«Tenemos que unir fuerzas para denunciar la injusticia que hemos sufrido». Son palabras de Mohamed Said, activista musulmán expulsado de Reus (Tarragona) este pasado fin de semana. Está acusado, igual que el líder islámico de Talayuela, Yahyia Benaouda, de radicalismo. A Mohamed Said se le montó en un avión la madrugada del pasado 18 de noviembre, junto a otro miembro de la comunidad islámica en Cataluña, Amarouch Azbir, después de que la Audiencia Nacional confirmara su expulsión basándose en informes de la Policía Nacional y del Cuerpo Nacional de Inteligencia. La operación llevada a cabo en estos dos casos es la misma que hace unas semanas se siguió con Benaouda. Por eso los tres comparten la misma reivindicación: insisten en su inocencia.

Conocedores de la situación, Mohamed Said se ha puesto en contacto con Benaouda con el objetivo de centralizar el camino a seguir, como acciones legales para denunciar la «vulneración de derechos» que, a juicio de estos líderes, han sufrido. «De lo que le acusan a ellos es como una fotocopia de lo que me acusan a mí, dan las mismas razones», explica Yahyia Benaouda en conversación telefónica con este diario desde Oujda (Marruecos), ciudad en la que se ha instalado desde que se le expulsó del territorio nacional. Era la primera vez que tenían contacto entre sí. Les ayudará también un grupo de apoyo creado para defender a los líderes islámicos de Cataluña, que va a llevar a cabo concentraciones en varias ciudades para pedir la liberación de sus compatriotas. «La situación en la que están todos es muy similar. Hemos detectado que las acusaciones son muy parecidas, al final bajo el concepto de seguridad nacional cabe todo», explica Mustapha Aoullad Sellam, miembro del colectivo. Ahora se coordinarán con los abogados de los expulsados para intentar acordar las acciones a emprender.

En el caso del líder de Reus, además, le han mostrado su apoyo tanto el ayuntamiento de esta localidad como la Generalitat de Cataluña, que ha denunciado lo ocurrido a la Comisión Europea. Antes de ser expulsado, Mohamed Said estuvo 30 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros, hasta que la Audiencia Nacional confirmó la orden dictada por el Ministerio de Interior. «La ley de extranjería es racista e islamófoba, permite llevar a cabo estos procedimientos sin haber demostrado nada», insiste Mustapha Aoullad Sellam.

Parada del coronavirus

La deportación de los dos líderes catalanes se ha ejecutado en cuestión de meses y es consecuencia, según indican desde este grupo de apoyo, del recurso que presentaron tras serles denegada la nacionalidad española (Said lleva 30 años viviendo en España). Pidieron que se les justificara la resolución y fue justo después cuando se les comunicó la orden de deportación. «Tenemos casos de musulmanes a los que se les ha denegado la nacionalidad que no han recurrido y que siguen viviendo en Cataluña sin problema, pero ellos habían ejercido su derecho como ciudadanos a que el Estado demuestre esas acusaciones», señala Mustapha Aoullad Sellam. 

La expulsión de Yahyia Benaouda tardó más, casi tres años, pero debió a que las deportaciones se paralizaron durante la pandemia, al estar cerradas las fronteras. «Lo que no entendemos es por qué han activado la orden ahora, coincidiendo con la de los de Cataluña, cuando podían haberla hecho efectiva mucho antes porque las fronteras llevan abiertas ya mucho tiempo», añade este miembro del grupo de apoyo a los líderes musulmanes.

En el caso del de Talayuela, la Audiencia Nacional le considera el «máximo exponente en lo que se refiere a la difusión del salafismo en la comunidad musulmana de la comarca del Campo Arañuelo», así como «uno de los líderes más influyentes en la misma, caracterizado por su perfil y discurso radical». Era «promotor --prosigue el tribunal-- de doctrinas radicales, de la no integración de los musulmanes en la sociedad de acogida, del rechazo a los valores democráticos occidentales, de la defensa de la aplicación de la sharía en lugar del ordenamiento legal español y de la discriminación y segregación social de la mujer».

Él sigue insistiendo en que «no hay pruebas» que justifiquen esas acusaciones. Y ya lo ha recurrido al Tribunal Supremo. «Me acusan de tres cosas, una de ellas es de traer a Talayuela a un imán de Egipto, pero yo no lo contraté, lo contrató el anterior líder de la comunidad porque llegó en 2011 y yo no era entonces presidente», explica. Este imán, que ahora ejerce en Madrid, también está perseguido por radicalización. Además, afirma, le consideran el promotor de la visita de un grupo de Arabia Saudí, que acudió a la mezquita de Talayuela. «Estuvieron en toda la zona de Extremadura y cuando vinieron le aportamos toda su documentación a la policía», recuerda. Y, por último, señala, le acusan de mantener a su familia encerrada, en especial a su mujer. «Mi familia vive en libertad, mis hijas están estudiando y mi mujer es libre», insiste.

Esta semana mantendrá una reunión telemática con el resto de los líderes musulmanes expulsados para compartir la documentación e intentar, por todos los medios, volver a España, donde continúan su mujer y sus cinco hijos.