El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Mérida ha anulado las bases de la convocatoria de oposiciones del cuerpo de maestros para el turno de discapacidad. En las mismas se exigía que, para poder inscribirse en la prueba así como en las listas de espera ordinarias y supletorias, era necesario contar con un certificado de discapacidad «definitivo». Este requerimiento fue denunciado por el sindicato CCOO, que ha conseguido que el juzgado anule dicha convocatoria.
La agrupación sindical ya advirtió el pasado mes de febrero, cuando se publicaron las bases, de que se habían cambiado los requisitos y que este punto podía provocar situaciones de discriminación. Sin embargo la dirección general de Personal Docente no lo corrigió. «Suponía la exclusión de muchos aspirantes y la vulneración del principio de igualdad de trato», indican desde el sindicato, ya que lo habitual es que los certificados oficiales de grado de discapacidad tengan un carácter provisional y no definitivo. porque la discapacidad puede tener una evolución progresiva y sujeta a revisión. Por eso, nunca se había impuesto esa exigencia de «definitivo» en el certificado y ninguna otra comunidad autónoma lo exige, explica el sindicato.
El juzgado entiende que la minusvalía no puede ser definitiva, según la norma que rige para su reconocimiento
Tras analizar la normativa vigente para el reconocimiento del grado de minusvalía, el juzgado entiende que no debe ser atendido el requerimiento que la Junta de Extremadura hacía en este proceso selectivo, por tanto exige que figure como «no puesto» el punto en el que se pide que el grado de discapacidad debe ser definitivo.
En las listas se excluyó a 11 personas por esta circunstancia, pero el sindicato advierte de que puede haber muchos más afectados. «Muchos optaron por presentarse en otras comunidades, donde no se pedía un certificado definitivo, o decidieron presentarse por el turno libre, para evitar ser excluidos de la lista», explica Clara Gallardo, de CCOO. El perjuicio, en cualquier caso, «ha sido grande»: «Hay gente que podía haber obtenido plaza y no la tiene porque optó por no presentarse por el turno 2 (de discapacidad), otros que no superaron la prueba porque no les hicieron la adaptación que les pertenece y a otros se les excluyó de la reserva y están sin trabajar cuando y se les tenía que haber asignado vacante», añade Gallardo, que incide en que se trata de «un colectivo muy vulnerable, al que la legislación protege, pero que la consejería no ha tenido en cuenta».
El sindicato espera que la ejecución de la sentencia por parte de la Junta de Extremadura se haga lo «antes posible y se repare el perjuicio causado» a las personas afectadas, pero no sabe cuál puede ser el alcance. Este diario preguntó ayer por este asunto a la Consejería de Educación, para conocer cuál iba a ser el proceder tras la sentencia dictada, pero no recibió respuesta.
