La autorización para explotar cualquier yacimiento minero en la región estará vinculada a que el tratamiento del mineral se haga en Extremadura. Es lo que establece el nuevo decreto ley que regula el aprovechamiento de los recursos minerales de litio en la comunidad autónoma y que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno. Con este paso la Junta de Extremadura comienza a dar forma al compromiso que adquirió su presidente, Guillermo Fernández Vara, en el debate del estado de la región el pasado mes de julio. Lo que se intenta con esto es que el beneficio industrial de este mineral, incluido en la lista de materias primas fundamentales para la Unión Europea, se quede en esta comunidad autónoma. Y se hace después de que Volkswagen se decantara por Sagunto (Valencia) para la instalación de su fábrica de baterías. Ya entonces Vara advirtió: «el mineral disponible en la región solo se llevará a fábricas levantadas aquí». Esta ley lo que hace es dar cobertura jurídica a esta premisa del presidente.
Lo que hace la nueva norma es declarar de interés general el aprovechamiento de los recursos del litio. Entendiendo por esto al conjunto de actividades destinadas a la explotación, almacenamiento, preparación, concentración o beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos regulados en la Ley de Minas, entre los que se incluyen también las labores de rehabilitación de los espacios afectados por la actividad minera.
Y es precisamente la declaración de este interés general lo que va a permitir vincular el otorgamiento de cualquier concesión de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura al cumplimiento de la obligación de que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral se realicen necesariamente en el territorio de la región extremeña. Este tratamiento y beneficio del litio, recoge la ley, comprende el conjunto de actividades necesarias para obtener hidróxido de litio o un compuesto útil de litio similar, que es imprescindible, por ejemplo, para la fabricación de baterías. Si el interesado no acepta, será motivo de denegación de la concesión de explotación, lo que abriría la puerta a iniciarse el correspondiente concurso público.
Portugal ya regula la transformación de las materias primas, como pide el Comité Económico Europeo
En definitiva, lo que se busca es que el valor añadido derivado del aprovechamiento del litio «se quede cerca de quienes sufren las consecuencias derivadas de su explotación, como la mejor y mayor medida compensatoria», en palabras de la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García.
Además, los proyectos que salgan adelante podrán ser declarados de interés regional (lo que se denomina como Premia), al considerar que pueden tener un impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo de la región. Esta designación se otorga a aquellos destinados a la implantación o ampliación de actividades con una inversión de más de diez millones de euros y más de 50 puestos de trabajo.
A la Asamblea, en septiembre
La nueva ley deberá ser convalidad en la Asamblea de Extremadura, previsiblemente en septiembre, antes de su entrada en vigor. Y afectará a los expedientes que estén en tramitación en ese momento. A día de hoy, tal y como detalló la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, hay 14 expedientes abiertos. De ellos seis se han resuelto (cinco se han otorgado -uno con restricciones, el de ampliación de Valdeflores en Cáceres- y uno se ha denegado, el de Valeflores, decisión que fue recurrida en los tribunales). Los otros ocho están todavía en tramitación; de ellos siete solicitan permiso de investigación y uno de exploración.
La urgencia en la aprobación de esta decreto viene motivada precisamente por este último expediente, el de Cañaveral. La empresa, Lithium Iberia ya ha solicitado el permiso para su explotación y el objetivo de la Junta de Extremadura es que cumpla también con los requisitos que recoge esta nueva legislación, si entra en vigor antes de que su expediente se resuelva.
La norma asegurará el abastecimiento a la gigafactoría que En vision y Acciona quieren construir en Navalmoral de la Mata (está pendiente de la concesión del PERTE) y afectará a la autorización de explotación del yacimiento de Valdeflores, en Cáceres, uno de los proyectos mineros que más controversia ha creado por el rechazo de una parte de la población cacereña, debido a que se encuentra en un paraje natural y muy cercano al núcleo urbano. La intención ahora de la empresa, New Energies, es presentar un proyecto subterráneo de la mina (hasta ahora se pretendían realizar las prospecciones a cielo abierto), aunque por el momento no se ha entregado a las administraciones.
Tal y como aclaró ayer la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, sea a cielo abierto o subterránea, la decisión la tomará la Junta de Extremadura, que es la administración competente en materia de minas. No obstante, antes de autorizar o denegar el proyecto, se pedirán para estudiarlos los informes necesarios al resto de administraciones, entre ellas, en este caso, al Ayuntamiento de Cáceres. La mina de la capital cacereña es un caso peculiar, porque el Plan General de Urbanismo Municipal impide la explotación minera en Valdeflores. Esto será lo que analicen los técnicos de la Junta pero, en cualquier caso, la decisión última la tomará el Ejecutivo autonómico, tal y como insistió Olga García.
García: «Cumple con los parámetros constitucionales»
El nuevo decreto ley tiene seguridad jurídica. Así lo aseguró ayer la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, quien subrayó que ya se ha analizado con la vicepresidencia primera de la Junta de Extremadura. El decreto es «ambicioso» y «pionero» y precisamente por eso, incidió la consejera, «se ha tenido especial interés» en enmarcarlo jurídicamente, ya que parte, añadió, de una legislación estatal (la Ley de Minas) que no está adaptada al régimen constitucional del reparto de competencias. «Este planteamiento tiene todo el sentido común y cumple los parámetros constitucionales», insistió. García aclaró también que se ha optado por la fórmula de decreto ley por la coyuntura internacional del litio y su volatilidad, en la que incide la invasión en Ucrania.
Lo que hace ahora Extremadura ya lo regula Portugal. Así, mediante este decreto se declara una medida de intervención, incluida en el ordenamiento jurídico minero, cuyo último fin es «hacer prevalecer los intereses generales en el aprovechamiento de los recursos mineros relacionados con materias primas fundamentales», en la dirección marcada por el Comité Económico y Social de Europa, que reivindica que la transformación de las materias primas permanezca en el territorio.
Con ello, destacó la consejera, «abrimos nuevas oportunidades para el desarrollo socioeconómico de nuestra región» con una medida que también contribuye a la lucha contra la despoblación y establece «los más exigentes estándares de sostenibilidad ambiental».
