Novedades en el plan de vivienda. La Junta de Extremadura va a ampliar el alcance del programa de ayuda directa a la entrada tras detectar que, a la finalización de las dos últimas convocatorias, hay necesidades por parte de las familias extremeñas y un «amplio» estoc de pisos protegidos nuevos ya proyectados o construidos a los que se quiere dar salida. La intención es ampliar la fecha de calificación de las viviendas que pueden acogerse a estas ayudas hasta el 31 de diciembre de 2021, con lo que se calcula que podrían beneficiarse unas 470 familias que recibirían una subvención media de 9.000 euros.
Los cambios se recogen en el borrador de una orden que se acaba de publicar en el Portal de Transparencia de la Junta, donde se justifica la ampliación del programa en la inexistencia de otras ayudas similares de ámbito estatal más allá de la que se concede a jóvenes menores de 35 años para municipios de menos de 5.000 habitantes y que en Extremadura ya han agotado el presupuesto. La intención de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda es destinar 4,2 millones de euros a la ampliación del programa, que concede ayudas directas de entre 3.000 y 9.000 euros para sufragar los gastos de adquisición de viviendas protegidas nuevas.
El programa financia tanto los inmuebles que vayan a construirse como los que están en construcción o terminados, puesto que la referencia a la hora de aplicar o no la subvención, más allá de los requisitos personales y familiares que también deben cumplirse, es la fecha de calificación provisional: actualmente debe ser anterior al 8 de julio de 2020 y se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2021.
Cuantía de las ayudas
Así, las viviendas calificadas con anterioridad al año 2013 y cuyas obras comenzaron antes del 30 de septiembre de 2018, recibirán para la compra una ayuda directa a la entrada de 3.000 euros.
Por su parte, las viviendas calificadas bajo la vigencia del Plan de Vivienda 2013-2016; las anteriores a 2013 cuyas obras hayan comenzado con posterioridad al 30 de septiembre de 2018 y las calificadas al amparo del Plan de Vivienda 2018-2021 (con el 31 de diciembre de 2021 como fecha tope), recibirán ayudas de 3.000 o 6.000 euros, en función de los ingresos del solicitante.
En ambos casos las ayudas pueden incrementarse en 1.000 euros adicionales cuando se trate de familias numerosas, jóvenes, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo o personas con discapacidad.
El presupuesto máximo que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda va a destinar a este programa «teniendo en cuenta que todas las promociones pendientes lleguen a buen término y los solicitantes cumplan con los requisitos», es de 4,22 millones de euros. En base a las cantidades concedidas en otros programas similares (unos 10.000 euros), se prevé llegar a unas 470 familias.
No obstante, para solicitar estas ayudas es necesario esperar primero a que la orden se apruebe de forma definitiva, y después que la convocatoria se publique en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), donde se establecerían los plazos.
Última convocatoria
La última convocatoria de ayudas directas a la entrada para la compra de vivienda protegida estaba dotada con 3,6 millones de euros y su plazo de solicitud finalizó el 15 de septiembre de 2021, con la previsión de llegar a unas 360 familias.
El presupuesto aumentó respecto a 2020, cuando se destinaron a este fin 3,1 millones que llegaron a 300 solicitantes. Para poder beneficiarse, las familias deben disponer de unos ingresos anuales que no superen 3,5 veces el IPREM; haber formalizado el contrato de compraventa o título de adjudicación, que el contrato de compraventa haya sido visado por un órgano administrativo competente y que se ceda al promotor el derecho de cobro de la subvención descontada.
La recuperación de la ayuda a la entrada fue una de las medidas que el PSOE recuperó tras volver al gobierno regional en el año 2015, y lo hizo en sustitución del programa de vivienda protegida terminada, a través de una modificación para revisar el Plan de Vivienda 2013-2016. Su objetivo era incentivar la construcción de nuevos edificios, ya que se estimaba que en la región la demanda de esta tipología de pisos superaba a la oferta.
