Ya sea desarrollando trabajos de agricultura de precisión en los campos, inspeccionando infraestructuras y construcciones, o proporcionando seguridad frente a los robos. El abanico de aplicaciones que se dan a los drones, unos dispositivos que nacieron fundamentalmente vinculados a la industria militar, es cada vez más amplio y con ellas aumenta de igual forma la frecuencia con la que estos aparatos pueden verse en los cielos extremeños, empleados muchas veces también con un fin únicamente recreativo.
Algo que confirman tanto los datos de demanda de vuelos que maneja Enaire, el gestor nacional de navegación aérea, como la evolución de inscritos en el registro de operadores autorizados que recopila la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Así, de acuerdo a las cifras facilitadas por Enaire, entre 2018 y 2022 los vuelos de drones se han multiplicado por 10 en Extremadura. Desde las 17 operaciones con estos dispositivos de las que se tiene constancia en el primero de esos ejercicios (15 en la provincia de Badajoz y 2 en la de Cáceres) se ha pasado a las 173 gestionadas hasta el 15 de noviembre del presente año (con 87 y 60, respectivamente). En todo 2021 fueron aproximadamente la mitad.
En cualquier caso, fuentes de esta entidad pública empresarial, que es la encargada de la gestión de la navegación aérea en España, precisan que el espacio aéreo extremeño es «bastante singular» en comparación al de otras comunidades autónomas, lo que condiciona estos datos. Un rasgo que apunta a que el uso tanto profesional como recreativo de drones que se hace en Extremadura es «con toda seguridad mucho mayor a la suma de los datos que poseen Enaire y la Base Aérea de Talavera la Real», instalación que controla también una porción significativa de los cielos de la región, se indica.
Esta particularidad la origina el hecho de que el espacio aéreo extremeño es su mayor parte ‘no controlado’, lo que significa que en él no se presta un servicio de control aéreo (el que se ofrece desde una torre de control en un aeropuerto o un centro de control de Enaire). Estos servicios están asociados a la protección de las operaciones de despegue y aterrizaje de los aeropuertos de interés público, como son los de la red de AENA.
En estas zonas se continúa aplicando el Reglamento de circulación aérea, que dicta las normas de separación y seguridad que deben respetar los diferentes usuarios del espacio aéreo, incluido el sector de las aeronaves no tripuladas. Sin embargo, en las áreas no controladas los drones, ya se empleen con un uso profesional privado, recreativo o como herramienta de trabajo de algún organismo público (como los cuerpos policiales o de emergencias) pueden volar sin necesidad de solicitar permiso a las entidades encargadas del control aéreo como Enaire. Al menos, siempre que se haga sin perder de vista el dron por parte del piloto y respetando una altura máxima de vuelo de 120 metros (esta es la modalidad de vuelo que se conoce como VLOS --visual line of sight--).
«La singularidad del espacio aéreo extremeño hace que, a día de hoy, sea difícil comparar el sector del dron respecto a otras comunidades autónomas»
Los operadores de drones que sí deberán solicitar en todo caso una coordinación son los que quieran volar más allá del alcance visual del piloto (BVLOS, beyond the visual line of sight) o superando el citado límite de altitud, como sucede en algunas especialidades de competición de aeromodelismo, a las que aplica la normativa de drones.
No obstante, los pilotos de drones deben coordinarse en algunos supuestos con otros entes públicos o particulares, como pueden ser los dueños de aeródromos privados, la Junta de Extremadura en el caso de zonas medioambientalmente protegidas, la Policía Nacional o el Centro Cartográfico del Ejército del Aire.
Aparte de esto, la Base Aérea del Ejército del Aire de Talavera la Real, abierta al tráfico aéreo comercial, coordina la utilización profesional de drones que se produce en el espacio aéreo controlado por ella con el fin de proteger los vuelos tripulados con origen y destino en este aeropuerto.
«La singularidad del espacio aéreo extremeño hace que, a día de hoy, sea difícil comparar el sector del dron respecto a otras comunidades autónomas, pero viendo los valores de crecimiento interanual, se puede afirmar que sigue la media de gran incremento de uso de esta herramienta en toda España, que se ha acelerado especialmente desde el inicio de la pandemia», sostiene Rafael Pecos, jefe de Coordinación Operativa de Espacio Aéreo de Enaire.
Por lo que respecta al numero de los operadores registrados, la evolución también ha sido más que llamativa. Entre 2021 y 2022, el incremento contabilizado de ellos en la región por AESA ha sido de nada menos que el 60,4%, avanzando de 1.073 a 1.721, de los que 962 corresponden a la provincia de Badajoz y los otros 759 a la de Cáceres. Si se echa un poco más la vista atrás, la progresión es mucho mayor. En 2020 eran 348; 104 en 2019; y solo 83 hace menos de cuatro años, en 2018.
