A principios del pasado mes de septiembre unos estudiantes que regresaron a Badajoz para retomar sus estudios universitarios tras el parón del verano se llevaron la sorpresa de que las llaves de acceso a su vivienda no entraban en la cerradura. La habían alquilado el curso pasado, se marcharon en junio por las vacaciones estivales y en ese tiempo unos okupas accedieron a su interior y cambiaron el bombín. Tras la presión de los vecinos, que organizaron hasta una cacerolada para expulsarlos, los okupas decidieron marcharse, a los pocos días, de madrugada y encapuchados, para evitar ser reconocidos. Después la policía consiguió detenerlos, acusados de un delito de daños y otro de apropiación indebida. De la vivienda se han llevado casi todo: ordenadores y enseres de los estudiantes, ropa de cama, un televisor, un congelador,...

Los vecinos de la barriada en la que ha ocurrido el incidente, en el entorno del hospital Perpetuo Socorro, temen ahora que pueda producirse un efecto llamada y que sus hogares se conviertan en objetivo de los okupas. No sería lo habitual, porque en la región la ocupación ilegal pasa casi desapercibida.

Según los datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de este año (última estadística disponible) en Extremadura solo se celebraron ocho juicios verbales posesorios por este motivo, un proceso civil dedicado a recuperar, de forma inmediata, la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente (ocupación ni consentida ni tolerada) y restituirlo a su legítimo poseedor. Según esta estadística, es la quinta comunidad autónoma donde menos juicios de este tipo se tramitaron, por detrás de Navarra (2), La Rioja (6), Asturias (6) y Aragón (7). En todo 2021 se celebraron 33 procedimientos. Hay muchos más desahucios que ocupaciones, a juzgar por los lanzamientos que se tramitaron en los tribunales extremeños: 128 en el primer trimestre de 2022 (28 por impago de hipoteca) y 448 en todo el 2021 (104 por ejecuciones hipotecarias).

Atendiendo a estas cifras, en la región se celebran 0,8 juicios por ocupación ilegal por cada 100.000 habitantes, también a la cola del país; por detrás de Navarra (0,2), País Vasco (0,5),_Aragón (0,5), Asturias (0,6) y Madrid, que iguala la tasa con Extremadura (0,8).

«El okupa nunca adquiere ningún derecho sobre la vivienda, no es cierto lo de las 48 horas»

Rafael Estévez - JUEZ DECANO DE CÁCERES

Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la comunidad extremeña solo se imputaron dos infracciones penales por allanamiento de morada en todo 2021, el 4,26% de todas las personas investigadas por este asunto en el conjunto nacional (47)._Además se investigó en Extremadura a otras dos personas en 2020 y ninguna en 2019, en 2018 y en 2017.

Se recupera en horas

Que la ocupación es algo prácticamente insignificante en la región lo confirma también el juez decano de Cáceres, Rafael Estévez, quien asegura que cualquier víctima puede recuperar su vivienda en cuestión de horas. Según explica, existen dos procedimientos para conseguir expulsar a los okupas. El más rápido es el que se tramita por la vía penal y consiste en interponer una denuncia en la Policía Nacional o en los juzgados. Una vez hecho esto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acuden a la vivienda para confirmar que está siendo utilizada de forma ilegal por terceras personas. Se les pide si cuentan con algún tipo de contrato de arrendamiento y se entrevistan con los vecinos para saber si los conocen y averiguar cómo han accedido a la misma. Si confirman que ha sido ocupada de forma ilegal, les ordenan el desalojo inmediato, independientemente de que a ella hayan accedido o no por la fuerza. Después, el procedimiento continuará en los juzgados, pero la recuperación de la casa se efectúa en el momento de la denuncia.

«El delito de ocupación dura todo el tiempo que una persona ocupa una vivienda, por eso la policía puede actuar en cualquier momento, porque el okupa nunca adquiere ningún derecho sobre la vivienda», afirma Rafael Estévez. Y desmiente la idea de que, a las 48 horas del allanamiento, la casa pasa a ser de quien la ocupó. «Se invoca a un falso protocolo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero es un protocolo que no existe. Se ha transmitido con el boca a boca, pero es falso», insiste.

El otro procedimiento se tramita por la vía civil, pero es mucho más lento porque hasta que no se emite la sentencia no se permite el desalojo de la vivienda. En Extremadura se tarda en resolver, de media, unos 14 meses.