Antonio Hidalgo García, rector de la Universidad de Extremadura, ha asumido la presidencia semestral del G-9 de Universidades, en un acto en el que se ha asumido el manifiesto de la sectorial de profesorado sobre las modificaciones incorporadas a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y se expresa el descontento con dicho proyecto.
El G-9 ha celebrado, según nota de prensa de la Universidad de Extremadura, su asamblea general en la localidad cacereña de Guadalupe, que ha contado con la presencia de los rectores de las universidades de Cantabria, Castilla la Mancha, Illes Balears, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Navarra y Zaragoza y el de la Universidad de Burgos, como invitado.
Durante la reunión semestral, se ha renovado el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el G-9, y se ha mantenido al profesor de la Universidad Publica de Navarra David Benito Pertusa para ejercer las labores de director del Campus Digital Compartido.
En el acto, los rectores han mostrado su descontento con el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que se ha aprobado en Consejo de Ministros "sin la opinión de los rectores en su versión definitiva".
Señalan que la propuesta de ley contiene varios aspectos que no han sido informados a los rectores y que "ponen en peligro el funcionamiento de las universidades en un futuro", por lo que la asamblea hace suyo el comunicado del profesorado del G-9 celebrado en Oviedo el pasado 17 de junio.
La finalidad de la asociación es potenciar las relaciones entre las instituciones universitarias pertenecientes al grupo, a fin de promover, entre otras, la colaboración en actividades docentes e investigadoras de su comunidad universitaria.
Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios.
En el acto también ha participado el consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, que ha inidido en el papel de la universidad como principal impulsora del progreso social, de la ciencia y de la investigación.
Por ello, ha apelado a no olvidar que la inversión debe distribuirse de modo inteligente entre facilitar el desarrollo de la investigación científica y facilitar una experiencia educativa plena, de calidad e inclusiva para todas las personas.
