La Junta de Extremadura está en gestiones avanzadas con los propietarios de una finca privada para ampliar la superficie pública del Parque Nacional de Monfragüe en casi 900 hectáreas. Lo ha anunciado este jueves en el pleno de la Asamblea la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, que asegura que desde julio de 2019 el Ejecutivo trabaja para «proteger, conservar, ordenar y difundir» el patrimonio natural de este enclave único que tras la pandemia ha logrado recuperar la normalidad con cifras récord de visitantes en Semana Santa y el puente del Primero de Mayo.
«Fue una gestión errónea que hemos denunciado ante los organismos responsables», dice García sobre los desembalses del pasado verano
García se ha pronunciado así en una interpelación del diputado del PP Laureano León, que tilda de «vergonzosa y pésima» la gestión del parque natural. El popular se ha referido a situaciones ya conocidas como los «desembalses salvajes» del pasado verano, y a otras cuestiones como que la recogida de basuras no funciona desde hace siete meses o el cierre de los caminos públicos sin un motivo claro.
León ha denunciado que tras la putrefacción ocasionada por los desembalses, del dragado del río Tiétar se extrajeron 650 toneladas de lodo, si bien según la consejera los certificados de fecha de 16 de noviembre acreditan la entrega de 94 toneladas de residuos.
Desembalses
«Fue una gestión errónea que hemos denunciado ante los organismos responsables y que dio lugar a la inmediata modificación de la ley de aguas para impedir que vuelva a repetirse», reconoce en cualquier caso Olga García, que insiste en que estos desembalses no afectaron a las especies ni a los hábitats de Monfragüe.
Según la consejera, con sus denuncias el PP cae «en el populismo y el ridículo», puesto que la actuación de la Junta con respecto al parque nacional es «completamente respetuosa con la normativa, sin discrecionalidad».
Así, García ha vuelto a defender los programas de control selectivo de animales para impedir la expansión de la tuberculosis, que afecta al 60% de los jabalíes. Unas actuaciones en las que también acompaña el Seprona, por lo que «es imposible hablar de ilegalidades», como denuncia el PP. Sobre la polémica por la captura en jaulas y cercones, reitera que se viene realizando desde 2016 y que «todos estos métodos de control son legales».
Olga García ha señalado también que ya se han iniciado las gestiones para modificar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Monfragüe, aprobado en 2014, para reducir la excesivas restricciones que mantiene en los usos tradicionales. Existe «una gran dificultad técnica y social» para consensuar este documento, pero garantiza que contará con la mayor participación social posible.
