«Un día muy esperado». Así define emocionada Carla Chavarría, trabajadora del hogar y fundadora y presidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar de Cáceres, el derecho conseguido por su colectivo de poder percibir el subsidio de desempleo, tal y como lo hacen el resto de trabajadores.

La norma se aprobó este martes en el Consejo de Ministros y de ella se beneficiarán alrededor de 370.000 empleadas del hogar de todo el país. En Extremadura serán 3.343 trabajadoras, la inmensa mayoría mujeres también. En total, en la región están inscritas en el Régimen de Empleo en el Hogar 4.179 personas, por lo que la prestación llegará al 80% de las empleadas. El 20% restante no tendría este derecho por su tipología de contrato, de corta duración y por horas. Según datos de la Junta facilitados a este periódico, el 75% de las inscritas en este régimen cuenta ya con un contrato indefinido. Del mismo modo, la Administración extremeña afirma que no constan datos oficiales sobre la economía sumergida en este sector.

Para el portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio González, la medida es «muy importante» al terminar con una «discriminación histórica». Se trata, remarcó en su comparecencia para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, de «un derecho más» del cual se beneficiará la «clase media y trabajadora», que es donde se encuentran «mayoritariamente» estas empleadas, lo que se traduce en un «avance en derechos».

Una lucha histórica

Chavarría recuerda en conversación con este periódico que el logro es fruto de la lucha «de muchos años de muchas compañeras» que, además, han estado «pagando la factura»: «Tengo a muchas compañeras en mente, mujeres mayores y trabajadoras precarias que con problemas de salud, con la columna dañada, han tenido que seguir levantando a personas mayores. En la emoción de saber que con un año de antigüedad cotizado, tendrán derecho a pedir el desempleo y que no vamos a poder ser despedidas sin razón justificada. Me dan ganas de llorar de la cantidad de mujeres que se van a poder beneficiar», dice. Esta empleada también subraya que con la nueva norma las trabajadoras del hogar podrán tributar a la Seguridad Social «como es debido».

Chavarría incide en que lo aprobado por el Gobierno viene a cumplir con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Trabajo Decente para las Empleadas del Hogar de 2013, que el Congreso de los Diputados ratificó el pasado mes de junio. El colectivo llevaba desde 2012 con un régimen propio en la Seguridad Social que se suponía transitorio para alcanzar los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Pero para que esto suceda finalmente han tenido que pasar 10 años y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en la que se fallaba que el país estaba discriminando a estas empleadas y que lo hacía además en base al sexo de estas. 

Discriminadas

Las labores del hogar tienen rostro de mujer y, en buena parte, extranjera. Chavarría confirma que «la inmensa mayoría» de personas que realizan este trabajo son féminas y calcula que «alrededor de un 65%» son, además, de origen extranjero. La discriminación y la precariedad están servidas. Sin embargo, el colectivo confía en que esto sea un primer paso. «Sufrimos mucha precariedad y mucha vulnerabilidad pero la norma es un hálito de esperanza, ilusión y optimismo», afirma. 

Ella misma es muestra de esta realidad. Natural de Honduras, donde ejercía como empleada bancaria, llegó a Cáceres huyendo de la inseguridad de su país y desde entonces ha probado diferentes formas del trabajo en el hogar: «Si trabajas en régimen interno, significa que estás 24 horas los siete días a la semana, con la carga que supone para tu salud, física y psicológica. También trabajé de externa con una empresa que te contrataba por horas: ahí ganas en libertad pero no tienes una estabilidad. Las trabajadoras cobramos alrededor de 6,50 euros la hora mientras que a la empresa se le pagan 14. Menos de la mitad», explica.

Además, quiere poner de relieve el hecho de que los trabajadores extranjeros necesiten probar tres años de arraigo para poder acceder a contratos, lo que crea «un círculo vicioso»: «Que se dejen de bulos, ya estamos acá y lo que queremos es aportar. Por eso es muy importante resaltar la Iniciativa Legislativa Popular que se va a presentar en el Congreso para regularizar a 500.000 extranjeros», expone.

Futuro

Hacer frente a la economía sumergida, suprimir el sistema de régimen interno o la aplicación en el sector de la Ley de Prevención de los Riesgos Laborales son algunas de las demandas por las que las empleadas aún tienen que pelear: «Hemos estado, y estamos, atadas de pies y manos en muchos sentidos pero vamos a seguir creando conciencia, intentado generar un cambio en la sociedad, visibilizarnos y seguir denunciando lo que consideremos injusto», advierte Chavarría quien, además, anuncia la próxima modificación de los estatutos de la asociación para extenderla a toda la región: «Nuestro teléfono no para de sonar con compañeras de todas partes. Juntas y unidas somos más fuertes». 

La sentencia europea que fue detonante

España discrimina a las trabajadoras del hogar y lo hace por razón de sexo. Es lo que decía la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea falló a principios de este año después de que un juzgado de Vigo elevara a esta instancia la denuncia de Mariana, una trabajadora del hogar gallega que sufría una enfermedad y que, apoyada por su empleadora, en 2019 pidió a la Seguridad Social el subsidio del paro. El organismo público se lo denegó, ya que la legislación española entonces lo prohibía expresamente. Ayer esa norma cambió y estas empleadas se equiparan al resto de trabajadores.