Un misil lanzado contra un concurrido centro comercial de Ucrania dejó una veintena de víctimas mortales. Es una de las noticias más recientes de la invasión rusa, que de nuevo se ha cebado con la sociedad civil. Son ya cuatro meses de guerra que dejan ciudades enteras devastadas y donde escuelas, hospitales y edificios han sido (y son) también flanco de los bombardeos. Los abogados extremeños quieren ayudar a perseguir estos crímenes de guerra ordenados por Putin en el país ucraniano y para ello se encargarán de recoger testimonios de los refugiados asentados en la región, víctimas de estas masacres.
Los letrados se han unido a un programa desarrollado por el Consejo General de la Abogacía que incluye a todos los colegios profesionales del territorio nacional, a través del que se intenta reunir el mayor número de pruebas para que se juzgue a los autores y responsables de las masacres civiles. La recogida de testimonios se realiza a través de un cuestionario interno, cuya recepción y tramitación sigue estrictos procesos de seguridad, para garantizar la confidencialidad de los datos aportados y la seguridad de los denunciantes, así como de los testigos, si los hubiera, que serán protegidos.
Es un formulario
El formulario, al que tienen acceso todos los abogados, en especial los que pertenecen a los turnos de oficio creados para ayudar a los refugiados cuando estalló la guerra (en Cáceres, por ejemplo, se le dio el nombre de ‘Solidaridad con Ucrania’), pregunta directamente a las víctimas por los episodios que han vivido en primera persona o de los que fueron testigos. También permite la aportación de pruebas videográficas.
«Entendemos como crímenes de guerra toda la masacre internacional, genocidios en masa, violaciones y todo lo que suponga una violación de los derechos humanos», explica el decano del colegio de abogados de Cáceres, Juan José Flores. «Todos los ejércitos -recuerda el decano del colegio de Badajoz, Ildefonso Seller- tienen un decreto de no vulneración de derechos humanos». Se juzgarán así «todos los ataques a la población civil, a los pasillos humanitarios, a centros civiles donde está la población refugiada, a hospitales, a escuelas…. Es muy importante facilitar pruebas, evidencias, pruebas gráficas y testimonios de personas que han sufrido directamente crímenes de guerra o sus familias», explica presidente de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del consejo, Blas Imbroda.
Todos los testimonios se trasladarán a un comité de expertos que ha creado el consejo de la abogacía y está presidido por Imbroda, que se encargará de analizarlos. Si se observan indicios de delito serán enviados a la Corte Penal Internacional, que es el tribunal competente para juzgar estos casos y está ubicado en La Haya. Según el Estatuto de Roma de 1998 este organismo tiene competencia sobre los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión (entendido este como el que se ejerce desde la Federación Rusa contra Ucrania). La Corte Penal Internacional ha abierto también un portal para que particulares puedan denunciar hechos.