Toda la oposición coincide: es “el abuso de la mayoría absoluta”. El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves solo con los votos del PSOE la nueva ley de medidas para la prestación útil de los servicios públicos, un texto "escoba" que viene a modificar casi medio centenar de normas y decretos autonómicos para agilizar trámites y mejorar la respuesta de la Administración. Superó el primer filtro parlamentario sin dificultad pero ahora el PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han coincidido al criticar en bloque los cambios de fondo introducidos por los socialistas: sus 40 enmiendas parciales modifican de forma sustancial más de la mitad del texto inicial y reforman leyes tan importantes como la del suelo o la de protección ambiental "sorteando todos los informes".
"No he visto en mi vida algo como esto, que el grupo que sustenta al gobierno presente más enmiendas que la oposición”, ha señalado al respecto el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón. A modo de ejemplo, ha explicado que si antes se modificaban 29 leyes autonómicas, tras la incorporación de las enmiendas socialistas serán un total de 40 incluyendo leyes y decretos, una "chapuza jurídica descomunal" para incluir cuestiones que no interesa que tengan publicidad.
Entre esos cambios introducidos “por la puerta de atrás” destaca el que hace referencia a la consideración de las minas de litio como proyectos de interés regional: el decreto que obliga a tratar en Extremadura el mineral extraído no contempla esta posibilidad, pero según Carrón ahora “alguien ha cambiado de opinión para que se acojan a estos beneficios y así no pasan por el trámite de información pública ni alegaciones”.
El PIR es el instrumento de intervención directa que tiene la Junta para asegurar la inmediata ejecución de los proyectos con una particular utilidad pública o interés social y según ha advertido ya Unidas por Extremadura, aplicarlo a las minas de litio en la práctica supone “un movimiento legislativo que no hace sino mermar la capacidad de decisión del Ayuntamiento de Cáceres sobre la mina de Valdeflorez”.
"Si el litio es un mineral estratégico y esperanzador para la lucha contra el cambio climático, ¿cómo no posibilitar que esos proyectos sean de interés empresarial?", ha justificado la diputada socialista Estrella Gordillo. Según se explica en el texto de la enmienda, para lograr la calificación de PIR estos proyectos deberán contar con una estrategia de responsabilidad social corporativa y establecer planes específicos de igualdad.
Polémica por el IBI sanitario
La exención del pago del IBI a los hospitales y centros sanitarios, que hará perder unos 2,5 millones de euros en ingresos a los ayuntamientos justificado en el carácter “educativo” de estos edificios o la autorización autonómica a las modificaciones urbanísticas en los terrenos rústicos no protegidos son otras de las cuestiones que han criticado los grupos de la oposición.
Respecto al IBI sanitario, Ciudadanos ha pedido compensaciones específicas y el diputado José María Casares ha supeditado a ello el voto final de su formación. Al igual que el PP, Casares ha criticado que el PSOE plantee una "ley Carrefour con ofertas del 2x1 en enmiendas", en algunos casos sin relación con el texto original. "Muchas improvisaciones, muchas prisas y falta de seguridad jurídica en todo lo que proponen. El abuso de la mayoría absoluta puede llevar a que descarrile parte del texto", ha advertido Casares, que por ejemplo en el caso de ley del suelo ha recordado que este mismo año se aprobó su nuevo reglamento.
El PP también ha llamado la atención sobre la modificación de la Ley de Protección Ambiental para autorizar instalaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, algo que "a lo mejor no gusta en Salvatierra de los Barros", y desde Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén ha alertado de que con la desaparición de la figura de los agentes de consumo “se cargan la inspección de consumo”. El portavoz de la formación morada se ha preguntado en la tribuna "qué votamos", pues a su juicio se trata de un proyecto de ley nuevo que modifica otras normas "sin fiscalización alguna". "Esto que han hecho es indefendible en la forma e injustificable en el fondo", ha señalado.
Al texto se han formulado un total de 102 enmiendas parciales, 40 de ellas por parte del PSOE, que ya fueron incorporadas al texto durante su tramitación en la Comisión de Presidencia y Administración Pública (incluida la que afecta a las minas de litio). Al debate al pleno han llegado vivas 53 enmiendas: siete de Unidas por Extremadura, 22 de Ciudadanos y 24 del PP. Se han aprobado solo dos, ambas de Ciudadanos y transaccionadas por el PSOE: una para sustituir las autorizaciones vigentes por declaraciones responsables en granjas y fábricas y otra para que las remuneraciones de los altos cargos que asuman funciones de dirección en empresas públicas no superen a las de los directores generales de la Junta. Finalmente, la ley ha salido adelante solo con los votos del PSOE.
Deducción de vivienda
Frente a las críticas de la oposición, la diputada socialista Estrella Gordillo ha defendido el derecho de su grupo parlamentario a presentar enmiendas para mejorar la ley y ha acusado a Hernández Carrón de "ignorancia y demagogia" respecto a los trámites consultivos que debe pasar el texto.
Asegura que el Consejo de Estado ha dado el visto bueno a la eliminación del IBI a los hospitales y ha valorado los cambios que se han introducido para luchar contra la despoblación a través de modificaciones urbanísticas y para favorecer a los ciudadanos con la reducción y eliminación de tasas, por lo que ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios al texto. "Están instalados en el no por el no", ha criticado Gordillo.
Entre las propuestas introducidas por las enmiendas socialistas, la diputada ha destacado el carácter retroactivo de la nueva deducción de hipoteca para jóvenes, que se aplicará desde el 1 de enero de 2022 y podrá incluirse en la próxima declaración de la renta, o que las entidades locales menores puedan acogerse a las medidas fiscales recogidas en la ley de reto demográfico: tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por el traspaso de viviendas e inmuebles dedicados a una actividad empresarial y la deducción por la adquisición (5%) y alquiler de vivienda (10%), también para menores de 35 años.
Además, a través de sus enmiendas el PSOE también suprime dos tasas que creaba precisamente esta nueva ley: una por acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias y otra por reconocimiento de interés sanitario. Y para la transmisión de empresas se reduce también la carga fiscal con la recuperación de la bonificación del 100% de la transmisión del negocio hasta familiares de tercer grado o empleados. Por último, se regula la gestión, resolución y el pago del bono social térmico, que se concederá de forma directa a los beneficiarios del bono social eléctrico.