No obstante, como matizan desde este organismo público, los datos de los dos últimos años no son comparables con los anteriores, ya que están referidos a dos normativas distintas. Así, a partir de enero de 2021 comenzó a estar vigente la legislación europea que modifica sustancialmente los requisitos para aeronaves no tripuladas y su operación respecto a la actual normativa nacional. Entre otras cosas, obliga al registro de todos los drones independientemente del uso que se les vaya a dar cuando pesen más de 250 gramos o incorporen una cámara.
Por contra, en 2018, 2019 y 2020 se aplicaba al registro la normativa nacional por la que únicamente se requería el registro de los profesionales.
«El dron es una herramienta; lo que aporta valor es qué hacemos con él»
«El dron es una herramienta que se aprende a utilizar, pero lo que realmente aporta valor es qué hacemos con él», asevera José Quesada, CEO de Solardrone. Y en el caso de esta empresa con sede en Trujillo, lo que hace es inspeccionar desde el cielo el funcionamiento de plantas fotovoltaicas para poder decirle a sus gestores «dónde se está perdiendo energía», optimizando así el rendimiento de estas instalaciones renovables.
Gracias a los drones, revisar una central de trescientas hectáreas de superficie puede hacerse en apenas tres días. Durante ese tiempo, un piloto vuela la aeronave sobre las placas recogiendo datos del espectro infrarrojo y del visible. La información se procesa y con ella se redacta un informe completo que en unos pocos días la empresa estará en condiciones de facilitar a su cliente. Un trabajo que sin contar con la ayuda de estos aparatos se prolongaría durante «meses», asegura.
Todo este proceso lo realizan además, con un software de desarrollo propio. «Nosotros somos una empresa de software más que de drones», incide este ingeniero aeronáutico.
Solardrone supervisa actualmente «varios cientos» de plantas en toda España, lo que convierte a esta firma, que fue pionera en su campo de actividad, en uno de los referentes nacionales del sector. Además, están preparando también su salto a la internacionalización.
«Aprender a manejarlo es fácil»
Jerónimo García Marcelo, gerente de Aereodron, fue «de los primeros» operadores en inscribirse en el registro nacional y el suyo también estuvo entre los centros pioneros en España a la hora de impartir cursos para el manejo de drones, algo que en un principio estaba reservado solo a las escuelas de aviación. Cada año esta escuela, con sede en Badajoz pero que trabaja en todo el territorio nacional, forma a entre 70 y 90 pilotos, ya sean particulares, empresas o empleados públicos, incluidos entre estos últimos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La demanda de cursos «ha aumentado mucho», señala García, entre otras cuestiones porque la formación «se ha abaratado. Antes costaba mil euros y ahora son 550 o 600». Importe al que hay que sumar posteriormente los «entre 1.500 y 2.000 euros» que requiere contar con la documentación necesaria para poder operar (que esta empresa también se encarga de elaborar) y, por supuesto, el importe del dron. Un dispositivo «más o menos profesional» cuesta «unos mil euros como mínimo». Y a partir de ahí, dependiendo del modelo que sea y de las actividades que se vayan a hacer, el precio puede escalar «hasta los 80.000».
Aprender el manejo de estas aeronaves, afirma, es «fácil», «tienen muchas ayudas electrónicas». También considera que «no son peligrosas en absoluto» siempre que no caigan «en manos inexpertas» y que sean operadas con «responsabilidad», algo que, lamenta eso sí, a menudo no sucede cuando se utilizan con un fin recreativo.
Considera que el número de operadores profesionales que realmente están en activo en la región es mucho más reducido de lo que muestran las cifras del registro. «Por tener un dron y los papeles, no vas a tener garantizado un empleo», subraya en este sentido.
Aparte de los relacionados con la formación y la documentación, entre los servicios que presta Aereodron están también la realización de mapas topográficos y mediciones, las inspecciones de instalaciones industriales y plantas solares, o los vinculados con la agricultura de precisión.
¿Qué es un operador?
Los operadores son personas físicas o jurídicas que «usan o tienen pensado usar UAS» (acrónimo en inglés de ‘Unmanned Aircraft Systems’ --Sistemas de Aeronaves No Tripuladas-, concepto que incluye aeronave y la estación de control), aclaran desde AESA.Es obligatoria la inscripción de todos los dispositivos de más de 250 gramos o con cámara. Nueve de cada diez registros lo son en categoría abierta, y de esos la mayoría son personas físicas (operadores unipersonales, autónomos con algún trabajador o una persona con sus hijos, por ejemplo), mientras que el 10% restante opera en categoría específica, que implica más riesgos y responsabilidades. Aunque no en todos los casos, estos últimos suelen ser usuarios profesionales.