REPERCUSIÓN de la nueva norma EN EXTREMADURA

Todas las sentencias por malversación se revisarán

Son una quincena en Extremadura desde 2015, según el registro del Ministerio de Justicia. También rebajará las posibles condenas de casos en curso, como el de Alberto Casero

Palacio de la Audiencia en Cáceres.

Palacio de la Audiencia en Cáceres. / EL PERIÓDICO

Marian Rosado Gallardo

Marian Rosado Gallardo

De doce años a seis de pena máxima. La reforma del delito de malversación que el Gobierno central espera que el Senado ratifique hoy supone una nueva horquilla en las condenas y también, como clave, una distinción entre la apropiación propia e impropia de los bienes públicos malversados. En la región, según datos que el Ministerio de Justicia ha facilitado a este periódico, son quince los condenados por este delito desde 2015. «Una vez que se promulgue va a suponer la revisión de todas las sentencias en firme, pues las normas penales tienen efectos retroactivos si son favorables para los condenados», explica el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero. «Esto no quiere decir que se modifiquen todas las penas, sino que por imperativo legal se obliga a un proceso de revisión de las mismas, de ahí hay que ir viendo caso por caso por si procediese o no», añade.

Pero, tal y como está ocurriendo con la rebaja de condenas con la Ley del ‘solo sí es sí’, todo indica que la nueva norma provocará disminuciones en las penas: «Ya se están poniendo de relieve casos, que no hace falta que mencione, en los que va a ser imperativo. No es algo que nos inventemos jueces y fiscales, es algo casi automático, el nuevo código penal tiene que acomodarse a la nueva ley. Por ejemplo, si a alguien se le impuso la pena mínima con la ley actual, se le debe aplicar la que se apruebe», argumenta Montero.

Tal y como resume el fiscal, si hoy la pena máxima es de doce años de prisión por malversación de más de 250.000 euros, la nueva ley rebaja a seis el tope y hace lo que Montero define como un «cambio de calado»: «En la actual ley de 2015 no se distingue entre la malversación cuando es para apropiación propia, es decir, que esos bienes pasan al patrimonio de la persona, e impropia, que es cuando el dinero se destina a otros fines», subraya.

En la reforma que se plantea se vuelve al Código Penal de 2015, que a su vez reformó el código franquista de 1973, en el que sí se hacía esa diferencia sobre a dónde se destinaban los fondos malversados. En cuanto a las penas, si con la ley actual la horquilla va de uno a doce años de prisión en función de la cantidad, ahora las condenas que se plantean son de dos a seis años por malversación propia y de uno a cuatro años por la impropia, variando según la cuantía malversada y otros supuestos que se puedan aplicar en cada caso concreto. 

«Lo que nosotros tenemos que ver es la cuantía, el tipo de malversación y la pena aplicable según el caso. Se respeta la división de poderes y se aplica la ley en base a la norma más favorable, como dicta el Código Penal. Por regla general las condenas no se agravan», insiste Montero. 

El fiscal incide en que además de la revisión obligatoria «de oficio» que se llevará a cabo una vez promulgada la norma, las partes podrán solicitarla.

Francisco Javier Martos

Francisco Javier Montero. / JORGE REY

«En la actual ley de 2015 no se distingue cuando la malversación de los fondos es propia o impropia»

Francisco Javier Martos

— Fiscal Superior de Extremadura

Casos extremeños

En Extremadura, según la estadística que consta en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, de los quince condenados por malversación desde 2015, cinco fueron sentenciados en ese año, uno en 2016, tres en 2017, dos en 2018, dos en 2020, uno en 2021 y otro en 2022.

Algunos de estos casos son reconocibles a primera vista, como por ejemplo los de 2017, que aluden a los tres exdirectivos de Feval condenados a ocho años, tres meses y un día de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. En concreto, el juez les condenó a cinco años, tres meses y un día de prisión a cada uno de ellos por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

A cuatro años de prisión por malversación de fondos condenó la Audiencia de Badajoz en 2021 al exgerente del Festival de Mérida, Pedro Salguero, además de otros doce de inhabilitación y una multa de más de 200.000 euros. El tribunal corroboró que no había una contabilidad «en forma», que adjudicó contratos a dedo y que dispuso de «múltiples cantidades» en cheques, efectivo o tarjetas para gastos personales.

En mayo de este año ingresó en prisión el exalcalde de Navalvillar de Pela, Manuel Sánchez Custodio, condenado en firme por el Tribunal Supremo a cinco años y tres meses de cárcel por malversación y prevaricación y a la devolución de 62.000 euros al consistorio peleño. El Alto Tribunal consideró probado que el primer edil percibió indebidamente una retribución del Ayuntamiento que era incompatible con su pensión de jubilación como empleado de Correos, y que cobró dietas por asistir a actos en los que no estuvo presente.

El exalcalde de Trujillo

La reforma, como es evidente, no solo supondrá la revisión de casos ya sentenciados, sino que beneficiará a investigados en curso, como es el caso del exalcalde de Trujillo, Alberto Casero

Si el político popular se enfrenta a día de hoy a una condena por malversación de entre cuatro y ocho años de prisión, con la nueva reforma la tipificación de su delito podría bajar a entre seis meses y tres años.

Si no hay novedades, tal y como recoge Efe, el Senado culminará hoy la polémica reforma del delito de malversación y la eliminación del de sedición. Lo hará sin incluir la modificación de las leyes del Poder Judicial y del Constitucional --suspendida por este tribunal-- y sin saber si la exclusión de ambas disposiciones obliga a remitir la norma al Congreso para su aprobación definitiva. Este choque entre poderes del Estado por este asunto ha dejado en un aparente segundo plano una reforma del Código Penal también controvertida y criticada tanto por la oposición como por algunos barones del PSOE al juzgar que la reforma de la malversación y la derogación de la sedición se ha hecho «a la medida» para beneficiar a los condenados por el ‘procés’ en Cataluña.

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