Nunca antes tantos consumidores extremeños abandonaron el mercado regulado eléctrico para formalizar contratos en el mercado libre en un solo año. Tampoco nunca antes hicieron tantos cambios de comercializadora de luz. Pero el 2021 fue el ejercicio en el que los precios de la electricidad en el mercado mayorista triplicaron la media histórica de 40 euros por megavatio-hora, un encarecimiento que disparó el trasvase de clientes entre empresas a la búsqueda de mayor estabilidad y menor precio en las facturas.
Esta fue la opción escogida por uno de cada seis hogares o empresas extremeños, de acuerdo a los datos publicados el pasado martes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, fueron 134.315, un 17,6% del total de puntos de suministro que había al inicio del ejercicio en la comunidad autónoma. Son un 15% más que en el 2020 (116.482) y representan casi un 60% de incremento respecto al 2019 (84.343). «No es de extrañar que, con el precio al que está la luz, los consumidores hayamos buscado en mayor medida el sitio en el que más barata nos cueste la energía», razona Javier Rubio, presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE). En España el total de cambios sobrepasó el año pasado los cinco millones, un 36,7% más que en 2020, una cifra igualmente sin precedentes. El total de puntos de suministro en el mercado libre a 31 de diciembre pasado era de 19,8 millones en el conjunto del país, mientras que los de mercado regulado se situaban en los 10,07 millones.
Dos de cada tres traslados de comercializadora contabilizados el año pasado en Extremadura correspondieron a clientes que estaban dentro ya del mercado libre (88.232), aunque es especialmente llamativo el incremento que se experimentó entre quienes dieron el salto a él, abandonando así la tarifa regulada. Crecieron un 81,6%, hasta totalizar 31.215 operaciones. «Ha habido una emigración tremenda al mercado libre. En todo 2021 y lo que llevamos de 2022 ha estado más barato que el regulado», aclara Rubio. No obstante, matiza, esta situación podría volver a cambiar en función de los efectos que tenga la propuesta hispanolusa para limitar el precio del gas en la factura eléctrica, por lo que recomienda esperar a su entrada en vigor (previsiblemente este mes) antes de hacer cambios ahora.
Camino inverso
14.591 usuarios extremeños decidieron recorrer el camino inverso, yendo del mercado libre al regulado (en el 2020 fueron 19.175). En este caso, precisa Rubio, se trata frecuentemente de personas que, o bien desconocían hasta ese momento contar con el derecho al bono social eléctrico (tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor --PVPC-- es uno de los requisitos para beneficiarse de él), o bien pasaron a cumplir alguna de las condiciones de renta establecidas (por haberse quedado en el paro, por ejemplo). «Sigue habiendo ciudadanos que no saben que tienen derecho al bono social», recalca el presidente de UCE, que añade que «hay que tener en cuenta que todas las familias numerosas» pueden solicitarlo. Por último, apenas 277 clientes extremeños trasladaron el recibo entre compañías pero sin abandonar el mercado regulado.
«Antes de hacer el cambio, hay que leerse detenidamente el contrato. Normalmente nos hacen una oferta muy atractiva para un trimestre o un semestre y luego suben el precio»
La gran diferencia entre ambos mercados, libre y regulado, reside en que este último (tarifa PVPC) está indexado al mercado mayorista de la electricidad. Por lo tanto, sus consumidores notan de forma instantánea cualquier volatilidad en los precios, pero evitan «el coste de cobertura» que añaden otros productos que proporcionan mayor estabilidad, según explica la CNMC en otro informe.
Además de informarse previamente de si se puede disfrutar del bono social eléctrico antes de dar el salto al mercado libre, Rubio insiste sobre todo en «leerse detenidamente el contrato. Normalmente nos hacen una oferta muy atractiva para un trimestre o un semestre pero luego suben el precio», sostiene. Y si el alza se produjera sin estar recogida en el contrato, el cambio de compañía puede hacerse «sin ningún tipo de penalización», apostilla. Precisamente, comprobar si el documento tiene compromisos de permanencia o si supone la contratación y cobro de otros servicios adicionales, son otras de las comprobaciones que hay que hacer.
Por comunidades autónomas, las de Andalucía y Murcia fueron las que el año pasado presentaron una mayor tasa de cambios de comercializador de España con un 19,6% y 19,3%, respectivamente. En el extremo contrario, el País Vasco (13%) y Asturias (10,1%) fueron los territorios que menos variaciones registraron entre sus consumidores.
12.702 clientes mudaron de comercializadora de gas natural
La CNMC también analiza los cambios de comercializadora en el caso del gas, que en la región ronda los 87.600 puntos de suministro. De ellos, un 14,5% (12.702) varió de comercializadora en el transcurso de 2021, un 15,1% de incremento sobre el año anterior. De nuevo aquí la mayor parte de los traslados se hizo entre firmas del mercado libre (9.886, un 77,8%). Los que se movieron de la tarifa regulada (Tarifa de Último Recurso o TUR) al mercado libre fueron 1.725, el doble que en 2020, cuando fueron 896. Otros 1.032 clientes pasaron del mercado libre al regulado y los restantes 59 variaron de compañía dentro de este último. En el conjunto del país, fueron 1.036.405 cambios, un 30% más en términos anuales.
A nivel nacional los usuarios de gas natural suman casi 8 millones, de los que 6,5 millones tienen una tarifa libre y el millón y medio restante una regulada. Esta última se mantiene prácticamente congelada desde hace meses. En septiembre, el Gobierno aprobó por primera vez un límite al establecer que, en la revisión correspondiente al 1 de octubre de 2021 y el 1 de enero de 2022, el incremento del coste de la materia prima no podría superar el 35% y el 15%, respectivamente. Esta fórmula se prorrogó el mes pasado, dentro del plan de choque para mitigar el efecto de la guerra de Ucrania sobre los consumidores. El Ejecutivo fijo, eso sí, que el déficit adeudado a las comercializadoras de último recurso se recuperaría en las sucesivas revisiones, pero todavía no se ha dispuesto cómo se hará.
