El futuro de Valdecañas sigue en el aire. El Tribunal Constitucional (TC) debía haber resuelto en la reunión del pleno de este miércoles si admite o no a trámite el recurso presentado por la Junta de Extremadura, los propietarios de las viviendas, la promotora del resort y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición del complejo al completo. El asunto ha llegado a tratarse en la reunión pero sus miembros, con el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla como ponente, han decidido que necesitan más tiempo para analizar el asunto, por lo que volverá a debatirse en el pleno del mes de noviembre, para el que aún no hay fecha.

Por tanto la orden de derribo del resort de lujo vuelve de nuevo a paralizarse a la espera de la decisión del Constitucional. Lo que deben decidir los magistrados es si admiten o no a trámite las alegaciones presentadas, por lo que al futuro del complejo le espera aún un largo recorrido. De admitirse a trámite el TC lo que hará será estudiar en profundidad la sentencia y los argumentos de los recursos para resolver después si los estima o los rechaza. Si no admite a trámite las alegaciones supondrá la confirmación de la sentencia del Supremo y por tanto la ratificación del derribo del complejo, con lo que se cerraría el proceso judicial.

Tal y como ha informado este martes este diario, no se debatirá la legalidad del resort levantado en el paraje de Valdecañas, sino que los magistrados deben unificar el criterio judicial, ya que existen dos sentencias con órdenes diferentes. Una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que insta a demoler solo la parte que está a medio construir y mantener en pie y mantener las 185 villas, el hotel y las instalaciones de ocio. En realidad el tribunal extremeño ordenó derribarlo al completo en el 2011, decisión que ratificó después el Supremo, pero casi una década después se retractó y exigió que se tirara solo una parte, aludiendo al elevado coste que supondría demolerlo todo, unos 145 millones de euros.

La otra sentencia la dictó el Tribunal Supremo en febrero de este año y en ella se ordenaba de nuevo la destrucción total del resort y devolver el terreno a su situación actual. Contra esta es contra la que las partes han presentado recurso de amparo al Constitucional. Además también se recurrió al mismo Supremo este mismo fallo porque los afectados consideran que la resolución se basa en que el complejo se construyó sobre una Zona de Especial Protección Para las Aves (Zepa) que nunca llegó a declararse de manera oficial porque no se aprobó en el Consejo de Gobierno. Esta otra apelación también está pendiente de resolución.

Con la decisión del TC se cerrará la vía judicial en España, pero todavía existen otras alternativas, como pedir amparo al Tribunal de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las partes ya han anunciado que llegarán hasta el final para conseguir que Marina Isla de Valdecañas se mantenga en pie. Ya llevan más de 15 años de pleitos.

Pero este no es el único frente judicial abierto. Los propietarios de las edificaciones presentaron también recursos al Supremo contra las sentencias que ilegalizaban el complejo bajo el argumento de que se basan en la declaración de una Zona de Especial Protección Para las Aves (Zepa) que nunca llegó a formalizarse porque no se aprobó en Consejo de Gobierno. Existe un debate con respecto a este asunto porque hasta el año 2007 no se dictó la Ley de Patrimonio Natural y Biodivesidad, por la que se estableció en España un procedimiento concreto y común para la catalogación de las Zepas. Los espacios declarados con anterioridad a esa fecha, como es el caso de Valdecañas, carecían así de un reglamento específico.

Este hecho abre una nueva puerta a la legalización del resort, por eso se han presentado varias apelaciones contra las sentencias que declaraban su ilegalidad bajo el argumento de la Zepa. No se trata de recursos al uso, sino de un procedimiento especial que se puede presentar cuando se haya producido o conocido un hecho excepcional que podría haber cambiado los términos de sus fallos. Tampoco hay resolución todavía.

Y hay un tercer asunto en los tribunales: el recurso que las partes presentaron al Supremo contra el auto de TSJEx que rechazaba paralizar la orden de derribo del complejo. El tribunal extremeño dio ocho meses a la Junta de Extremadura para que elaborara un proyecto de demolición. Debía estar concluido antes de diciembre, pero el plazo se ha paralizado a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre las alegaciones presentadas por las partes.