Revés "esperado" para la Junta de Extremadura. El Ministerio de Política Territorial ha convocado la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma para iniciar negociaciones por discrepancias con el decreto ley que blinda el litio, la norma que obliga a tratar en Extremadura el mineral extraído aquí.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el anuncio este viernes. A partir de ahora ambas administraciones deberán crear un grupo de trabajo para iniciar un periodo de negociación de seis meses y si no se llega a un acuerdo, el Estado recurrirá el decreto al Tribunal Constitucional al entender que se invaden sus competencias.
"Aprobamos la ley absolutamente convencidos de que esto iba a pasar, pero también estamos absolutamente convencidos de que tenemos la razón", dice al respecto Guillermo Fernández Vara
"Aprobamos la ley absolutamente convencidos de que esto iba a pasar, pero también estamos absolutamente convencidos de que tenemos la razón. Es un procedimiento habitual y la mayor parte de las veces nos ponemos de acuerdo. Que no, discutiremos. Nuestra competencia nos la da el Estatuto de Autonomía, que es una ley aprobada por el Congreso de los Diputados", ha afirmado al respecto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
El decreto que blinda el litio fue la medida estrella del último debate sobre el estado de la región, donde los grupos de la oposición ya advirtieron de que a todas luces, se trataba de una medida inconstitucional. La nueva norma vincula cualquier concesión de explotación minera de litio en la región a que el tratamiento y beneficio industrial se realice en Extremadura, al declararse su aprovechamiento de interés general.
Una decisión que afectará de lleno a la mina de litio de Cáceres. Y algo más importante: aseguraría el abastecimiento a la gigafactoría que Envision y Acciona van a construir en Navalmoral de la Mata y a todos los proyectos que decidan asentarse en la región, que posee varios yacimientos importantes de litio. Un dato: solo en la provincia de Cáceres, la Junta tiene concedidas siete autorizaciones a diferentes empresas para realizar prospecciones de litio.
Contra el derecho internacional y la UE
Expertos de la Universidad de Extremadura (Uex) como Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo, Económico y de la Competencia, ya advirtió en declaraciones a este medio que la protección del litio que pretende la Junta de Extremadura choca no solo con la ley nacional de minas, sino también con el derecho internacional y los principios fundacionales de la propia Unión Europea, porque vulnera la unidad de mercado y la libre circulación de mercancías.
"Es como si a los puertos españoles llega un barco y la industria conservera tuviera la obligatoriedad de manufacturar esos productos (caballa, anchoa...) en la misma comunidad autónoma. No tiene sentido, me chirría bastante", decía Brufao días después de anunciarse la medida. «Evidentemente, la Junta de Extremadura tiene competencias en materia de autorización industrial, pero no puede romper el principio de unidad de mercado y libre competencia. No depende de ella porque es una normativa internacional y europea, que tienen primacía sobre cualquier tipo de ley nacional, autonómica o local», advertía.
Al respecto, Fernández Vara ha señalado este viernes en una rueda de prensa convocada para hacer balance del año que "esperaba" esta decisión del Gobierno, pero se reitera en su decisión y se muestra dispuesto a llegar al Constitucional si en la negociación previa que se inicia ahora con el Gobierno central no hay acuerdo.
El Ejecutivo autonómico entiende que la competencia para legislar sobre este asunto es suya, toda vez que la ley nacional de minas es "del año de la polca" (1973), anterior a la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, que en su artículo 9 indica que "el desarrollo económico y social de la comunidad dentro de los objetivos de la política económica nacional es competencia exclusiva de la Junta de Extremadura".
"¿Que el gobierno no está de acuerdo? Ya discutiremos donde hay que discutir, donde se resuelven estas cosas?", ha señalado. Según el presidente, si no es sido así, en Extremadura nunca se habría hecho nada: no se habría puesto en marcha el impuesto bancario o la ecotasa, "porque nos decían en Madrid que no teníamos competencia para eso". "Lo hicimos y el Constitucional nos dio la razón. Con esto igual, estamos convencidos", ha reiterado.
