Primero fue el turno de las policías locales y ahora, el de los bomberos. La Junta de Extremadura extenderá el modelo de oposición unificada a los dos consorcios provinciales de bomberos y el parque del Ayuntamiento de Badajoz, el único de titularidad local que existe en la región. El nuevo proceso de selección se regula en la Ley de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Extremadura, que introduce además otra novedad importante: la obligatoriedad de completar un curso de formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura para obtener la condición de bombero funcionario de carrera.
El borrador del texto, que se puede consultar en el Portal de Transparencia de la Junta, acaba de finalizar el proceso de alegaciones y se encuentra ahora en fase de negociación con los sindicatos. Según explica la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, su objetivo es mejorar la cualificación de los efectivos y la coordinación entre los tres parques de bomberos de la región, a los que atribuye «las mismas funciones, obligaciones y competencias».
Para incorporarse al servicio, ahora solo es necesario un curso de 40 horas de formación tras aprobar el examen teórico
Así, una de las principales novedades es la que afecta a los procesos de selección de personal: al igual que ya se ha hecho con las policías locales, se gestionará a través de unas oposiciones unificadas para acabar con la disparidad en los temarios, los exámenes, las pruebas físicas o los criterios de valoración de méritos. «La idea es la misma: garantizar las pruebas selectivas bajo criterios de igualdad con independencia de si lo hacemos como prueba unificada o si lo hacen las diputaciones o los municipios», indican desde la Consejería de Territorio.
La ley aspira a ser «una herramienta de profesionalización del sector» y en ese sentido, se introduce otra novedad importante: al igual que los agentes de policía, los opositores a bomberos tendrán que completar su formación práctica con un curso en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
Formación práctica
Según recoge el borrador de la ley, tras superar el examen de oposición los aspirantes realizarán este curso como funcionarios en prácticas en sus respectivos servicios (su contenido y duración lo determinará la Junta en un reglamento posterior), y una vez superado serán nombrados funcionarios de carrera.
El representante de UGT en el Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, Gustavo Viejo Medina, valora que con estos cambios los nuevos bomberos irán más cualificados y sobre todo, «con más destreza». «No es lo mismo formarse en la Academia de Seguridad Pública, que con eso ya tienes unificado el proceso selectivo dentro de la región y también en consonancia con lo estatal, que lo que se está haciendo ahora, que es un curso de 40 horas tras aprobar el examen de oposición», explica.
Aunque llega «con siete años de retraso», Viejo valora de forma positiva que se vaya a poner en marcha una ley de estas características en Extremadura, además al mismo tiempo que se debate una nueva ley nacional. En el ámbito laboral, espera que los cambios introducidos sirvan para reducir la alta tasa de temporalidad en los tres parques de bomberos extremeños.
Con la nueva ley se estructura también la organización laboral y funcional de los efectivos, estableciendo unas categorías comunes para los consorcios provinciales y el pacense, las funciones que se deben desarrollar en cada una de ellas y el modo de acceso. Se regula también el trabajo a desarrollar cuando físicamente los agentes no puedan seguir ejerciendo las tareas de más riesgo o de mayor exigencia física. «Actualmente tenemos la problemática de las pocas y limitadas plazas de segunda actividad», afirma Viejo desde UGT.
"Garantizar el servicio"
Pero al margen de las mejoras laborales, la finalidad principal de la nueva Ley de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento es garantizar la «cobertura universal» de este tipo de servicios en la comunidad más extensa y con más dispersión geográfica de España: que bajo el principio de coordinación entre los diferentes parques y consorcios, cada emergencia pueda resolverse «de un modo eficaz» con independencia del lugar donde se produzca.
Esa colaboración abarca desde la uniformidad de los efectivos y los medios materiales con los que debe contar cada parquea los protocolos de actuación ante cada tipo de emergencia, e incluso los tiempos de respuesta. En el borrador de la ley se establecen cuestiones genéricas que deben desarrollarse en reglamentos posteriores, pero en la fase de alegaciones UGT ya ha propuesto que, para los tiempos de respuesta, se fije un tope máximo de 20 minutos desde que el ciudadano notifica la incidencia.
«Nos dedicamos a salvar vidas que están en peligro y cuanto antes lleguemos, más posibilidades de supervivencia», recuerda Viejo.
Este tiempo todavía se sitúa muy por encima de la media nacional (está en 8,5 minutos), pero Viejo explica que para determinar la cifra se han tenido en cuenta las evaluaciones de riesgo con el fin de «marcar unos mínimos para que el servicio sea homogéneo y que cualquier parque pueda atender cualquier tipo de siniestro sin esperar a otro de apoyo».
«Estamos en un territorio con mucha extensión, se gana en coordinación y el ciudadano gana en respuesta y un servicio más eficaz», afirma. Eso sí: espera que sus alegaciones se tengan en cuenta, pues UGT entiende que con la redacción original la ley no dará respuesta a todas las necesidades del sector.
