El Servicio Extremeño de Salud (SES) creará un centro regional desde el que se organizarán las rutas de las ambulancias. Es una de las novedades del nuevo servicio de transporte sanitario terrestre en la región, que seguirá gestionado por Ambuvital, después de que las empresas que quedaran en primer lugar en la licitación renunciaran a hacerse cargo del mismo por falta de garantías. El centro operativo, del que se encargará la empresa pública Gespesa, estará ubicado en Mérida, en un espacio de unos 300 metros cuadrados aún por definir. Además, el servicio incorporará un sistema informático para que el usuario del transporte programado sepa la hora estimada a la que le recogerá la ambulancia. No hay fecha para la puesta en marcha de esta propuesta, pero se realizará de manera progresiva.
El nuevo contrato de las ambulancias entrará en vigor a principios del mes de octubre, después de que esta semana se haya formalizado la adjudicación en la provincia de Cáceres (el contrato se divide en dos lotes, uno por cada provincia). La firma en la zona norte de la comunidad se ha conseguido después de que la Comisión Jurídica de Extremadura haya desestimado el recurso que había interpuesto el sindicato USO contra la adjudicación en la provincia cacereña. Esta resolución supone el levantamiento de la suspensión temporal del procedimiento y, por tanto, la adjudicación a la empresa Ambuvital del lote de Cáceres ya es definitiva. Falta aún por formalizar el de la provincia de Badajoz, que está pendiente del periodo legal de 15 días hábiles para reclamaciones.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) confía en que ese plazo transcurra con normalidad «para que la población extremeña pueda recibir un servicio cuya nueva licitación se ha preparado minuciosamente para incrementar la calidad del transporte y la seguridad de los pacientes, y que permite a la empresa mejorar las condiciones laborales», afirman desde el SES.
En cambio, la Unión Sindical Obrera (USO) ya ha anunciado que también recurrirá la adjudicación en la zona pacense, aunque aún no ha presentado la documentación. Lo harán en los mismos términos que recurrieron la concesión en la provincia de Cáceres, porque el sindicato sigue oponiéndose a que esta empresa se encargue del servicio ya que, según afirman, carece de un plan de igualdad (aseguran que presentó uno en junio pero sin pasar por el procedimiento habitual), requisito indispensable para contratar con la Junta, y cuenta con varias denuncias y requerimientos de la Inspección de Trabajo por no facilitar los uniformes y no cumplir los horarios.
Se han tardado cuatro meses en adjudicar el servicio, cuya licitación ha estado envuelta en polémica desde que se anunció. Primero el pliego técnico de condiciones fue denunciado por los sindicatos al considerarlo insuficiente para poder prestarlo en condiciones. El Servicio Extremeño de Salud (SES) respondió aumentando el presupuesto en 9 millones de euros, hasta superar los 47 millones para las dos provincias. Pero no ha sido suficiente, ya que una vez realizado el proceso las dos empresas que salieron adjudicatarias, Asistencia Los Ángeles SL, en Badajoz y Nuevas Ambulancias Soria, en Cáceres, renunciaron a hacerse cargo del mismo antes incluso de firmar sendos contratos. El SES actuó conforme a lo establecido en la ley de contratos públicos, que indica que la adjudicación debe formalizarse con la empresa que quedó en segundo lugar.
USO llevará a la Fiscalía la adjudicación a Ambuvital
El sindicato USO de Extremadura llevará a la Fiscalía el concurso por el que se ha adjudicado el nuevo contrato público de transporte sanitario terrestre a la empresa Ambuvital, en el que «ven indicios de prevaricación» y pide que la investigación se extienda a UGT y CSIF «como colaboradores necesarios». La agrupación sindical asegura que la Junta de Extremadura «podría haberse saltado la ley» para adjudicar el contrato a una empresa que «no cumple los requisitos» para contratar con la administración pública.
Creen que «pudieran existir varias personas dentro del SES y otras de fuera del mismo que presuntamente se habrían confabulado para que la licitación del servicio recayera sobre una determinada empresa». Por ello, pedirá a la Fiscalía que investigue «a todas y cada una de las personas por las que ha pasado ese contrato».
El sindicato estudia además cómo llevar este asunto al seno del Parlamento Europeo, ante «la inoperancia de los distintos servicios territoriales de salud de España, a la hora de terminar con los incumplimientos y abusos de las empresas que prestan estos servicios públicos, esenciales para la ciudadanía». Y propone a Sanidad que se plantee la «internalización» de esta prestación.
El SES, por su parte, responde al sindicato que «está en su derecho constitucional» de recurrir y seguirá adelante con el proceso contractual.
