La Junta de Extremadura no podrá establecer medidas de compensación en los contratos de obra pública anteriores a 2021, en aquellos casos en los que se origine un sobrecoste derivado de un alteración «extraordinaria e imprevisible» de los precios de los materiales. El decreto ley 1/2022 de 2 de marzo de medidas urgentes en la calidad de la contratación para la reactivación económica otorgaba en una disposición adicional potestad a la Consejería de Hacienda para establecer medidas de compensación por sobrecostes. Lo hacía al margen de lo que ya establece la ley estatal que permite la revisión de precios, más restrictiva porque establece un tope (20%) y lo limita a las obras iniciadas en 2022; mientras tanto la norma autonómica, que introdujo la cláusula en la ley de presupuestos de 2022, lo extendía al año anterior. Esa cuestión fue una de las que motivó que se creara el pasado mes de junio una Comisión Bilateral de Cooperación para abordar la discrepancia sobre este decreto de las dos administraciones. La otra fue el artículo del decreto extremeño que establecía que la oferta económica no tenga un peso superior al 60%, otra cuestión sobre la que Gobierno central pidió explicaciones.

Todos los nuevos contratos de obra sí deberán incorporar una cláusula de revisión de precios

El texto con el resultado de esa negociación no se ha publicado aún pero según confirman desde la Consejería de Hacienda, en lo que se ha impuesto el criterio del Gobierno central es en la revisión de precios que planteó la Junta de Extremadura para todas las obras ya en marcha este año (iniciadas en 2021) que se verían sacudidas por el incremento de precios de los materiales derivado de la crisis energética y la guerra en Ucrania. Como consecuencia, «se dejará sin efecto en el medio plazo la habilitación que se establecía a la titular de Hacienda para establecer medidas de compensación de los contratos ya en ejecución». Desde el departamento de Hacienda sostienen, que la decisión se ejecutará de forma progresiva.

La oferta económica

Es el principal cambio porque la discrepancia sobre el peso de la oferta económica se ha saldado a favor del criterio de la Junta para limitar los contratos a la baja. «El peso de la oferta económica se mantiene como señalaba el decreto», esto es, que se podrá topar con el 60% del total en el caso de la obra pública, para poner en valor otras cuestiones como la calidad o la innovación; y no podrá superar el 30% cuando se trate de contratos de servicios. Sí que se modifican en este caso otras cuestiones menores relativas al papel de los órganos de contratación, que serán ahora los responsables de velar por el cumplimientos con las condiciones establecidas. 

El acuerdo de la comisión mantiene además «la obligación» de incluir las revisiones de precio «en los pliegos de los nuevos contratos de obra». No es una cuestión menor, según señalan en Hacienda, porque sigue habiendo pliegos que los obvian y eso complica afrontar después los desvíos derivados de sobrecostes sobrevenidos en la obra.

Las Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en Extremadura ya señaló ayer que la nueva situación jurídica que regulará estos contratos pone en riesgo la ejecución de proyectos por valor de 300 millones, solo en el caso de la administración autonómica. El colectivo reclamaba una solución «real» al problema de los sobrecostes y desvíos que el alza del precio de los materiales está originando.