La concentración con corte de carretera estaba prevista para dos horas, pero el corte se extendió entre las 10.30 hasta las 15.30 en la rotonda de la N-430 cercana a la localidad de Ruecas (dejando pasar solo a vehículos de emergencias como ambulancias). 

Además, la Ex-A2, que une Miajadas y Vegas Altas, fue cortada por unas 70 personas en ambos sentidos desde las 11.20 hasta las 12.30 horas, no estando autorizado dicho corte por la delegación del Gobierno en Extremadura.

Ambos argumentos son los que recogen las denuncias que han recibido por parte de la Guardia Civil varios agricultores que participaron el pasado 22 de febrero en la tractorada que tuvo lugar en la zona de Don Benito. La sanción económica propuesta es de entre 250 y 500 euros.

La manifestación coincidió con la visita de Pedro Sánchez y terminó con cargas policiales

Varios de esos agricultores pertenecen a Cerezos Unidos, los cuales ya han anunciado que el asunto está en «manos de abogados».

Por su parte, desde la subdelegación del Gobierno aseguran que, aunque existan esas denuncias, aún no se ha llevado a cabo ninguna propuesta de sanción, que es el paso siguiente para que esa denuncia continúe su trámite oficial. No significa que las multas vayan a quedar sin efecto, sino que aún la subdelegación no ha recibido esa documentación para poder valorarla.

Gran polémica 

Habría que recodar que esta manifestación del campo fue muy polémica y hubo cargas policiales que se convirtieron en noticia a nivel nacional. La protesta coincidió con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Don Benito. Hubo momentos de tensión cuando los participantes intentaron romper el cordón de seguridad.

El objetivo de la manifestación era dar visibilidad a todos los problemas por los que atraviesa el sector agrario extremeño, entre ellos los elevados costes de producción, los bajos precios que perciben por sus productos, así como la falta de soluciones por parte del Ejecutivo regional ante la situación de escasez de agua.

De hecho, al día siguiente, y tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, declaró: «Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley». Así, mostró su «repulsa y condena» a los altercados que un grupo de agricultores «violentos» -tal y como los definió- protagonizaron en Don Benito en unas protestas «ni siquiera estaban autorizadas», aseguró González. 

La protesta estaba convocada por la plataforma En Defensa de Nuestro Campo, que aglutina entre otros colectivos a Apag, Asaja, La Unión, La Asociación del Sector Primario de Extremadura (Aseprex) y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva y Comarca (Agryga).