¿Tiene encaje legal una norma que obligue a transformar el litio en Extremadura? «Es como si a los puertos españoles llega un barco y la industria conservera tuviera la obligatoriedad de manufacturar esos productos (caballa, anchoa...) en la misma comunidad autónoma. No tiene sentido, me chirría bastante». Quien responde es Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo, Económico y de la Competencia de la Universidad de Extremadura (Uex). «Sería volver al proteccionismo, a las fronteras comerciales inferiores, que ya desaparecieron con el fin del Antiguo Régimen», dice sobre la propuesta estrella del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el último Debate sobre el estado de la Región.
«La Junta tiene las competencias en industria, pero no puede romper la unidad de mercado», alerta el profesor Pedro Brufao
Un decreto-ley que obligará a procesar en Extremadura todo el litio que se extraiga de la comunidad y que según el experto de la UEx rompería la ley de garantía de unidad de mercado, el principio de libre circulación de personas y mercancías sobre el que se asienta la Unión Europea y los preceptos de la Organización Mundial de Comercio. La vicepresidenta primera, Pilar Blanco-Morales, confirmó ayer que verá la luz antes de octubre. «Estamos trabajando en el sustento de su seguridad jurídica», reiteró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
De interés general
La nueva norma vinculará cualquier concesión de explotación minera de litio en la región a que el tratamiento y beneficio industrial se realice en Extremadura, al declararse su aprovechamiento de interés general. Una decisión que afectará de lleno a la mina de litio de Cáceres. Y algo más importante: aseguraría el abastecimiento a la gigafactoría que Envision y Acciona van a construir en Navalmoral de la Mata y a todos los proyectos que decidan asentarse en la región, que posee varios yacimientos importantes de litio. Un dato: solo en la provincia de Cáceres, la Junta tiene concedidas siete autorizaciones a diferentes empresas para realizar prospecciones de litio.
Tras las dudas manifestadas por los grupos parlamentarios acerca de la legalidad de nuevo decreto-ley, Blanco-Morales insistió ayer en que las competencias de autorización minera «son de la comunidad autónoma» y añadió además que cualquier ley que se haga «respetará la normativa básica del Estado y por supuesto la Unión Europea».
Pilar Blanco-Morales asegura que la nueva ley «cumplirá la normativa básica del Estado y la UE»
Según dijo, desde la Consejería de Transición Ecológica y la Vicepresidencia Primera ya se han hecho «trabajos prospectivos» para llevar a efecto el compromiso político adquirido por Fernández Vara. «Les garantizo que será en este trimestre y que lo mismo que ha sucedido con otras disposiciones que han tenido el rango de ley, tendrá que ser convalidado posteriormente en la Asamblea», añadió. Al ser un decreto urgente, el trámite será corto: apenas un mes desde su registro en la Cámara.
Posible inconstitucionalidad
El PP ya alertó de que la medida podría chocar con la ley nacional de minas, pero lo cierto es que los expertos de la UEx van mucho más allá. El profesor Pedro Brufao dice que aún hay que esperar a la letra pequeña, pero a su juicio ya de entrada el decreto «chirría». «Será una ley de caso único (solo para el litio) y eso ya tiene problemas constitucionales graves, porque las leyes tienen que ser generales, para todo el mundo. Aquí estamos hablando de un producto que tiene uno, dos, tres operadores», advierte.
Pero además, Brufao considera que obligar a tratar el litio en Extremadura vulneraría la Ley 20/2013 de Garantías de la Unidad de Mercado, y lo que es más importante: el principio de libre circulación de personas y mercancías sobre el que se sustenta la propia Unión Europea. A lo que hay que añadir además los preceptos de la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos bilaterales que España tenga con terceros países.
«Evidentemente, la Junta de Extremadura tiene competencias en materia de autorización industrial, pero no puede romper el principio de unidad de mercado y libre competencia. No depende de ella porque es una normativa internacional y europea, que tienen primacía sobre cualquier tipo de ley nacional, autonómica o local», advierte. Por tanto, da igual que el Estatuto de Autonomía de Extremadura diga en su artículo 9 que «el desarrollo económico y social de la comunidad dentro de los objetivos de la política económica nacional es competencia exclusiva de la Junta.
«Hay un principio jurídico garantizado que se llama de unidad de mercado que trata de evitar que se establezcan, de hecho o de derecho, restricciones a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios. La Unión Europea es un mercado único: da igual que sea en Cáceres, Badajoz, cuenca, Berlín o Atenas», recuerda Brufao. Es cierto que estas directivas también recogen algunas excepciones, pero el profesor no cree que la necesidad de convergencia o la falta de industria en Extremadura que alega Guillermo Fernández Vara esté entre ellos: las leyes hablan de orden público, salud pública, daños sobre el patrimonio o el medio natural o escasez de recursos.
