"Pueden estar tranquilos, que mientras esté este Gobierno se va a servir preservando la legalidad, el rigor en la contratación y la adaptación a las normas laborales". Así se ha referido este jueves el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, sobre el proceso de contratación del servicio de transporte sanitario terrestre en la región que ha seguido la Administración regional. "La política es buena porque es la herramienta que solo tienen algunos para poder hacer valer sus derechos, pero el manoseo político, que es lo que están pidiendo indirectamente aquí, es malo", ha manifestado.

De esta forma ha respondido el consejero a las intervenciones de los diputados de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños) y Ciudadanos, que le habían solicitado que subiera a la tribuna de la Asamblea regional para informar sobre el estado de la licitación de las ambulancias. En su intervención, el responsable de la sanidad pública extremeña ha subrayado lo "escrupuloso" de todo el procedimiento de licitación y ha defendido la labor desarrollada por los técnicos del SES.

"En todos y cada uno de los envites ha habido un Gobierno que ha respetado las mesas de contratación en todo momento y así lo seguiremos haciendo", ha resaltado el consejero. "No se ha dejado de prestar el servicio en ningún momento", ha asegurado Vergeles, al tiempo que ha reiterado que en la adjudicación del contrato "en todo momento ha primado la legalidad, la transparencia y el dejar actuar a los técnicos".

Con respecto a la renuncia de las empresas inicialmente adjudicatarias del servicio, Vergeles ha avanzado que en el caso de la provincia de Cáceres "está pendiente de que pongamos las penalizaciones". Cabe recordar que después de que las empresas que quedaran en primer lugar en el proceso de licitación renunciaran al contrato, Ambuvital seguirá con la gestión del servicio en las dos provincias. "Nuestra estimación es que el servicio empiece a prestarse con la nueva contratación en un mes", ha apuntado.

Los grupos parlamentarios

La oposición en bloque ha criticado la gestión de la Junta de Extremadura sobre el servicio del transporte sanitario terrestre en la región. El diputado de Ciudadanos José María Casares ha afirmado que el contrato del servicio de transporte sanitario "sigue siendo un bochorno sin paliativos, va de fracaso en fracaso". "El problema de las ambulancias se está cronificando y es un asunto muy serio del que no hay garantías", ha lamentado.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que el proceso de licitación del servicio se ha realizado "con incidentes" y "sorpresas". "No hay manera de que el servicio de ambulancias funcione con normalidad", ha asegurado el parlamentario. A su juicio, "suena mal" que las dos empresas que ganaron la licitación hayan renunciado, y ha pedido explicaciones a la Junta por esta circunstancia.

La presidenta y portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha considerado que Vergeles "utiliza" a los técnicos como "excusa" ante su "incompetencia" en la gestión del concurso. En este sentido, ha manifestado que "todo apunta" hacia un "dedazo" en la adjudicación "multimillonaria" del contrato de ambulancias, quien ha recordado a su vez que "trabajadores y sindicatos están denunciado prácticas abusivas".

En respuesta a las afirmaciones de Teniente, la diputada del PSOE María de la Cruz Buendía Lozano ha invitado al PP a acudir al "juzgado" si cree que existen irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio. La socialista ha pedido a la oposición que le dé una "oportunidad" al nuevo contrato, además de asegurar que el Ejecutivo extremeño exigirá que se cumplan "todas y cada una de las condiciones" del contrato;