. A su juicio, Extremadura es una de las regiones donde se hace un mayor esfuerzo fiscal, algo que «nos permite exigir la financiación autonómica más adecuada, la que nos corresponde y la que necesitamos».

El presidente popular, José Antonio Monago, ha invitado al Ejecutivo a sentarse con el PP para rebajar la presión fiscal a los extremeños, recordando que la situación económica es de «emergencia», con un «inaceptable» alza del IPC y «unos brotes verdes que se han marchitado». En la misma línea, el líder de Cs, David Salazar, ha lamentado que a pesar de que los extremeños pagan sus tributos, las carreteras no se ejecutan y el tren «no llega». «Recibimos muchos menos que los demás y eso es una injusticia que usted permite», ha señalado.

A instancias de la oposición, en el pleno de este jueves también se han debatido varias propuestas para bajar impuestos, entre ellos el de hidrocarburos, que no salió adelante. Tampoco se ha aprobado una propuesta del PP para aplicar de forma inmediata las bonificaciones anunciadas para el Impuesto de Donaciones, que deberían haber entrado en vigor en enero.