El proyecto del macrovertedero de residuos industriales de Salvatierra de los Barros no está muerto. La empresa promotora ha presentado un recurso de alzada contra el archivo del expediente que determinó el pasado lunes la Junta de Extremadura, según ha anunciado este viernes la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García. Lo ha dicho en una comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre el proyecto Complejo de Gestión Medioambiental (la instalación de tratamiento y eliminación en vertedero de residuos industriales), promovido por 3RS Gestión MA Extremadura, en Salvatierra de los Barros. "La empresa ya ha presentado un recurso de alzada contra el archivo del expediente del día 24 d octubre, con toda la diligencia en este caso que no tuvo para presentar la documentación en plazo", ha recalcado.
El paso dado por la promotora mantiene vivo el proyecto y supone ahora que "igual que nuestra obligación era tramitar el expediente, lo es resolver el recurso, y tramitar otro proyecto si la empresa vuelve a presentarlo", ha advertido la responsable del área de Transición Ecológica. García ha señalado que "la Junta comparte la intranquilidad, que han manifestado los vecinos de Salvatierra y los pueblos del entorno", y ha recalcado que la administración regional, "lo único que ha hecho es lo que podía hacer, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Y no hacerlo era caer en la prevaricación". "Si el proyecto vuelve a presentarse tendrá que cumplir todos y cada uno de los requisitos que marca la ley", ha insistido también.
"Igual que nuestra obligación era tramitar el expediente, lo es resolver el recurso ahora, y tramitar otro proyecto si la empresa vuelve a presentarlo"
La empresa en diciembre de 2021 el procedimiento para construir el macrovertedero y el 7 de marzo de 2022 la Junta de Extremadura hizo un requerimiento porque la documentación presentada "era claramente insuficiente". La relación de mejoras que se pedían era «un amplio listado de exigencias que ocupaba nueve folios y ponía de manifiesto que en marzo de 2022 el proyecto presentaba múltiples carencias», y entre ellas: «una descripción de infraestructuras y edificios, la descripción de residuos que iba a tratar la planta y el origen de los mismos, la capacidad de tratamiento, una mayor definición de los equipos y procedimientos usados, un presupuesto acorde al proyecto; la descripción del emplazamiento, incluidas las características hidrogeológicas y geológicas; el plan de emergencia, una descripción de medidas adoptadas en cuanto a control de gases y mayor detalle respecto a a la protección frente a emisiones atmosféricas; protección de suelo y afección de aguas subterráneas, y un examen de alternativas del proyecto».
La empresa solo aclaró una parte de lo que se le requería
La Junta no logró comunicar a la empresa los problemas detectados y por eso el 26 de abril se publicó en el BOE "el anuncio de intento de la notificación de la subsanación". Ante esa notificación, el promotor remitió a mediados de julio "parte de la documentación, pero no toda la que se había solicitado en el requerimiento de marzo", ha puntualizado. En septiembre la Junta ha solicitado por segunda vez, antes de que se iniciara el trámite ambiental, «aclaraciones ya solicitadas en el mes de marzo, entre ellas, la necesidad de concretar residuos, tanto origen como cantidades que se van a tratar en la planta, y justificar la viabilidad técnica del proceso de inertización propuesto», ha explicado la consejera que reconoce que, a pesar de las «carencias», el 27 de septiembre, «contando con que el proyecto contaba con los requisitos formales mínimos exigidos por la ley, se envía a información pública el expediente».
Según ha explicado Olga García, cuando el 5 de octubre se publica en el DOE el anuncio por el que se somete a información pública el expediente de solicitud de autorización ambiental, «dábamos cumplimiento a lo que marca la ley», porque ese trámite «no es potestativo de esta administración sino que forma parte del procedimiento y se le ha dado publicidad cuando tocaba». La consejera ha respondido a las críticas de las últimas semanas de vecinos y oposición sobre el «oscurantismo» con el que se ha llevado a cabo todo el trámite. Esas críticas se han escuchado de nuevo este viernes. «Se ha seguido la misma tramitación que otros proyectos y ha habido total transparencia por parte de la Junta de Extremadura respecto de las instituciones y organismos afectados», ha defendido. «Es un proyecto controvertido con posibles afecciones medioambientales y ya informé que íbamos a ser exigentes y y estrictos en su tramitación», ha recordado también la consejera.
La empresa solicitó un mes de prórroga dos días antes de que terminara el plazo de subsanación, y se le denegó
Según ha explicado, el 18 de octubre, justo dos días antes de que se cumpliera el último plazo de 10 días dado a la empresa para completar la documentación, la empresa solicitó una prórroga de un mes para completar la información que se le pidió en marzo, aunque se le denegó porque «se consideró que no había razón». La consecuencia inmediata de eso fue la resolución del 24 de octubre, en la que se dictó el archivo de expediente, que se comunicó al promotor. Aun así, se tramitó documentación complementaria que la empresa sí llegó a entregar el 21 de octubre, un día después de expirar el plazo de subsanación. «Al valorarla se consideró que sigue sin darse cumplimiento a la petición de aportar toda la información disponible y el 26 de octubre se firma resolución confirmando el archivo», ha puntualizado Olga García.
