La Junta de Extremadura abrirá en los próximos días una línea de ayudas para los transportistas, que podrán recibir entre 150 y 250 euros por vehículo para asegurar su sostenibilidad económica ante la subida del precio de los combustibles. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la convocatoria, que cuenta con un presupuesto total de 2,7 millones de euros y se activa a las puertas del nuevo paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte.
El portavoz del Ejecutivo, Juan Antonio González, ha explicado en rueda de prensa que las ayudas se concederán de forma directa a empresas y autónomos del transporte, tanto de mercancías como de viajeros. El objetivo es promover la "sostenibilidad económica" de un sector que se ha visto "muy afectado" por la subida del precio de la gasolina, a lo que hay que añadir otras dificultades como la caída de la demanda post pandemia en el caso del transporte de viajeros.
Según los cálculos de la Junta, la subida de los carburantes ha supuesto una afectación cercana al 30% de los costes de actividad, a lo que se suma el incremento de otras partidas como neumáticos o lubricantes. En la actualidad se aprecia una «importante dificultad» para que el coste de la partida energética pueda ser trasladado a los clientes vía precio de contrato y en este contexto, se opta por un sistema de concesión de ayudas directas mediante convocatoria abierta hasta agotar el crédito disponible.
La subida de los carburantes ha supuesto una afectación cercana al 30% de los costes de actividad, a lo que se suma el incremento de otras partidas como neumáticos o lubricantes
Las ayudas son de carácter excepcional: «a expensas de la evolución que pueda darse en la inflación de precios y, en particular, en el incremento del coste de los carburantes», se limitan a una única convocatoria en 2022. Se concederá una cuantía por cada vehículo que figure adscrito a cualquiera de las clases de autorización recogidas en la orden reguladora: mercancías discrecional pesadas y ligeras, viajeros, taxis y vehículos con conductor (VTC). En el caso de mercancías pesadas y autobuses de viajeros, se contempla además una cantidad fija por empresa, de 200 y 150 euros, respectivamente. La ayuda máxima no puede exceder de 200.000 euros por cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso del transporte de mercancías.
Según las previsiones de la Junta, de estos 2,7 millones de euros en ayudas se podrán beneficiar hasta 7.299 camiones (200 euros por empresa más 187,5 euros por vehículo); 2.356 autobuses con autorización de transporte público (150 euros por empresa más 142,5 euros por vehículo); 882 taxis, 194 VTC (150 euros en cada caso) y 1.042 vehículos de mercancías ligeras (250 euros por cada uno). En total, cerca de 12.000 vehículos y unas 3.700 empresas.
Nuevo paro indefinido
Esta nueva línea de ayudas fue anunciada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara el pasado mes de julio en el último debate sobre el estado de la región y se activan ahora, a las puertas de un nuevo paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. El próximo lunes 14 de noviembre, el colectivo comenzará a protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas.
La organización, que afirma representar al 80% de los transportistas de Extremadura, confía en que el paro será secundado también esta vez de forma masiva. Se quejan de que los operadores de carga siguen pagando igual que antes de que entrara en vigor la ley que impide trabajar a pérdidas. «Siguen pagando como lo hacían antes y no según lo que marca el observatorio de costes», ha señalado su presidente, Germán Martínez, que se queja de que esas operadoras «campan a sus anchas» y «lanzan amenazas y coacciones si algún transportista se niega a trabajar de ese modo».
Asemtraex respeta el derecho constitucional a la huelga, pero pide "el mismo respeto" para las empresas que decidan continuar con su actividad
La misma plataforma de transportistas ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y que causó problemas en las cadenas de suministro en parte del territorio nacional. Como se recordará, debido a los piquetes hubo varios detenidos e incluso la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que intervenir escoltando camiones para garantizar el transporte de gasolina, alimentos o pienso para ganado después de que se tiraran piedras o se actuara sobre vehículos en marcha causando incluso daños personales. Una situación que la Asociación de Empresarios del Transporte de Extremadura (Asemtraex) ha pedido ya que no se repita.
En un comunicado, Asemtraex, que engloba a 610 empresas y más de 4.000 vehículos, ha señalado este miércoles que "respeta" el derecho constitucional al paro patronal por parte de aquellos transportistas que consideren que es adecuado para sus intereses y el sector, pero exige "el mismo respeto para todas aquellas empresas que, en el ejercicio libre de su labor empresarial, quieran seguir realizando su actividad".
"Tan respetable es parar por convencimiento como continuar trabajando por convencimiento. Lo que es absolutamente inadmisible es la utilización de posturas de fuerza con piquetes coactivos, daños a vehículos e incluso a las personas para obligar a parar a aquellas empresas que no quieran hacerlo. La utilización de la violencia no legitima ni da valor a ninguna reivindicación al contrario", apunta Alonso Sánchez Álvarez, secretario general de Asemtraex, que pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una actuación "adecuada y proporcionada" para garantizar ambos derechos.
