«Las multinacionales extractivas tienen las mismas dinámicas en el mundo entero, ya sea en el Sur Global o lo que vemos en Extremadura: prometen que son sustentables y a los pocos meses se empiezan a ver las consecuencias dañinas que tienen». Lo afirma Antonio Sánchez, abogado ambientalista y autor de Derrotero, una novela en la que narra la violencia con la que operan las transnacionales extractivas en Latinoamérica y la persecución de los defensores del territorio.
Este emeritense está especializado en neoconstitucionalismo latinoamericano y las nuevas Cartas Magnas que han incluido los derechos de la naturaleza: en Ecuador, Colombia y Bolivia, lo que le ha llevado a estos países en distintas ocasiones para apoyar las luchas que las comunidades indígenas llevan a cabo en los tribunales para proteger su territorio del ansia de las multinacionales por el petróleo y otros yacimientos que se encuentran en los subsuelos de estos paraísos naturales. Estas instalaciones contaminan ríos, el subsuelo y, en última instancia, los cultivos y, por tanto, las comunidades que lo consumen.
«En Ecuador estuve trabajando junto con Pavel Fajardo, de la Unión de afectados por Texaco, durante un año. Físicamente allí estuve tres meses. Y logramos ganar la demanda en 2020 que prohíbe los mecheros petrolíferos para que desaparezcan de esos territorios en un plazo de 10 años. En el caso de aquellos que están cerca de las poblaciones se sentenció que deben eliminarse ya», cuenta.
Pese a la lucha y lo que digan los tribunales nacionales estas empresas tienen el poder de seguir operando
«Claro, que no se está cumpliendo», lamenta. «Es parte de la impunidad corporativa. Pese a la lucha y lo que digan los tribunales nacionales estas empresas tienen el poder de seguir operando. También se firman una serie de tratados internaciones que al final facilitan una justicia supranacional privada que viene a beneficiarlas y a permitir atrocidades», afirma.
La historia
Inspirado por sus experiencias, este extremeño se puso a escribir «para visibilizar y crear conciencia». «En Ecuador y Bolivia trabajé con defensores del territorio que son acallados, criminalizados y, en última instancia, eliminados. Eso es la que pretende visibilizar la novela, una lucha que no siempre es tan lejana. A nosotros, como extremeños, siempre nos han dicho que nuestra región estaba a la cola de todo. Pero ahora nos enteramos de que somos la región menos degradada de Europa. Encabezamos una clasificación que dentro de poco puede ser la única que importe. Y eso no sería posible sin toda la gente que se opuso y se opone a las minas, las refinerías o los espacios de recreo para las élites en parajes protegidos. Sin embargo, en vez de reconocimiento aquí también se silencia esa defensa del territorio», señala.
Encabezamos una clasificación que dentro de poco puede ser la única que importe. Y eso no sería posible sin toda la gente que se opuso y se opone a las minas, las refinerías o los espacios de recreo para las élites en parajes protegidos
Derrotero está escrita en primera persona, a modo de diario, y toda la acción se desarrolla en octubre: «Ese mes, en 2019, fue el primer paro nacional en Ecuador. Tuvo éxito para derrocar las políticas neoliberales de Lenin Moreno (el entonces presidente del país) y hace poco el país ha salido a la calle de nuevo», expone. Los protagonistas de la novela son cuatro defensores del territorio de otros tantos países que se conocen en una convención en Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, y deciden lanzarse a la acción directa para parar las aberraciones de las multinacionales. «En realidad lo que hacen es una huida hacia delante», reconoce. A modo de narrativa, Sánchez señala que una de las razones de que los protagonistas provengan de diferentes países latinoamericanos era «dar cabida a esas diferentes voces del español».
Diferentes acentos de una misma lengua y distintas luchas en todo el mundo que realmente están entrelazadas. Derrotero es un llamado a la necesidad de abrir los ojos y defender los ecosistemas.
El caso Chevron
En 2003 las comunidades indígenas de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos iniciarion una demanda contra la multinacional petrolera Chevron (antigua Texaco) por el derramamiento de más de 80.000 toneladas de residuos petrolíferos en el cantón de Lago Agrio entre los años 1964 y 1992, afectando a unas 500.000 hectáreas. Durante casi tres décadas se habrían vertido aguas tóxicas y petróleo sobre cultivos, lo que afectó a más de 30.000 personas de las las etnias Cofán, Siekopai, Waorani, Siona, Tetetes y Sansahuari. La multinacional norteamericana se desvinculó de cualquier responsabilidad y señaló a la estatal ecuatoriana Petroecuador, con la que operaba conjuntamente.
En 2011 la Justicia ecuatoriana condenó a Chevron a indemnizar con 9.500 millones de dólares a las comunidades afectadas. La empresa ha seguido recurriendo hasta llegar a un tribunal internacional de arbitraje, que la liberó de cualquier responsabilidad. Este 28 de junio el Tribunal de Apelación de La Haya ratificó esa decisión enmarcada en la Lex Mercatoria transnacional. De acuerdo a esta última decisión, la petrolera no solo no tiene que pagar indemnización alguna sino que debe ser reparada por «daños» por parte de la República del Ecuador.
