El servicio de las ambulancias en la región continúa envuelto en polémica. El pliego técnico de condiciones fue denunciado por los sindicatos al considerarlo insuficiente para poder prestarlo en condiciones. El Servicio Extremeño de Salud (SES) lo aumentó entonces en nueve millones (47 millones para las dos provincias) pero ahora, después de haberse celebrado el concurso, ninguna de las adjudicatarias quiere hacerse responsable del mismo porque las condiciones del contrato impiden hacerlo con garantías. Al menos eso es lo que ha ocurrido en la provincia de Badajoz (el pliego está dividido en dos lotes: uno para la provincia cacereña y otro para la pacense), donde la empresa ha renunciado a hacerse cargo del transporte antes incluso de que llegara a firmarse el contrato.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) adjudicó el pasado 14 de julio el traslado de pacientes en Badajoz a la cordobesa Asistencia Los Ángeles SL, con un presupuesto de 26 millones de euros (medio millón menos que la base de licitación). Doce días después presentó un escrito en el que solicitaba una prórroga en la fecha de inicio del servicio, a lo que el SES se negó alegando que se trata de un contrato «de urgencia» y, por tanto, es imposible asumir ese plazo porque se corría el riesgo de que la zona de Badajoz quedara desatendida.
Ante esta situación, el 27 de julio la empresa comunicó a Sanidad que no procedería a firmar el contrato ante «la imposibilidad de prestar el servicio con un mínimo de seguridad y garantía». Ahora se enfrenta a una multa de 795.245 euros por posible incumplimiento de las cláusulas de licitación, aunque Asistencia Los Ángeles considera que no ha renunciado al contrato, ya que ni siquiera ha llegado a firmarse. Este diario intentó contactar ayer, sin éxito, con la entidad cordobesa.
Para asegurar su prestación, porque como el servicio de ambulancias es, en palabras del SES, «esencial para la asistencia sanitaria a los ciudadano y de reconocida e inaplazable necesidad», se ha optado por adjudicar el servicio a la empresa que quedó en segundo lugar, tal y como recoge la ley de contratos del sector público. Se da la circunstancia de que la siguiente en el proceso de licitación es Ambuvital, que actualmente gestiona este transporte en la región tras la renuncia de Tenorio. Es además la única, ya que al concurso solo se presentaron estas dos empresas. Por tanto, en el caso de que hubiera algún inconveniente para que Ambuvital asumiera su prestación, el SES debería convocar otro concurso de urgencia.
En estos momentos la nueva adjudicataria se encuentra en fase de entrega de documentación, proceso que previsiblemente no concluirá hasta septiembre, cuando comience a operar en la provincia de Badajoz.
Esto que ha ocurrido en el área pacense ya se dio a principios de julio en Cáceres. En este caso, la concesionaria, Nuevas Ambulancias Soria, no envió la documentación requerida en el plazo que obliga la ley, por lo que el SES entendió que renunciaba a hacerse cargo del transporte sanitario terrestre en la provincia cacereña. En este caso la multa a la que se enfrenta esta empresa es de unos 620.000 euros.
La historia se repite
El procedimiento que vino después ha sido exactamente el mismo. Dada la situación de urgencia se decidió contratar las ambulancias con la que quedó en segundo lugar, que casualmente también ha sido Ambuvital. Tras presentar toda la documentación ya ha sido contratado el servicio. En cambio el escollo no ha terminado, ya que la Unión Sindical Obrera (USO) ha presentado un recurso contra dicha adjudicación, que ha sido admitido a trámite por la comisión jurídica esta semana. Y lo mismo harán cuando se formalice el de Badajoz.
«Ambuvital ha incurrido en falsedad documental, los documentos presentados no son reales»
El sindicato se opone a que Ambuvital asuma el transporte en ambulancia porque entiende que los «incumplimientos» de esta empresa le impiden contratar con la administración pública. Tal y como explica el coordinador regional de la FS-USO, Víctor Arnelas, la empresa ha incurrido en «falsedad documental» al presentar una declaración responsable en la que asegura que no tiene cuentas pendientes con la administración y que cumple con todos los requisitos para asumir un contrato público. «Lo principal es que carece de un plan de igualdad y en este caso la ley es muy clara, cualquier empresa con más de 250 trabajadores que quiera contratar con la administración debe tener un plan de igualdad», señala Arnelas, que asegura que además acumula varios requerimientos de la Inspección de Trabajo.
«Llevamos un año sin EPIs ni uniformes, Trabajo le requirió que los proporcionara y no lo ha hecho»
Ha sido precisamente en la provincia de Cáceres donde los trabajadores han presentado varias denuncias a la inspección. Lo cuenta Juan Manuel Martín, secretario del comité de empresa, que afirma que lleva «un año» sin proporcionar uniformes y EPIs a los trabajadores. «Tenemos trabajadores en las ambulancias que van en vaqueros y en calzonas, esto no da seguridad ni confianza alguna», critica.
En junio, Trabajo envió un requerimiento a Ambuvital dando de plazo hasta el día 30 para proporcionar la ropa, pero no lo ha cumplido. Los trabajadores han presentado, así, una nueva denuncia esta semana, por lo que la empresa se enfrenta ahora a una posible sanción. Según Martín, tampoco respeta las horas de trabajo y se hacen excesos de jornada. «Trabajamos entre 260 y 300 horas semanales, un conductor está en la ambulancia una media de 14 y 16 horas al día y sin respetar el descanso de 12 horas entre turno y turno», asegura. Además las horas extra se pagan «por debajo del salario mínimo interprofesional», denuncia el representante de los trabajadores.