La primera declaración de la víctima, prueba para el juicio

Entre estas actualizaciones, destaca el hecho de que la primera toma de declaración de la víctima pueda ser considerada como prueba preconstituida o, lo que es lo mismo, que no tenga que repetir de nuevo ese testimonio a lo largo del proceso que se abre a partir de ese momento: «Que esa toma de declaración, que se haga por los medios tecnológicos adecuados, y que pueda llegarse a una preconstitución de prueba, observando el principio de contradicción y, por lo tanto, evitando que la víctima vuelva a tener que declarar en sucesivas fases procesales y, con esa primera declaración, evitar la revictimización que, sin duda alguna, se produce con las sucesivas declaraciones», detallaba Tena. Esta declaración se tomaría en el propio lugar de residencia de la víctima, bien desde el puesto de la Guardia Civil de su localidad, o bien desde su propio domicilio, si tuviese alguna circunstancia especial como puede ser una discapacidad o hijos menores de muy corta edad a su cargo. 

Además, se debe hacer con «los medios tecnológicos adecuados» para que sirva como prueba preconstituida, es decir, para que sirva de cara al futuro juicio.

Fuentes del TSJEx señalan que este procedimiento ya se empezó a aplicar desde finales del mes pasado. Precisamente ha sido en octubre cuando se ha producido la última modificación de la ley de enjuiciamiento criminal por la ley orgánica 10/2022 que lleva en vigor mes y medio, que tiene incidencia en esa toma de declaraciones y que llevó al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a publicar una guía de buenas prácticas en la que se basan estas pautas adoptadas por el TSJEx. Las mismas se incluyen dentro del Estatuto de la Víctima, vigente desde el año 2015. «Antes la víctima tenía que declarar ante la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción, el médico forense y, por último, en el juicio y ahora, siempre que sea posible, se quieren evitar todos estos pasos y que solo se necesite una primera declaración», desgranan estas fuentes del Alto Tribunal extremeño.

Otros avances

Además de las mejoras para la toma de declaración de la víctima, se prohíbe la publicidad y la publicación de cualquier dato que pueda llevar a la identidad de la víctima y su familia y también se refuerza el control en la ejecución de la sentencia, en puntos básicos como la reinserción del condenado o el abono de su responsabilidad civil, así como en el cumplimiento de las medidas de seguridad interpuestas para proteger a la víctima.

La consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, valoró estas pautas como una forma de «ponerle alma a los procedimientos de justicia» y reconoció que los más de 1.700 casos activos de violencia de género en la región «son unas cifras que nos interpelan cada día para mejorar nuestro trabajo». «Proteger a la víctima, que no se encuentre con el agresor, el adecuar los espacios en juzgados pequeños, en un territorio muy rural como el nuestro, con las dificultades que eso implica, esa es la perspectiva de género en la justicia», apuntó.

En cifras

Los juzgados extremeños tramitaron 1.585 denuncias por violencia machista en los seis primeros meses de este año, lo que supone un repunte del 26% respecto al mismo periodo de 2021, según los datos del mismo Observatorio del CGPJ que lanzó las nuevas recomendaciones. 

En la región han sido 13 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003. La última fue Imane, el pasado 1 de noviembre, a quien su marido asestó varias puñaladas. Contra él constaba una denuncia por violencia de género que la propia víctima interpuso y retiró después.