Desde la entrada en vigor, a finales del pasado diciembre, de la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, las administraciones extremeñas ha venido trabajando para definir el número de plazas que llevan más de 3 años ocupadas por un interinos. Los ayuntamientos están haciendo sus deberes, pero es la Junta uno de los organismos que más plazas deberá pasar de interinas a fijas. Y todo debe estar regularizado antes de que termine 2024.

¿Qué dice la ley estatal?

La norma, del 28 de diciembre, establece dos vías para estabilizar estos empleos. Por un lado, los puestos de trabajo ocupados de forma temporal ininterrumpidamente durante más de cinco años (desde antes del 1 de enero del 2016) se enfrentarán solo a un corcuso de méritos. Por otro lado, aquellos puestos temporales ocupados más de tres años (anteriores al 31 de diciembre del 2020) tendrán que enfrentarse a un concurso-oposición más ventajoso que los ordinarios. Pero hasta ahí, los baremos de méritos y las puntuaciones que se establezcan las define la administración convocante, en este caso la Junta.

¿Cuáles son los plazos?

Como contempla la ley, antes del 1 de junio de este año deben publicarse las ofertas de empleo correspondientes a los procesos de los tres sectores de la Junta: sanidad, educación y administración general. Ahí se definirán solo las plazas que saldrán para la estabilización, que ya están anunciadas: 6.214 en total. De estas 3.193 son de administración general, 1.880 de sanidad y y 1.141 de educación. Todas estas plazas tendrán que convocarse posteriormente antes del 31 de diciembre de 2022.

¿Cuándo está previsto que se realicen los concursos y oposiciones?

Una vez efectuadas las convocatorias, los procesos se irán desarrollando hasta el 31 de diciembre de 2024, tal y como establece la normativa nacional.

¿Estas ofertas de estabilización limitarán las ofertas ordinarias?

«Las respectivas ofertas de empleo hasta 2021 ya están publicadas y no están sujetas a ningún cambio», explican desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Se estipularán en función de la tasa de reposición que establece el Estado. «Las sucesivas ofertas se ciñen a estos criterios y dependen, igualmente, de las vacantes que se produzcan en la administración cada año».