Gestión "muy cuestionable" de la promotora del vertedero
La consejera ha cuestionado la "deriva populista y alarmista" de los grupos de la oposición que en otros territorios en los que gobiernan sí han aprobado proyectos similares. "Sorprende que el archivo administrativo tampoco guste a algunos. Si el expediente se tramita, mal; si se archiva, también mal", ha dirigido a los grupos de la oposición.
También ha criticado la gestión del procedimiento por parte de la empresa: "independientemente de los procesos administrativos, los mecanismos de gestión social y del proyecto por parte de la empresa promotora han sido muy cuestionables por no decir pésimos". "No comprendo como no han entendido que no es posible plantear un proyecto de estas características sin un mínimo de apoyo social y sin una transparencia radical; pero eso es responsabilidad exclusiva de la empresa puesto que tiene experiencia sobrada en este sentido, por ejemplo en Murcia", ha recalcado.
"Los mecanismos de gestión social y del proyecto por parte de la empresa promotora han sido muy cuestionables por no decir pésimos", ha señalado Olga García
La responsable del área de Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa el debate de los residuos industriales que se generan en Extremadura que se remiten ahora a otras comunidades autónomas, en Castilla y León y Andalucía. "Hay que dar una respuesta a ese problema", ha señalado y ha recordado que el plan de residuos que está em trámite en estos momentos recoge que hay que arbitrar una solución antes de 2024 desde el ámbito privado, "y si no desde el ámbito público", ha recordado.
Críticas de la oposición por el "ocultismo" con el proyecto
Todos los grupos de la oposición han criticado la gestión del proyecto por parte de la Junta de Extremadura, a la que han acusado de "oscurantismo", "ocultismo" y falta de "transparencia" con la gestión de la tramitación. El diputado del PP, Bibiano Serrano, ha valorado que lo que se persigue con este archivo es ganar tiempo hasta que pasen las elecciones, o bien que el proyecto se judicialice "y sea un juez el que diga que se tiene que hacer el proyecto". El diputado ha calificado de "vodevil" la tramitación del vertedero: "Nadie se cree lo que ha ocurrido y lo que están contando de que nadie sabía nada", y ha señalado al alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, que ha seguido esta intervención en el pleno desde la tribuna de invitados. A su juicio no es creíble que se inicie el trámite, y en el ayuntamiento "nadie le pregunta a la empresa qué es lo que va a hacer allí". "Si es así, no puede ser más tiempo alcalde de Salvatierra de los Barros, y si no es así, ha estado tapando todo este tiempo el proyecto", le ha dirigido.
Por parte de Ciudadanos, Fernando Baselga, ha cuestionado que la comparecencia "no ha dado por zanjado el proyecto, sino que lo que viene a decirnos en el fondo es que el vertedero seguirá adelante". Ha señalado que "Extremadura hoy por hoy no necesita una planta así y ojalá la necesitase porque eso sería síntoma de que hay industria"; y también ha planteado que en el caso de que llegue a haber una instalación de esas características, debe ser "un vertedero controlado por la administración y en una localidad donde no causara perjuicio a los vecinos". Baselga ha acusado al alcalde de la localidad de "haber engañado" a los vecinos.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha felicitado a los alcaldes y vecinos por haber trabajado "unidos" para frenar el proyecto y se ha mostrado "indignada" tras escuchar las explicaciones de la consejera. "Ha dicho que se va a ceñir a lo que pone en la ley, y que la defensa del territorio lo va a tener que hacer la gente". A su juicio "este proyecto va a destruir más empleo del que crea" y la decisión de la Junta de archivar el proyecto por falta de documentación es "echarle un capote a la empresa, y lo saben; pero llegaremos a donde haya que llegar para pararlo".
El diputado del PSOE, Carlos Javier Labrador, ha defendido por por el contrario que "no hay razón para hablar de oscurantismo y ocultismo cuando ha quedado demostrado con hechos que ha sido la propia Junta quien ha dado a conocer el proyecto y es quien está facilitando a la ciudadanía la oportunidad de alegar". El diputado ha reconocido que "hay motivos suficientes para oponerse", aunque ha enfatizado que "hay que explicarle a la ciudadanía que, les gusten o no los proyectos, las administraciones tienen a obligación de tramitarlos. La Junta lo único que podía hacer era tramitarlo", ha insistido.
