Unos hablan de autorización y otros de censura. La tractorada que está prevista para el próximo día 12 en Badajoz para protestar por los problemas del campo (se esperan unos 900 tractores) viene cargada de polémica; no es la primera vez que los convocantes, la Plataforma en Defensa de Nuestro Campo, y la delegación del Gobierno chocan por manifestaciones de estas características.
Desde la delegación del Gobierno se aseguró este miércoles que la protesta planteada por algunas organizaciones y asociaciones ha sido autorizada, salvo la entrada de tractores en la ciudad de Badajoz, que ha sido denegada «en base y en cumplimiento de los informes que las Fuerzas de Seguridad dictaminan en estos casos para garantizar la seguridad ciudadana».
«El recorrido de tractores por carretera sí se ha sido autorizado, su tráfico ha sido ordenado y también se les ha habilitado un lugar de reunión en Badajoz», añadieron.
Los organizadores van a recurrir al TSJEx porque quieren «agotar todas las vías legales»
También se ha autorizado «la manifestación y concentración de personas ante la Delegación del Gobierno respetando de este modo el derecho de reunión, de manifestación y la libertad de expresión», apostillaron.
Además, reiteraron que «las reivindicaciones, tanto verbales como por escrito, de los representantes de dichas organizaciones han sido atendidas para que pudieran ejercer el derecho a la manifestación con total garantía, con la única limitación que marcan los informes policiales que velan por respetar tanto el derecho de los manifestantes como la seguridad de los ciudadanos y viandantes».
La otra versión
Pero hay otra versión que viene motivada por ese rechazo de la delegación del Gobierno al recurso interpuesto por la plataforma para poder acceder hasta el centro de la ciudad, concretamente hasta la sede de esta institución; por ello recurrirán ahora al Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx).
«Esta decisión de impedir la manifestación refleja la actitud autoritaria y poco democrática por parte de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco», según denunció la organización, que va a plantear este recurso ante el TSJEx para agotar todas las vías legales «en defensa de su derecho a protestar en la calle».
La Plataforma consideró que se está coartando la libertad y el derecho de expresión de los agricultores y ganaderos extremeños, «algo que no sucede en ninguna otra comunidad autónoma, donde sí se están permitiendo este tipo de actuaciones reivindicativas».
