«Las estadísticas solo representan en un alto porcentaje el fallo de la planificación y la educación afectivo-sexual», dicen desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). La entidad hace estas declaraciones frente a los datos que maneja el Servicio Extremeño de Salud (SES) de las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). Entre 2015 y 2020 (ambos años incluidos al completo) hay registro por edades y las cifras evidencian que en ese periodo un total de 322 menores de entre 15 y 17 años solicitaron abortar

Un dato llamativo es que solo en 2020, con la pandemia y el confinamiento, cerca de 50 adolescentes pidieron la interrupción voluntaria del embarazo al SES. Ese año hubo 870 peticiones en total, de las que 49 correspondieron efectivamente a menores de edad (12 las emitieron chicas de entre 15 y 16 años; 37 fueron de menores de entre 16 y 17 años). 

Más cifras

En este periodo entre 2015 y 2020, las franjas de edad de 20 a 29 años (2.450 solicitudes) y de 30 a 39 (2.046 solicitudes) fueron las que acapararon el mayor número de mujeres que vivieron un aborto. Juntas suponen cerca del 82% del total (fueron 7.227 la suma de todas las edades). 

En estos datos, eso sí, no quedan registradas «aquellas mujeres que decidieron no acudir a la prestación por motivos personales (continuar embarazo, aborto espontáneo...) o aquellas que decidieron acudir a la interrupción de forma privada, tanto dentro como fuera de la comunidad», apuntan desde el SES. Como agregan desde Adhex, estos registros proceden de mujeres con «madurez emocional para decidir» y, obviando motivos relacionados con violaciones, son en muchos casos «las circunstancias económicas y sociales» las que impiden la crianza de un bebé. 

La normalidad prepandémica

En la sanidad pública extremeña no se realizan abortos por objeción de conciencia, de modo que las demandantes de los mismos son derivadas a clínicas abortivas. No obstante, el SES maneja los registros de solicitantes.

De este modo, en 2019 fueron 1.020 mujeres las que solicitaron el aborto voluntario. La cifra disminuyó al año siguiente, en 2020, marcado por el coronavirus, con un total de 870. Actualmente, los datos indican que se está volviendo a los registros de prepandemia: en 2021 fueron 1.003 solicitudes y hasta la fecha -el último dato disponible es hasta el mes de agosto-, en 2022 van 717 mujeres.

La nueva ley

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una nueva ley del aborto. El anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgániza 2/2020, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo pretende, entre otras cosas, facilitar el acceso al derecho de interrupción del embarazo dentro de la sanidad pública. Para Adhex, «la reforma de la ley mejora aspectos que eran necesarios».

Cuando entre en vigor se llevará a cabo un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia; así, la persona objetora no podrá practicar abortos ni en la sanidad pública ni en la privada, y las mujeres que quieran abortar lo podrán hacer en los centros públicos más cercanos a su domicilio. 

Hasta ahora en Extremadura el 100% de los abortos eran derivados a la sanidad privada al declararse sistemáticamente como objetores de conciencia todos los centros del SES. En la región solo existe una clínica que ofrece estos servicios: la clínica privada Guadiana Los Arcos, en Badajoz. Muchas mujeres demandantes del servicio de interrupción voluntaria de embarazo se derivan a otros centros con los que existen conciertos fuera de la comunidad, ubicados en Salamanca y Madrid. Desde Adhex subrayan que «las intervenciones deben hacerse en el sistema público y garantizando los derechos de todas las mujeres, independientemente de su edad, su situación económica y su lugar de residencia». Y en ese sentido, en Extremadura era «un hándicap». «No podemos abocar a que una menor, o una mujer adulta, se induzca un aborto ella sola, o en la clandestinidad, ni que tenga que recorrer 200 kilómetros para resolver una cuestión que tanto le va a afectar», explican desde la asociación. Del mismo modo, perciben como «buena» la introducción de las revisiones ginecológicas para evitar complicaciones tras la intervención y un seguimiento para observar «la salud emocional» de esas mujeres.

La reforma

Con esta reforma, el Gobierno modificará la que el PP realizó en 2015; ahora se eliminan los obstáculos al derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo. La reforma del PP limitaba el derecho a las mujeres con discapacidad y elevaba la edad mínima sin permiso paterno. Ahora, las menores de entre 16 y 18 años podrán decidir libremente sobre este derecho, que desde Adhex etiquetan como «fundamental», sin tener que pasar por sus tutores legales. «Si los padres y las madres tienen confianza con sus hijas, las han educado en libertad, tienen educación sexual y afectiva, recurrirán a ellas y ellos para que las acompañen en el proceso». De este modo, sería «muy incongruente» decirles a esas adolescentes que «no son maduras para tomar la decisión de interrumpir su embarazo pero que sí lo son para ser madres, y afrontar la responsabilidad de criar a un niño y de formar a una persona», expresan desde la asociación. 

Además, se tienen en cuenta otros aspectos que pueden ser importantes para la prevención: la propia base. En este sentido, la educación sexual adquiere el carácter de obligatoriedad en todas las etapas educativas con un acompañamiento especializado para cada una de ellas. Algo que para Adhex es «una necesidad imperiosa». «A nuestras niñas y niños les tenemos que enseñar a saber poner los límites sobre sus cuerpos».