El sector de la construcción da por hecho que el decreto autonómico que permite revisar la alza el precio de los materiales quedará derogado y teme que eso deje en el aire al menos 300 millones de euros de inversión pública. En el sector agradece en una nota conjunta de las Confederación Nacional de la Construcción (CNC) de Cáceres y Badajoz el «esfuerzo que ha desempeñado la Junta de Extremadura en la búsqueda de una solución que solventara estas desviaciones económicas en los contratos y que nos permitiera poder llevar a cabo estas inversiones» y pide al Gobierno central a buscar «una solución real al problema económico que se ha planteado en estos contratos por causas sobrevenidas e imprevisibles y que en ningún caso son imputables al contratista, si es que de verdad queremos ejecutar dichos contratos».
El temor del sector de la construcción se sustenta en el conflicto jurídico que se planteó el pasado mes de junio entre la Junta de Extremadura y el Estado en el que, según se les ha trasladado, se ha impuesto el criterio estatal. La cuestión es que la Junta planteó como alternativa para compensar el incrementos de los precios de los materiales empleados en las obras (por encima del 35% según la CNC) una disposición adicional en la ley de presupuestos de 2022, que posibilitaba el restablecimiento del equilibrio económico de dichos contratos; y esa medida la asumieron después las dos diputaciones y los ayuntamientos. Sin embargo el Estado entendía que se estaban invadiendo competencias y el pasado mes de junio se creó una Comisión Bilateral de Cooperación Estado Comunidad Autónoma, para resolver las diferencias. «Ante el conflicto jurídico que se ha planteado por parte del Estado, la Administración Autonómica se va a ver obligada a retirar dicha disposición en un futuro inmediato», aseguran desde la CNC.
Otra fórmula estatal
Si eso sucede, todos esos contratos solo podrán acogerse a la fórmula de revisión de precios que contempla ya el Estado y que es menor a la que planteó después la Junta de Extremadura: contratos que tendrían una compensación económica en el entorno del 30 %, según la normativa autonómica pasarán a tener una compensación en el entorno del 12 % en el caso de que se pueda autorizar.
El colectivo ve «del todo inadmisible» que se pretenda solucionar una desviación económica producida por una crisis energética y de falta de materias primas y que «de manera explícita se haya excluido el índice de energía a la hora de calcular dichas cantidades» y tampoco entienden cómo en una obra que tiene derecho a ser revisada, tan solo se tengan en cuenta cuatro materiales. «Es incomprensible que el Estado ponga un tope del 20% a la cantidad máxima que se puede compensar en un contrato como resultado de la aplicación de esta revisión», ahondan.
Junto a eso el sector lamenta también que tengan que asumir el encarecimiento que anotan en las actuales circunstancias los materiales en los 8 meses que tardan en resolverse las licitaciones de media y piden que sea actualicen los índices de revisión de precios (los últimos corresponden a diciembre de 2021). «Si no se adapta de forma urgente la fórmula de revisión de precios del Estado de forma que recoja la subida real de los materiales que intervienen en una obra, en los próximos meses nos veremos abocados a la resolución de infinidad de contratos y al abandono de multitud de obras», zanja el sector.
