Apag denuncia «20 años de sanciones en el campo» con una norma ZEPA «inexistente»

Apag Extremadura Asaja denunció este martes que si se aprueba la propuesta de ley del PSOE para legalizar 55 zonas ZEPA se evidenciaría que durante más de 20 años se habría sancionado a agricultores y ganaderos en base a una normativa «inexistente» y, en ese caso, el Ejecutivo regional debería devolver el dinero de las multas. Es un «verdadero escándalo nacional», indicó el presidente de la organización, Juan Metidieri, en una rueda de prensa.

Asimismo, explicó que en la documentación adjunta a la propuesta de ley se hace referencia a que «las zonas que se suponía se habían declarado zonas ZEPA, nunca habían llegado en realidad a ser declaradas como tales».

Esto es, «que con un marco normativo ficticio se habría limitado la labor e incluso sancionado a agricultores y ganaderos por el uso de sus tierras.

El presidente de Apag recordó que en Extremadura las 71 «supuestas» zonas ZEPAS (Zona Especial de Protección de Aves) y los 89 Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) abarcan un 30% del territorio de la región, por lo que los daños son «prácticamente incalculables y difícilmente asumibles por la Junta de Extremadura».

«Esto es completamente inmoral e indecente; se ha procedido a sancionar con una normativa que no existía», insistió Metidieri.

De ahí que haya augurado que, «si todo esto se aprueba, todo el mundo va a buscar sus derechos y tratarán de recurrir todo por lo que fueron sancionados».

«Se van a exigir responsabilidades de oficio y alguien tendrá que responder económica y subsidiariamente», subrayó.

También apeló a la necesidad de «una explicación muy seria» por parte de la Junta para aclarar el marco legal que ha habido durante estas dos décadas, con el fin de que los juristas puedan proceder a hacer su trabajo.

A juicio de Apag, no es de recibo que la propuesta de ley se haya presentado por la vía de urgencia para evitar la entrega de informes y «cuando el grupo parlamentario socialista cuenta con mayoría absoluta».

La propuesta de ley supondría también la legalización del complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, incluido en una zona ZEPA.

En este sentido, Metidieri «tiene claro que derrumbarlo no es la solución» y aseguró que el coste de hacerlo supondría un perjuicio mayor que mantenerlo.