Multa de 65.000 € a la mina La Parrilla por saltarse los trámites ambientales

Nueva polémica por las minas en Extremadura. La Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad ha impuesto una sanción de 65.000 euros a la empresa británica W Resources por saltarse los trámites ambientales para la explotación de la mina de estaño y wolframio La Parrilla, ubicada en los términos de Santa Amalia y Almoharín. El director general de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz, ha reconocido este viernes en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea que la compañía extrajo y vendió mineral sin que la planta de extracción y molienda tuviera autorización ambiental ni de puesta en servicio. Además, construyó una balsa de lodos también sin los permisos preceptivos. 

Esta mina, la única que se mantenía activa en la región y el mayor yacimiento de wolframio de Europa, cesó su actividad el pasado mes de marzo. La concesionaria, que ha recibido 5,5 millones de euros en subvenciones públicas para reflotar el yacimiento, aludió al incremento de los costes energéticos. En mayo presentó un Erte para sus 130 trabajadores, a los que se les adeudan las dos últimas nóminas.

W Resources ha recibido 5,3 millones de euros en subvenciones públicas para reabrir y explotar la mina de wolframio

Según Ruiz, este parón es «ajeno» a las sanciones de la Junta por los incumplimientos ambientales, si bien W Resources no podrá retomar la actividad hasta regularizar su situación. «Cuando tengan autorización se volverá a retomar la actividad. Estamos en contacto con la empresa, responde los requerimientos, están aquí y no se han ido», ha asegurado el director general. 

Ruiz ha explicado que W Resources vino desarrollando su actividad en la mina «con normalidad, dentro de la legalidad y según lo indicado en las autorizaciones» hasta septiembre de 2021: la empresa solicitó autorización para la puesta en marcha de la planta de extracción y molienda (su construcción sí fue autorizada en 2019) y solo un día después, en una visita de inspección, los técnicos de la Junta comprobaron que dicha planta, para el tratamiento del mineral extraído, ya se encontraba plenamente operativa. 

Vertido de aguas ácidas

También lo estaba una balsa de lodos que la empresa había solicitado construir para subsanar las filtraciones de otra existente, sin que la Consejería de Transición Ecológica llegara a emitir autorización del proyecto ni de puesta en servicio. A ello hay que añadir que unos días después de esta visita, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CGH) trasladó a la Junta un requerimiento efectuado a W Resources por el vertido de «aguas ácidas» en el que le exigía que tomara medidas para evitar la contaminación del dominio público hidráulico. 

Como consecuencia de todo lo anterior se inició un procedimiento sancionador por incumplimiento de las disposiciones reglamentarias en materia de seguridad minera que ha derivado en una multa de 5.000 euros en el primer caso (la planta de extracción) y 60.000 en el segundo (balsa de lodos). Según Ruiz, «todo el proceso ha estado controlado, no ha habido dejación de funciones» y de hecho, apunta que la primera sanción ya es firme y está pendiente de ejecución por Hacienda. La segunda se comunicó en el mes de junio y acaba de finalizar el trámite de alegaciones sin que se haya presentando ninguna. 

La oposición tilda de "absolutamente ridículas" las cuantías de las dos sanciones impuestas

Frente a las críticas de los grupos de la oposición, que tildan de «absolutamente ridículas» las cantidades, Ruiz ha defendido que las multas se ajustan a lo estipulado en la ley, que las tipifica como infracciones «graves». PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han coincidido al criticar que esta mina, considerada la mayor reserva de wolframio de Europa, sea gestionada por una empresa que ha recibido «grandes cantidades de dinero público» (5,3 millones en subvenciones sobre una inversión inicial de 11) y que ahora no pague los sueldos, además de cesar la actividad pese a la alta cotización del wolframio en la actualidad.

«Lo que ha sucedido es el ejemplo paradigmático del negocio de la minería en nuestro país, auspiciado por una ley franquista que fue diseñada a medida de las empresas mineras. Es vital que se reforme para contar con garantías ambientales», ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

70 empresas buscan minerales en Extremadura

La Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad tiene concedidos en estos momentos 70 permisos de investigación minera en Extremadura. De ellos, 43 se ubican en la provincia de Badajoz y el resto en la de Cáceres. Se buscan piedras ornamentales como granito o cuarzo; wolframio y sobre todo, minerales metálicos: oro, plata, cobre, zinc y especialmente litio, que como ya se sabe es actualmente uno de los metales que más interés despierta porque se utiliza para la fabricación de baterías y será clave en el cambio de modelo energético. 

Extremadura, por sus características geológicas, es una región rica región en recursos minerales metálicos y energéticos. Según datos de la propia Junta de Extremadura, están inventariados más de mil indicios minerales, siendo algunos de ellos los yacimientos más importantes de España e incluso de Europa: es el caso de La Parrilla y los cuatro yacimientos potenciales de litio que se han identificado: Valdeflorez en Cáceres, Tres Arroyos y Mantecona en Alburquerque y Las Navas, en Cañaveral. Pero también destacan los permisos para buscar oro y plata, metales que siempre interesan por su precio y que no están sujetos a las modas como ocurre con otros. 

Los permisos de investigación minera permiten a las empresas estudiar el terreno con catas y sondeos para conocer los recursos geológicos existentes de cara a su futura explotación, pero muchos no dan pie a la apertura de una mina, al menos de forma inminente: puede ser que el material no sea de calidad, o que no haya cantidad suficiente para compensar la inversión necesaria. Además, en ocasiones también existe un cierto juego sucio y las multinacionales solicitan los permisos para evitarse competencia. La Consejería de Transición Ecológica recuerda que es la empresa que investiga la que en última instancia decide si explota la mina.

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