«La gente es consciente de que tiene fecha de caducidad en la Administración y que se le está tratando como un simple número. Pero detrás hay familias, circunstancias personales… Se tienen que levantar y manifestarse en contra de esta injusticia». Son palabras de Marisa González, portavoz de la Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex), que junto al sindicato USO ha convocado una huelga de empleados públicos para protestar contra el plan de estabilización del empleo temporal en la Administración General.
Este miércoles ha sido el primer día de paro y González se muestra «orgullosa» de lo que ambos colectivos están moviendo, si bien denuncia «presiones y amenazas» de la Administración para «acallar» la protesta. Según datos de USO, en esta primera jornada en algunos servicios el seguimiento se ha elevado al 80%, entre ellos los equipos de valoración del Sepad o la Dirección General de Urbanismo, donde «14 de 22 trabajadores» han secundado la huelga. Unos datos que, como suele ser habitual en estos casos, contrastan con los que ha facilitado la propia Consejería de Administración Pública y Hacienda, que cifra el seguimiento general en el 1,3%: en concreto, el 1,5% en el turno de mañana y un 0,3% en el de tarde.
Llamamiento
A la huelga están llamados los 18.000 empleados de la Administración General y especialmente los 3.200 que el Ejecutivo reconoce que están en fraude de ley encadenando contratos temporales. Tanto USO como Piltex rechazan la hoja de ruta marcada para la regularización de estos trabajadores, al primar la titulación sobre la experiencia adquirida en el puesto, que solo contará un 40% con un máximo de siete años. También rechazan las pocas plazas convocadas: calculan que el 95% de los temporales de la Administración se quedarán fuera del plan, por lo que demandan al menos otras 3.000 plazas más.
«La Junta está intentando reducir por todos los medios el número de plazas para que no le saquen los colores ni se sepa el cortijo que hay aquí», afirma al respecto el secretario general de USO, Luis Manuel Gil. «Van a generar miles de despidos, la gran mayoría indefinidos no fijos, a los que tendrán que indemnizar por despido improcedente con entre 30.000 y 35.000 euros», asegura. Gil prevé un gasto de unos cien millones de euros en indemnizaciones y advierte: «Será otro Valdecañas».
La protesta que se ha iniciado este miércoles se extenderá hasta el viernes y se retomará el miércoles de la próxima semana. Si no hay acuerdo antes del viernes 27, se convertirá en indefinida.
La idea de USO y Piltex era celebrar varias concentraciones en diversos puntos de la región, pero no fueron autorizadas por la Delegación del Gobierno, como tampoco su asistencia al pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves. Por ello, se han organizado en grupos de 20 personas y han informado de sus reivindicaciones en los puntos turísticos y de más afluencia de Mérida, finalizando con una entrega de claveles frente a la Presidencia de la Junta.
El portavoz del Ejecutivo, Juan Antonio González, se ha mostrado abierto al diálogo, pero ha recordado que este plan es «de obligado cumplimiento» en base a la Ley nacional 20/2021 y que debe estar aprobado antes de finales de mes. «Hay diferentes opiniones. Puedo ponerme en el lugar de personas interinas, de las personas opositoras, de los sindicatos que dicen una cosa y de los sindicatos que dicen otra, pero la ciudadanía tiene que entender que la administración tiene que tomar decisión», ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
