Solo cinco propietarios participarán finalmente en el programa piloto de alquiler social ‘Rehabilita’, con el que la Junta de Extremadura pretende adecuar las casas deshabitadas de los cascos urbanos para ofrecerlas en alquiler social en pequeños municipios con pérdida de población pero también demanda de vivienda.

La iniciativa se presentó en julio de 2021, pero no fue hasta ayer que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el listado definitivo con los propietarios que se han adherido al programa: seis solicitantes, que se quedan finalmente en cinco porque uno de ellos ha sido excluido al estar la vivienda hipotecada. 

Este programa pretende ser un complemento a todas las iniciativas de rehabilitación de vivienda impulsadas por el Gobierno de España y las instituciones europeas. Según explicó la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, su filosofía se basa «en un modelo distinto», pues «tenemos un problema de viviendas vacías en los conjuntos urbanos, en los núcleos de población, mientras la gente sigue demandando poder hacer nuevas viviendas y expandir el municipio a sitios en los que muchas veces la prestación del servicio dificulta mucho la gestión de los ayuntamientos».

Los participantes son la Fundación Hospital y Casa de la Misericordia de Olivenza, el Ayuntamiento de Alconchel y tres particulares

Al tratarse de un programa piloto, se escogieron seis localidades (Olivenza, Madroñera, Garrovillas de Alconétar, Alconchel, Casar de Cáceres y Guareña) en las que, con diferente intensidad, se comparten los mismos fenómenos: entre un 20% y un 42% de vivienda deshabitada, casi la mitad de este parque con necesidades de reforma, y entre un 3% y un 10% de población que reclama que se les pueda prestar alguna respuesta en materia de vivienda para no tener que abandonar el municipio.

Los propietarios de estas casas deshabitadas tenían la opción de ceder el usufructo a la empresa pública Urvipexsa, que se encargará de acometer las reformas necesarias con criterios de eficiencia y de accesibilidad, y después ponerlas a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler accesible. Se habló de una cuota entre los 200 o 300 euros mensuales, en función del tamaño del municipio, pero siempre por debajo del precio del mercado.

Dos convocatorias

A cambio de hacer estas intervenciones, Urvipexsa explotará las viviendas durante el tiempo que se pacte de cesión de usufructo, al igual que pagará los impuestos correspondientes, tramitará las subvenciones para rehabilitación, eficiencia o accesibilidad, y se encargará de los seguros, de la conservación y del mantenimiento de estas casas o pisos. 

Para captar las viviendas y que todos los propietarios que quisieran pudieran participar, se lanzó una primera convocatoria a finales de agosto de 2021 de la que salieron preseleccionadas ocho actuaciones, pero finalmente solo una ha permitido la constitución del derecho del usufructo. Al disponer de crédito suficiente, en octubre de 2022 se abrió una segunda convocatoria, con más éxito que la primera, pero aún sin llegar a cumplir las expectativas iniciales del Ejecutivo, que había reservado un presupuesto de 635.851 euros para el programa. 

Finalmente, según la lista publicada ayer en el DOE, serán cinco participantes: la Fundación Hospital y Casa de la Misericordia de Olivenza, el Ayuntamiento de Alconchel y tres particulares de Guareña, Garrovillas de Alconétar y Casar de Cáceres. Madroñera queda finalmente fuera del programa, al no haberse ofrecido ninguna vivienda disponible. 

Según explica la Consejería de Vivienda, el siguiente paso será realizar los estudios de viabilidad de los inmuebles con los propietarios (algunos disponen de más de uno) para ver los que finalmente cumplen los requisitos de cara a la cesión del usufructo, por lo que aún no se conoce el número total de viviendas con que se contará. Tras esto, habrá que elaborar el documento técnico con la actuación a desarrollar en cada uno de ellos. De aprobarse, se procedería a licitar las obras de reforma, cuya inversión se estima en 352.000 euros (el 55% del presupuesto total disponible). 

Sobre el proyecto a futuro, la posibilidad de lanzar nuevas convocatorias o extenderlo a otros municipios, fuentes de la Consejería de Vivienda señalan que «una vez que se completen estas actuaciones se decidirá sobre la forma de desarrollarlo, con esta u otra metodología». Siempre entendiendo que «sigue siendo necesario intervenir sobre el parque inmobiliario en desuso, como recoge en el plan autonómico de vivienda».