Vuelve la polémica por el dumping fiscal entre comunidades autónomas. La decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el impuesto de patrimonio ha puesto el foco sobre este tributo, que en general solo tienen que declarar los contribuyentes con un patrimonio superior a los 500.000 euros. En Extremadura no es un impuesto con gran peso en las arcas autonómicas debido al escaso número de declarantes (1.242 en 2021), pero según el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que elabora el Consejo General de Economistas de España, la región es la que tiene los tipos más altos. Los datos provisionales que maneja la Consejería de Hacienda apuntan además que el año pasado la recaudación se incrementó un 13%, al pasar de los 5,3 millones de euros de 2020 a 6,03 en 2021. En 2022 se prevén 5,5.
El impuesto sobre el patrimonio es un tributo cedido a las comunidades autónomas, de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas, ya sean propiedades o depósitos bancarios. Hay exenciones, siendo una de las más importantes la de 300.000 euros que se aplica sobre la vivienda habitual: una casa valorada en 500.000 euros perteneciente a un matrimonio en régimen de gananciales se declararía por mitades (250.000 euros cada cónyuge), por lo que estaría exenta. También lo están, con condiciones, los bienes y derechos ligados al desarrollo de la actividad profesional y las participaciones en entidades societarias.
«Suprimir el impuesto puede generar más riqueza a medio y largo plazo, pero a costa de un menor efecto redistributivo»
El impuesto fue suprimido en 2008 con una bonificación estatal del cien por cien, pero posteriormente el real decreto-ley 13/2011 lo restableció con carácter temporal para 2011 y 2012 (años de recortes por la Gran Recesión) e introdujo algunas novedades, entre ellas un mínimo exento de 700.000 euros en general para todos los contribuyentes y los 300.000 euros de la vivienda habitual. Desde entonces se ha ido prorrogando año a año, hasta que en la ley de presupuestos del Estado para 2021 se restableció con carácter indefinido.
Competencia autonómica
Las comunidades tienen capacidad normativa sobre el mínimo exento, el tipo de gravamen, las exenciones de las personas con discapacidad y las deducciones y bonificaciones. En este contexto, y en respuesta a la decisión del Gobierno, Madrid aprobó el año pasado una bonificación del cien por cien, de forma que ningún contribuyente de este territorio tiene que pagar impuesto de patrimonio.
Era la comunidad que más recaudaba por el tributo (en 2021 dejó de ingresar 992 millones de euros), seguida de Cataluña (obtiene 546,5 millones anuales), Comunidad Valenciana (156,3) y Andalucía (93.3), que según acaba de anunciar su presidente, el popular Juanma Moreno, se sumará a Madrid y también lo bonificará al cien por cien.
En Extremadura el mínimo exento se rebajó a 500.000 euros (600.000, 700.000 y 800.000 euros para personas con discapacidad, en función del grado), pero según el informe de los economistas de España, es actualmente la región con mayor presión sobre el tributo. Y lo explica con tres ejemplos: una persona con un patrimonio de 800.000 euros pagará por el impuesto 1.099 euros en Extremadura (en este caso es la segunda cifra más alta, solo por detrás de Aragón con 1.164) y 200 en La Rioja, Castilla y León, Castilla la Mancha y Canarias, las mas ‘baratas’; un patrimonio de cuatro millones de euros tributará en Extremadura con 59.919 euros frente a los 32.000 de Navarra, y por 15 millones se abonarían 418.155 euros, frente a los 226.000 de Navarra.
José Manuel Cordero Ferrera, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex), afirma que al aplicar la exención de 300.000 euros sobre la vivienda habitual, en una región «relativamente pobre» como Extremadura, el número de contribuyentes cae en picado. Según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, fueron 1.242 en el año 2021, con una recaudación total provisional de 6,03 millones de euros.
Poco impacto en Extremadura
Suprimir el impuesto no tendría a todas luces un fuerte impacto en las arcas autonómicas, pero Cordero recuerda que se trata de un impuesto directo y por tanto, «con un componente ideológico evidente». «Eliminarlo es liberar del pago a las personas que tienen más capacidad», recuerda. Pero al mismo tiempo, también es cierto que España es uno de los pocos países que lo mantiene y que tal y como alegan Madrid y ahora Andalucía, su supresión puede ayudar a que se asienten en estos territorios más grandes fortunas, que a su vez tributarán más por IRPF o los impuestos ligados al consumo. En definitiva, «generar más riqueza a medio y largo plazo, pero a costa de un menor efecto redistributivo». «Puede haber más comunidades que tomen la medida, pero las que seguirán la tendencia serán las más ricas», vaticina Cordero.
En Extremadura, Guillermo Fernández Vara ya lo ha dejado claro: «Tienen que pagar más los que más tienen para que puedan recibir más los que más lo necesitan», dijo este lunes al ser cuestionado por el asunto. Fernández Vara rechazó políticas fiscales «de la tómbola del Maño» como las de Juanma Moreno y consideró que el camino debe ser el contrario: volver a un escenario tributario más homogéneo en España.
Por su parte, la líder del PP, María Guardiola, aseguró ayer que quiere una comunidad «fiscalmente atractiva» y que tiene «muy claro» que la primera medida que tomará si gana las elecciones será «una revolución fiscal» para bajar impuestos a las familias y que las empresas vean a Extremadura «muy atractiva» para invertir.
