Pequeño empujón a los transportistas. La Junta de Extremadura está preparando una nueva línea de ayudas para las empresas del sector del transporte, que podrán recibir entre 150 y 250 euros por vehículo para paliar las dificultades derivadas de un escenario «tan grave» como el actual, marcado por el encarecimiento de los combustibles y los desequilibrios del mercado tras el fin de las restricciones por la pandemia. La medida fue anunciada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara en el último debate sobre el estado de la región y con el presupuesto disponible (algo más de 2,5 millones de euros) se espera llegar a cerca de 12.000 camiones, furgonetas, autobuses, taxis y VTC de unas 3.700 empresas.
La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda está trabajando ya en la orden que regula la convocatoria, que acaba de cerrar el trámite de consulta pública y presentación de sugerencias. El borrador, que se puede consultar en el Portal de Transparencia de la Junta, no acaba de satisfacer al colectivo. «Que se den ayudas es lógicamente siempre bueno, pero con 2,5 millones de euros para todos los sectores las cifras son absolutamente insuficientes: 200 euros por tarjeta de empresas y 150 o 100 euros por vehículo. Eso desde luego no es una medida que palie enormemente la crisis del sector. Bienvenida, porque cualquier ayuda es bienvenida, pero las cuantías nos resultan irrisorias», dice al respecto Alonso Sánchez Álvarez, secretario general de la Asociación de Transportistas de Extremadura (Asemtraex).
«La situación, tanto en mercancías como en viajeros, sigue siendo igual de crítica que era»
Aunque en las últimas semanas los precios del combustible se han contenido, Sánchez explica que el sector sigue «en las mismas condiciones» y estima que desde que comenzara el año los costes para los profesionales se han incrementado entre un 30% y un 35%. Se aprecian pequeñas subidas en los precios, pero «no son en absoluto las que deberían ser para cubrir bien los costes», afirma. «Muchas de las empresas están trabajando a pérdidas y la situación del sector, tanto de mercancías como de viajeros, sigue siendo igual de crítica que era», apunta. Y pone un ejemplo, el de la misma administración: «ahora han salido las licitaciones del transporte escolar sin que por parte de la Consejería de Educación y Empleo se haya admitido ninguna mejora de los costes debido a los incrementos brutales del precio de los combustibles».
En la misma línea se expresa Germán Martínez, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, el colectivo que más activamente ha protestado y se ha movilizado en los últimos meses. «Vamos aportar unos matices porque las condiciones no son las acertadas y vamos a intentar mejorarlas entre todos», dice Martínez. Prefiere no adelantar nada, porque tiene pendiente una reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, donde presentarán sus propuestas.
«Cualquier ayuda es buena, pero hay que mejorarlas y sobre todo, hacer cumplir la ley»
«En líneas generales, cualquier ayuda bienvenida sea, pero ahora que ya tenemos el decreto-ley que impide el trabajo a pérdidas, lo que interesa es que se cumpla, porque todavía hay muchas agencias que incumplen y no pagan lo que tienen que pagar», afirma Martínez.
Un 30% más de costes
Según se recoge en el borrador de la orden, el objetivo de estas ayudas es promover la sostenibilidad económica de las empresas del transporte en Extremadura, un sector «especial e intensamente afectado» por el encarecimiento de los precios de la energía, dada su dependencia cotidiana del consumo de carburantes. El Ejecutivo regional reconoce que en la actualidad hay una «importante dificultad» para que el coste de la partida energética pueda ser trasladado, vía precio del contrato, a sus respectivos clientes. La subida de los carburantes ha supuesto una afectación cercana al 30% de los costes de actividad del transporte, a lo que hay que añadir el incremento de otras partidas como neumáticos o lubricantes.
En este contexto, se opta por un sistema de concesión directa mediante convocatoria abierta hasta agotar el crédito disponible. Las ayudas son de carácter excepcional y «a expensas de la evolución que pueda darse en la inflación de precios y, en particular, en el incremento del coste de los carburantes», se limitan a una única convocatoria en 2022.
Se concederá una cuantía por cada vehículo que figure adscrito a cualquiera de las clases de autorización recogidas en la orden: mercancías discrecional pesadas y ligeras, viajeros, taxis y vehículos con conductor (VTC). En el caso de mercancías pesadas y autobuses de viajeros, se contempla además una cantidad fija por empresa, de 200 y 150 euros, respectivamente. La cuantía máxima no puede exceder de 200.000 euros por cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso del transporte de mercancías.
Según las previsiones de la Junta, de estos 2,5 millones de euros en ayudas se podrán beneficiar hasta 7.299 camiones (200 euros por empresa más 187,5 euros por vehículo); 2.356 autobuses con autorización de transporte público (150 euros por empresa más 142,5 euros por vehículo); 882 taxis y 194 VTC (150 euros en cada caso), y 1.042 vehículos de mercancías ligeras (250 euros por cada uno).
