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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El SES creará una lista de sanitarios objetores del aborto

Será un registro similar al que se hizo para la aplicación de la Ley de la Eutanasia. El movimiento feminista aplaude la norma pero matiza varias mejoras

Un grupo de mujeres se manifiesta por el derecho al aborto. EL PERIÓDICO

Un registro de médicos y sanitarios objetores de conciencia similar al creado tras la aprobación de la Ley de Eutanasia. Es lo que hará el Servicio Extremeño de Salud (SES) una vez se apruebe la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya se ha remitido al Congreso de los Diputados tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros a finales del mes pasado.

Cabe destacar que en Extremadura ningún hospital público realiza abortos, al ser el SES en su conjunto objetor de conciencia. Con esta nueva norma tendrá que empezar a hacerlo ya que garantiza el acceso a esta intervención en centros públicos. «El SES está preparado. Tiene todas las herramientas», aseguran fuentes de Sanidad a este periódico: «Precisamente porque la objeción de conciencia se planteó como una cuestión general de la profesión médica, sin opción de individualizarla, la externalización ha sido la única vía para cumplir la ley vigente», añaden.

Estas mismas fuentes resaltan: «El ejemplo de la Ley de Eutanasia es significativo. Una ley que funciona, sin polémicas ni ruido en su cumplimiento y de forma confidencial y discreta».

Hasta la fecha, el SES recoge 717 abortos de mujeres extremeñas este 2022. Con los datos desde 2015 en la mano, se observa que la cifra suele rozar el millar anual, que solo se superó en 2021, con 1.003 intervenciones. 

Son cuatro las clínicas privadas con las que la región tiene acuerdo para derivar a pacientes para estas intervenciones. Se trata de la Clínica Guadiana, en Badajoz; la Multimédica, en Salamanca; Datos, en Madrid; y Ginesur, en Sevilla. Estas dos últimas, tal y como detalla el SES, son las que intervienen en casos de alto riesgo.

La visión feminista

Desde el movimiento feminista se aplaude que se blinde el derecho al aborto en los centros públicos, aunque surgen dudas en cuanto a su puesta en práctica: «En el anteproyecto se dice que se va a regular la objeción de conciencia pero, ¿en qué sentido? Si solo hay una persona no objetora va a haber una listas de espera inmensas y eso va a provocar que al final se mantenga el mismo sistema de derivaciones a la privada, porque los abortos no son intervenciones que puedan esperar», apunta Elena Rodríguez, de Mujeres Abolicionistas de Extremadura. 

La organización también alaba que el nuevo texto retome la interrupción voluntaria del embarazo a los 16 años y recuerda que esa es «la mayoría de edad médica»: «Se trata de volver a la legalidad que se había quitado», argumentan. Del mismo modo, se felicitan por la inclusión de la baja por aborto «como en cualquier intervención médica», además de por el permiso específico para mujeres que sufran reglas muy dolorosas.

Sin embargo, las feministas también tienen varias críticas y señalan matices importantes que «mejorar» en la ley: «Vemos que se vuelve a incluir el concepto de ‘consentimiento’, cuando este no garantiza unas relaciones libres y sanas, como ocurre con la prostitución o la pornografía. Precisamente también se habla de la pornografía como la ‘educación sexual’ a la que tienen acceso los menores, lo cual estamos de acuerdo en que es negativo, pero se especifica la ‘pornografía violenta’, cuando desde el feminismo sabemos que no hay diferencia. Tampoco creemos que repartir condones en los institutos sea lo más eficaz y apostamos por una educación sexo-afectiva en la que se abandone el coitocentrismo y se enseñe que este no tiene que ser la principal forma de relacionarse», detalla Rodríguez.

Esta profesora también critica otros dos puntos: «Es positivo que esta ley recoja la explotación reproductiva como violencia contra la mujer, pero va a quedar en papel mojado mientras no se anule la Instrucción 2010 que permite el registro de niños nacidos de vientres de alquiler en el extranjero. También rechazamos la inclusión del concepto de ‘identidad de género’, puesto que el género no es algo a reivindicar sino una opresión socio-cultural impuesta sobre las mujeres», sentencia.

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