El Tribunal Constitucional decidirá esta semana si admite o no a trámite el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición total del complejo Marina Isla de Valdecañas. Estudiará así los cuatro recursos presentados tanto por los propietarios de las construcciones, como por la promotora del complejo, por la Junta de Extremadura y por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. Fueron presentados de forma independiente pero se estudiarán en su conjunto al solicitar todos lo mismo: la paralización del derrumbe del resort de lujo.
Han pasado ocho meses desde que las apelaciones llegaran al Constitucional y su debate está previsto en el pleno de esta semana, que ha comenzado este martes y durará hasta el próximo jueves. Si todo va como se espera será este miércoles cuando los magistrados emitan una resolución, a pesar de que habitualmente los dictámenes no se dan a conocer hasta los jueves, el último día del pleno semanal. Pero al tratarse de un tema tan mediático y que lleva encallado en los tribunales 15 años, desde que en 2007 Ecologistas en Acción y Adenex denunciaran la aprobación del Proyecto de Interés Urbanístico (PIR) que dio origen a la construcción del resort, se ha decidido adelantar la decisión.
Lo que hará ahora el Constitucional será determinar si admite o no a trámite el recurso interpuesto por las partes, lo que ya supondrá un paso importante, aunque la decisión definitiva sobre si deja o no sin efecto la sentencia del Supremo que ordena el desalojo de Valdecañas o confirma ese fallo tardará todavía. Si se admite, el tribunal deberá estudiar la sentencia en cuestión y los recursos presentados para emitir un fallo.
A la expectativa
Solo el hecho de que se abra la puerta al análisis de las apelaciones «ya sería muy positivo». Al menos así lo reconoce el abogado de los propietarios de las construcciones, Luis Díaz-Ambrona. «Si se admite es un paso muy importante porque el Constitucional tumba el 90% de los recursos de este tipo. Si lo admite significa que por lo menos hay matices para poder estimar el recurso», señala el letrado.
«Si se admite es un gran paso porque el Constitucional tumba el 90% de los recursos de este tipo»
En el caso de que el Constitucional decida admitir a trámite las alegaciones lo que debatirá después será la unificación de criterios, ya que existen dos sentencias que dan órdenes diferentes. Una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) del año 2020, que insta a demoler solo lo que está a medio construir y mantener las 185 villas, el hotel y las instalaciones de ocio (en el año 2011 el tribunal extremeño ordenó su demolición total y el Supremo lo ratificó, pero casi una década después el TSJEx se retractó e instó solo a tirar una parte al considerar materialmente imposible el derribo al completo, por el coste que supondría, 145 millones de euros). La otra sentencia es la dictada por el Supremo en febrero de este año, que obliga, otra vez, a derruir el resort al completo. Por tanto, no está en debate la legalidad del complejo Marina Isla de Valdecañas, sino si se debe mantener una parte o si se debe tirar todo, lo construido y lo que está a medias.
Con esta decisión se cerrará la vía judicial en España, tanto si se admite a trámite como si no (si ocurre esto último supondrá que el Constitucional confirma la sentencia del derribo). Pero no se agota la batalla judicial, sino que hay otras posibilidades en Europa, que pasan por la presentación de otros recursos al Tribunal de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todas las partes afectadas, incluida la Junta de Extremadura, ya han advertido en varias ocasiones que agotarán todas las alternativas judiciales a su alcance para conseguir paralizar el fallo que pide derrumbar al completo el complejo y devolver al estado original el terreno.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha referido este martes también a la tramitación del recurso en el Tribunal Constitucional y ha incidido en el «respeto» y «acatamiento» a las decisiones judiciales. «Esto es siempre así y seguirá siendo así, y lo contrario es hacer trampas porque no hay que decir que cuando los jueces me dan la razón, la tengo, y cuando no, es que son muy malos», ha subrayado, al tiempo que ha hecho hincapié en que «los ciudadanos tenemos que acatar lo que digan los tribunales, nos guste más o menos». Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico siempre ha defendido mantener en pie el resort.
El proyecto de demolición, a la espera del Supremo
Tras la sentencia del pasado febrero en la que el Supremo volvía a instar a su derribo total, y con el objetivo de hacer cumplir dicho fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) emitió un auto en el que daba un plazo de ocho meses (cumple antes de diciembre) a la Junta de Extremadura para elaborar un proyecto de demolición. Debía contener todas las medidas y necesidades de demolición, revegetación, adjudicaciones, gestión de residuos, declaraciones de impacto ambiental... requeridas para derribar por completo el complejo y dejar la isla en su estado natural. El mismo fallo ordenaba también a la Administración regional definir una fecha para desalojar el complejo residencial y turístico.
Nada de esto se ha hecho, pero ese plazo no está corriendo. Según confirma el TSJEx a este diario, los trámites están paralizados al haber presentado las partes, entre ellas también la Junta de Extremadura, un recurso al Tribunal Supremo contra esa sentencia, alegando que el dictamen se basa en que el complejo está construido sobre una Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) que nunca fue declarada de forma oficial.
Y es que, tanto los propietarios como el promotor consideran que la declaración no llegó a formalizarse porque nunca se aprobó en Consejo de Gobierno. La Junta de Extremadura ha reconocido incluso que esta catalogación no llegó a oficializarse; aunque lo cierto es que hasta 2007 (la Zepa Embalse de Valdecañas se declaró en 2003), no se dictó la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, por la que se estableció en España un procedimiento concreto y común para la catalogación de las Zonas de Especial Protección para las Aves. Los espacios catalogados con anterioridad a esa fecha, como es el caso de Valdecañas, carecían así de un reglamento específico.
Por lo tanto, hasta que este recurso no se resuelva, el plazo de ocho meses que dio el tribunal extremeño al Ejecutivo autonómico para tener preparado el proyecto de derribo del complejo está paralizado.
